México necesita digitalizarse. No como consigna tecnológica ni como gesto aspiracional, sino como una condición mínima para ordenar su economía, proteger a su población y sostener cualquier idea seria de futuro. La digitalización ya transformó sectores completos: banca, logística, salud, comercio electrónico, transporte, entre otros. En todos ellos, la trazabilidad, la identidad y la interoperabilidad no son accesorios, son la base sobre la que se construye confianza. El ecosistema móvil, sin embargo, sigue operando como una excepción peligrosa, anclada a un raciocinio analógico que ya no corresponde al tamaño ni a la complejidad del país.
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El debate sobre el registro de líneas móviles se ha reducido a una narrativa estrecha, donde distintos actores con intereses políticos y económicos intentan imponer su propia agenda, mientras la población queda atrapada entre el miedo y la urgencia del delito: secuestro, extorsión, llamadas anónimas. Todo eso existe, pero no explica el problema de fondo. El verdadero dilema radica en que México construyó durante años un mercado móvil masivo sin mecanismos robustos de identificación, y hoy enfrenta las consecuencias de haber normalizado un ecosistema con altos niveles de opacidad. El registro entonces aparece como una corrección tardía de una omisión prolongada.
Más del 83 por ciento de las líneas móviles en México son de prepago. Millones de teléfonos operan sin una identidad verificada, sin trazabilidad efectiva, sin estándares homogéneos. Ningún país puede aspirar a una economía digital sólida con ese nivel de desorden. Este escenario es el resultado de una ausencia regulatoria sostenida, particularmente del anterior regulador, que permitió que el prepago creciera sin controles, sin arquitectura de datos y sin una estrategia mínima de identidad digital. El registro no surge de una ocurrencia política, sino del rezago.
México tampoco está explorando terreno desconocido. Más de 160 países cuentan con algún tipo de registro obligatorio de SIM y más de 35 ya exigen datos biométricos. La tendencia global es técnica, más allá de ideológica y mucho menos represiva. La identidad digital se ha convertido en un componente esencial de la infraestructura moderna. La discusión relevante no es si México debe avanzar en esa dirección, sino en qué condiciones, con qué salvaguardas y con qué capacidad institucional para sostenerlo.
El argumento biométrico suele presentarse como una amenaza, cuando en realidad ya vivimos inmersos en ella. Las personas entregan datos biométricos todos los días a bancos, plataformas tecnológicas, aerolíneas, fintechs y sistemas de transporte. Lo hacen porque reciben algo a cambio: seguridad, agilidad, acceso, recuperación de cuentas, protección frente al fraude. El conflicto en este caso no es si damos datos, sino a quién se los damos, bajo qué reglas y con qué garantías de uso, resguardo y responsabilidad.
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Parte del ruido mediático por implementar un registro serio implica inversiones importantes en infraestructura, validación de identidad, ciberseguridad y cumplimiento normativo. Los grandes operadores tienen capacidad para absorber ese costo; los más pequeños no. Esa asimetría explica buena parte de la presión mediática y de las críticas amplificadas. No todas las objeciones nacen de una preocupación legítima por los derechos; muchas responden a intereses muy concretos que prefieren mantener el statu quo.
La desconfianza ciudadana, sin embargo, no surge de la nada. México ya intentó registrar líneas móviles en dos ocasiones. Ambos esfuerzos terminaron en filtraciones, bases de datos vulneradas y venta de información en mercados ilegales. Si el Estado no demuestra que puede proteger los datos que exige, ningún esquema de identidad será legítimo. La memoria institucional importa, y cualquier nueva implementación debe partir de ese reconocimiento.
A partir del 9 de enero de 2026, solo podrán operar líneas asociadas a una identificación oficial, conforme a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles aprobados por Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Desde ese momento, los operadores deberán sostener uno de los niveles de trazabilidad más altos que se han exigido en telecomunicaciones en México: conservación de datos de tráfico por 24 meses, bases consultables en tiempo real, colaboración en geolocalización, atención permanente a requerimientos de autoridad y registros detallados de comunicaciones, tal como lo establece la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
A ello se suman controles técnicos, organizacionales y administrativos, además de sanciones que pueden alcanzar decenas de millones de pesos o porcentajes significativos de los ingresos del operador, según la regulación aplicable. Una medida diseñada para reducir riesgos no puede convertirse, por mala ejecución, en un nuevo vector de vulnerabilidad.
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Por eso, la implementación importa más que la intención. Digitalizar con enfoque en derechos es una obligación técnica: estándares estrictos de protección de datos, auditorías independientes, protocolos claros de notificación ante incidentes. La gradualidad es parte fundamental de la inteligencia operativa: empezar por nuevas altas, avanzar con recargas y cambios de equipo, depurar después el histórico. La inclusión no puede ser un anexo; debe ser principio rector, con mecanismos alternativos para personas sin documentos actualizados, ventanillas móviles en zonas rurales y procesos comprensibles para adultos mayores. Y la gobernanza debe ser explícita: límites claros al uso de la trazabilidad, registro de cada consulta, supervisión independiente y reportes públicos que permitan un escrutinio robusto.
México necesita avanzar hacia una identidad digital sólida. No para vigilar, sino para ordenar, proteger y modernizar. El registro de líneas móviles puede ser una herramienta poderosa si se implementa con rigor técnico, visión de futuro y respeto absoluto a los derechos de las personas.
La seguridad no se construye con prisa ni amenazas. Se construye con confianza. Y la confianza solo existe cuando las instituciones funcionan, los reguladores regulan y las políticas públicas entienden que la digitalización no es un lujo ni una amenaza: es una responsabilidad de Estado.