La opinión de la Comisión de Medio Ambiente sobre la reforma energética

Mucho se ha escrito sobre la conveniencia o no de la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a asumir su obligación de velar de manera prioritaria, como órgano especializado de la Cámara de Diputados, por el impacto que las políticas públicas tendrán sobre el medio ambiente.

A esa comisión le compete emitir una opinión técnica sobre la iniciativa de reforma constitucional, enfocándose en los aspectos que están relacionados con la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

En este sentido, se advierte en el dictamen de dicha comisión “que la iniciativa incide en dos vertientes principales: 1. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y, en consecuencia, la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano, y 2. Los efectos sobre la transición energética, que es necesaria para enfrentar la crisis climática global”.

Con base en un balance general de los vagos argumentos expuestos en las consideraciones del dictamen, la comisión considera que la iniciativa es favorable en términos ambientales, en virtud de que: 

• Impulsará la seguridad energética. 

• Elevará la transición energética a rango constitucional. 

• Contribuirá a asegurar la disponibilidad nacional del litio y otros minerales estratégicos necesarios para llevar a cabo la transición energética.

• Permitirá ajustar la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional, con base en la demanda real.

• Impulsará un orden de despacho que garantice la confiabilidad del sistema y permitirá la utilización de las centrales de energía limpia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a su máxima capacidad. 

• Eliminará las subastas de largo plazo y los Certificados de Energías Limpias, figuras que a su juicio han resultado insostenibles para la CFE. 

• La transición energética soberana plasmada en la iniciativa es congruente con el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y reitera la necesidad de reconfigurar el balance comercial energético de México.

La comisión ambiental llega a esas conclusiones rehusando cumplir con su mandato de analizar el grave impacto que la reforma energética tendrá para el medio ambiente. Se sostiene lo anterior por las siguientes razones:

• A lo largo de toda su exposición, el dictamen es más un documento de apoyo de la reforma que la opinión técnica de un órgano independiente que debe salvaguardar el medio ambiente. Grave error del papel de esta comisión.
• Del estudio del dictamen de la comisión se desprende su parcialidad y falta de interés por el medio ambiente, ya que i) expone datos falsos al señalar por ejemplo que las energías renovables contaminan un 56% el ambiente comparado con la CFE en emisiones de carbono, ii) soslaya que la única manera en que CFE puede aumentar su capacidad para abastecer electricidad es con combustibles fósiles, debido a la falta histórica de inversión de dicha empresa, y iii) justifica sin ninguna motivación técnica, que la titularidad de la transición energética debe corresponder en exclusiva a la CFE, cuando, de acuerdo al artículo 25 constitucional en el desarrollo del país deben colaborar junto con el sector público, los sectores privado y social.
• De las conclusiones a las que llega, al menos tres no están relacionadas con el medio ambiente, lo que lleva a concluir que es un documento más político que técnico, lo que no debería suceder tratándose de una comisión especializada en el análisis legislativo en materia de medio ambiente y recursos naturales.
• Es inexplicable que no se mencione porqué el cambio de despacho, la eliminación del mercado eléctrico mayorista y de los certificados de energías limpias atentan contra el medio ambiente, no hay una sola demostración de tales extremos.

Un apunte relevante que es importante destacar es que la transición energética debería seguir normándose en ordenamientos secundarios y no situarse en nuestra Carta magna tratándose de una situación de duración temporal en vez de plasmarse en la constitución, donde deben mantenerse los alcances finales y permanentes.