Tras el escándalo en el que ha metido el informe Encinas a las fuerzas armadas, ¿vendrá una nueva campaña de la Sedena para recuperar el prestigio perdido?
A más de una semana de publicado, el informe Encinas sigue causando estragos entre las fuerzas armadas del país, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está obligada a actuar con celeridad después de ser notificada por la Fiscalía General de la República de las 20 órdenes de aprehensión contra sus mandos.
Gracias al informe sabemos que la Sedena intervino comunicaciones entre Guerreros Unidos y autoridades municipales, en especial de objetivos prioritarios: Adán Zenen N., José Ángel N., Sidronio N. y Gildardo N. “El Gil”. Además, se confirma que había un elemento del ejército infiltrado en la normal, Julio César López Patolzin, encargado de informar lo que ocurría en las asambleas de la escuela al teniente Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería. El joven soldado también fue desaparecido junto con los estudiantes y el ejército no lo buscó.
Estos actos de pasiva complicidad se suman a una larga lista de infamias cometidas por el ejército en Guerrero durante la Guerra Sucia: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, “vuelos de la muerte” y otros abusos sucedidos a lo largo de la década de los 70 que se agudizaron con la búsqueda de Lucio Cabañas. Los pobladores, por supuesto, ya desconfiaban de los militares que detenían personas a diestra y siniestra en su cacería de miembros del Partido de los Pobres.
Las autoridades castrenses de la XXVII Zona Militar eran tan conscientes de los abusos que, el 10 de octubre de 1972, enviaron un exhorto a su tropa con los siguientes puntos:
El documento revela mucho de la mentalidad de los militares que actuaban en Guerrero y para muestra está este párrafo que afirma: “A pesar de los intensos esfuerzos que tanto la Zona Militar como las autoridades locales hacen para tratar de aminorar la psicosis colectiva que integra en esa extensa área, poco se ha podido lograr al respecto”.
Otro documento de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (uno de los brazos espías de la Secretaría de Gobernación en la Guerra Sucia) llega a una conclusión esencialista bastante peculiar. Fechado el 4 de julio de 1974 a las 22:55 horas, el informe dice: “La sola presencia de un fuerte número de elementos del Ejército mexicano que realizan actividades de tipo castrense en esta región de la Costa Grande, ha consecuentado que aflore una vez más el conocido carácter e idiosincrasia del guerrerense que por uno u otro motivo siempre trata de demostrar su inconformidad”.
Y así, con ese nivel de análisis y esa ceguera selectiva entre los agentes de la inteligencia mexicana y las fuerzas armadas, la impunidad ha permitido que hoy sigamos haciendo recuentos de los abusos y violaciones a derechos humanos del ejército en Guerrero.
Cabe preguntarse: tras el escándalo en el que ha metido el informe Encinas a las fuerzas armadas, ¿vendrá una nueva campaña de la Sedena para recuperar el prestigio perdido? ¿Quiénes estarán dispuestos a lavarle la cara esta vez? ¿Veremos un pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre para sanar heridas?
Nos siguen faltando 43.
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