Nunca es el gobierno en turno, los contratos opacos a los amigos de los hijos, ni mucho menos, la corrupción sistémica. El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que costó la vida de 14 personas y dejó decenas de heridos el 28 de diciembre de 2025, debería ser una llamada de alerta sobre el grado de supervisión y responsabilidad en las grandes obras públicas.
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Sin embargo, la Fiscalía General de la República apuntó con toda su artillería al maquinista por exceso de velocidad, se giraron órdenes de aprehensión contra trabajadores, mientras autoridades minimizan o descartan fallas de diseño, materiales viejos o deficiente monitoreo estructural. La investigación independiente que ahora se anuncia parece más un esfuerzo cosmético para legitimar lo que ya fue “resuelto” políticamente.
Es imposible no recordar que hicieron lo mismo cuando ocurrió el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad, donde numerosos peritajes y auditorías señalaron fallas de mantenimiento y supervisión técnica, y a pesar de ello, la narrativa pública se centró en culpables individuales mientras se soslayaba la responsabilidad de las autoridades.
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Así, ¿no es evidente que el Estado prefiere señalar “chivos expiatorios” para ocultar la falta de supervisión real y la corrupción que permea la contratación, construcción y vigilancia de infraestructura? La verdad saldrá a la luz.