Sobre ley de imprenta y censura

“Yo no sé quién hizo eso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 15 de febrero, a propósito de una propuesta de ajuste a la ley sobre delitos de imprenta que avanzó con velocidad en comisiones de la Cámara de Diputados y que busca aumentar sanciones por críticas que, entre otros aspectos, ridiculicen o afecten intereses de servidores públicos, de gobernantes. “Morena”, “fue su partido”, le respondieron amontonándose varias voces de reporteras y reporteros. López Obrador reviró: “yo no lo necesito, yo no lo promoví” y ante un cuestionamiento adicional remató afirmando que de prosperar esa regla él, sin duda, la vetaría.   

Así parece sepultado un nuevo episodio en donde legisladoras o legisladores intentan cambiar leyes para castigar con amplio margen de discrecionalidad –incluso por vía penal– críticas mediáticas desfavorables, sin importar que este tipo de iniciativas tengan ya varios referentes que las consideran contrarias a derechos constitucionales, a tratados internacionales vigentes y a estándares de interpretación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos respecto a las libertades de expresión e información y el tipo de contenidos no deben sancionarse por la vía penal para evitar censura indebida.

El 9 de febrero, la diputada de Morena por Zacatecas, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, impulsó la polémica iniciativa que días después amagó con vetar el presidente, ahí se busca adicionar una redacción general que abarcaría conductas sancionables hasta para contenidos de internet, pese a tratarse de una Ley sobre delitos de imprenta de 1917, dispuesta para medios impresos.

Derogada ya en varios de sus artículos, esa obsoleta ley fue creada en tiempos de Venustiano Carranza, su lenguaje es para museo y remite a sanciones de artículos que ya ni siquiera existen en el código penal, pero de cualquier forma la diputada pensó que sería un buen instrumento para agregar más castigos, ampliar el espectro a cualquier difusión de contenidos con esta redacción que, a su juicio, ya actualizada, debiera mantener como delito por ataque a la vida privada: “Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía, o de cualquier otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, correo electrónico, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses”.

En 2016 se impulsó en Sonora la llamada “ley antimemes” que pretendía castigar “expresiones” o “juicios insultantes”, difusión de cualquier tipo de imágenes o caricaturas de servidores públicos sin su consentimiento. Ese mismo año hubo otra iniciativa similar en San Luis Potosí y previamente en Colima ya había sido aprobada otra del mismo corte, una norma penal para sancionar la difusión de información falsa que perturbe el orden, pero ante la presión pública se vetó.

En 2011, durante la gestión del exgobernador de Veracruz por el PRI Javier Duarte (hoy preso) se aprobó en el Congreso local otro delito de “perturbación del orden” por difundir contenidos que generaran “pánico”, que más tarde fue declarado inconstitucional.  Sin importar esa declaratoria de inconstitucionalidad, en 2015 el entonces senador Omar Fayad promovió una iniciativa que, de haber prosperado, habría asumido como “terrorista informático” a cualquier persona que diera a conocer en redes información que causara “pánico” o “desestabilización de la paz pública”, fuera o no cierta.

Como el intento fallido ahora de una diputada federal de Morena, esas propuestas de leyes penales que censuren con redacciones discrecionales críticas a servidores públicos deben llamar a la reflexión porque son constantes y de partidos diversos. Aunque no han prosperado y, en este caso, el freno vino directamente de Palacio Nacional, es un dato que cíclicamente vuelve, se insiste en pedir cárcel a quien critique a políticos.

Es cierto que la libertad de expresión no es absoluta, que por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta que hay contenidos no amparados en ella, como los llamados al genocidio, pornografía infantil o incitación expresa a la violencia, pero son contadas esas excepciones y en los casos de delitos contra el honor o reputación solo se admiten –en todos los estándares de derechos humanos– regulaciones por la vía civil, nunca penal, y siempre reconociendo que el umbral de crítica debe ser mayor precisamente para gobernantes, legisladores y funcionarios, quienes en lugar de atender ese mandato vinculante otra vez dejan registro de iniciativas censoras.

Qué bueno que no pasará, pero es preocupante que no son casos aislados, balas perdidas, sino que cíclicamente avanzan y cuando se estrellan, vuelven a intentar. Enfrentan vetos, declaratorias de inconstitucionalidad, cuestionamientos, pero este tipo de propuestas insisten en convertir en delito la crítica.