Perú: inaceptable represión mortal

Perú está en crisis. Las protestas civiles ante la destitución del presidente Pedro Castillo han sido brutalmente reprimidas y suman ya decenas de muertes. El 7 de diciembre, el congreso de ese país depuso a Casillo por “incapacidad moral” y la policía lo encarceló casi de inmediato, argumentando que antes él había intentado disolver al parlamento, instaurar un toque de queda, y con ello incurrir en el delito de “rebelión”.

Dina Boluarte, exaliada de Castillo, fue designada presidenta mediante un procedimiento de dudosa legalidad, estallaron protestas de simpatizantes de Castillo, sobre todo al sur de Perú, en zonas indígenas, de alta marginación y pobreza que habían respaldado con su voto al mandatario depuesto desde el parlamento.

Ante la fragilidad de un gobierno como el de Boluarte, sin elección popular expresa para asumir ese encargo, no vino un mensaje conciliador por las manifestaciones en su contra y, una secuencia de protestas derivaron en actos violentos y en represión policiaca que, al día de hoy, suma al menos 47 personas muertas en los reportes de los principales medios de comunicación internacionales, la inmensa mayoría manifestantes civiles, también un policía habría fallecido calcinado.

La cifra aumenta considerablemente. Acorde a lo declarado el 12 de enero por el propio ministro del interior de Bouarte, Victor Rojas, se acerca ya “al centenar”. Ese día, en conferencia de prensa, Rojas aludió a las protestas con poca autocrítica, minimizó, igual que el gobierno de Boluarte, la brutal represión lanzada por las autoridades, responsabilizó sobre todo a manifestantes de los hechos diciendo: “suplico, pido a los señores que aún persisten con sus medidas de protesta vandálica… esos deben corregirse, porque de otra forma no vamos a conseguir la paz que tanto anhelamos”. En cambio, sobre el evidente exceso de fuerza estatal (los muertos y heridos en su mayoría son civiles), solo dijo que la paz dependía única y exclusivamente de la población pero matizó de manera forzada que: “de nosotros [el gobierno] también, quizás… si es que hubiese excesos que posteriormente tendrán que ser investigados”. ¿Quizás? ¿posteriormente? 

No ha sido un solo enfrentamiento entre policías y manifestantes en donde hubo “quizás” un exceso de fuerza aislado contra la población. Han sido jornadas consecutivas en donde hay armas de fuego involucradas y acorde a organizaciones de derechos humanos y periodistas que también han sido heridos, son armas de policías, disparos para dispersar a manifestantes, represión violenta; incluso, el gobierno de Boluarte, que se gestó con la bandera de combatir toques de queda que había anunciado Castillo, ha declarado ya estado de emergencia y toque de queda y, ella misma, enfrenta ahora una acusación por “genocidio” después de estos fatales despliegues policiacos.

El 10 de enero, poco antes de la declaración del ministro, la organización Amnistía Internacional había hecho un llamado para que el gobierno que ocupa la presidencia de Perú cesara “de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país”, dijo Amnistía Internacional hoy, tras la muerte de 18 personas, incluyendo un policía en Juliaca, Puno.

Es cuestionable que Castillo anunciara disolución del Congreso, pero más cuestionable que el congreso disuelto no fuera restituido por un mandato judicial, sino por autodecisión apoyada por una cargada del ejército que abrió la puerta a la exprés destitución de Castillo con 101 votos de legisladoras y legisladores, pese a que el mandatario había sido electo por 8.8 millones de votos en ese país para gobernar durante de 2021 a 2026. 

Las faltas de Castillo deben ser analizadas con debido proceso y las protestas de la población civil no pueden desaparecer con métodos de miedo, mano dura para que se la piensen dos veces antes de salir a las calles. Eso es un inaceptable retroceso al peor rostro de la región.