Perú: ¿renunciará Boluarte?

La crisis política en Perú aumenta. Luego de la destitución e inmediato encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, Dina Boluarte fue designada para encabezar el gobierno. Las protestas en su contra han sido brutalmente reprimidas y una salida para despresurizar el conflicto en el horizonte inmediato pasa por su renuncia, pero ella se aferra a un encargo que no le dieron las urnas ni el apoyo popular.

Pedro Castillo fue “vacado” (destituido) el 7 de diciembre de 2022. El hoy exmandatario había intentado aplicar un artículo constitucional para disolver al congreso y entonces el congreso, no el poder judicial, desconoció el decreto de Castillo y, en cambio, votó por retirarlo del cargo argumentando que tenía “incapacidad moral” pera continuar su gestión, invocando otro polémico artículo de su norma fundamental vigente que ahora podría ser también aplicado a Dina Boluarte.

La presidenta en funciones no lleva ni dos meses en el cargo y la Defensoría del Pueblo de Perú estima que las fuerzas de seguridad bajo su mando han generado ya un saldo de casi mil personas heridas y al menos 56 muertes civiles como consecuencia directa de la represión policiaca desproporcionada ante manifestaciones sociales. Boluarte, además, minimiza el descontento diciendo que Perú no es “Puno”, una de las regiones que en el sur del país, que han tenido mayores enfrentamientos. 

En realidad, el rechazo es general y su expresión en las calles permea cada vez más. Acorde a una encuesta de la empresa CID-Gallup, no es solo una porción de territorio, sino el 83% de las peruanas y peruanos quienes no se sienten representados por Dina Boluarte. El mismo estudio concluye que un 71% rechaza expresamente lo hecho durante su breve periodo de gobierno.

La responsabilidad del gobierno de Boluarte en la sistemática represión es evidente. Siguen los excesos policiacos pese a que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) había pedido a las partes en conflicto buscar el diálogo. Las autoridades de Perú habían hecho ya un exhorto (ignorado) para “asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica; a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes…”.

En Chile, una salida pacífica a protestas sociales en 2019 fue construir la ruta para discutir y votar una nueva constitución. Hoy Perú tiene un reto similar, aunque antes de cualquier debate político, debe parar el laberinto de represión al que se aferra Dina Boluarte. Solo parece viable construir un acuerdo pacífico, al menos para debatir su propia ruta de paz social, en donde la población se sienta representada y no amenazada con balas y gases lacrimógenos.

No parece haber otra salida democrática, solo la renuncia voluntaria de Boluarte o activar otra vez la polémica figura de vacancia desde el Congreso, cuya ausencia hasta hoy es incongruente al no considerar “incapacidad moral” una gestión con este saldo sangriento tan preocupante.