El INE que queremos

En menos de una semana fuimos testigos de dos hechos relevantes para la democracia de nuestro país: primero, las multitudinarias manifestaciones en contra del “plan b” electoral, en defensa del INE, y, después, la publicación del mismo por parte del Ejecutivo.

Por un lado, un clamor abarrotó las calles, acompañado por los partidos de oposición del gobierno. Por el otro, ese mismo gobierno publicó lo que a todas luces parece el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral como lo conocimos hasta el día de hoy.

El primer efecto del mismo fue la separación del cargo de Edmundo Jacobo Molina, quien fungía como secretario ejecutivo. Los siguientes son los que vienen en las siguientes semanas o meses, si no lo frena la Suprema Corte:

-Se elimina la Junta General Ejecutiva, un órgano ejecutivo y técnico, que propone al Consejo General las políticas y los programas generales del INE, así como los procedimientos administrativos. En lugar de la Junta, crea la Comisión de Administración, con cinco consejeros.

-Se reduce de 300 a 260 los órganos distritales en periodo no electoral. 40 se agregarían en elecciones.

-También se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral.

–Elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED) que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de esos 300 cuerpos ejecutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa).

-La reducción de las juntas implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso. Esto se traduce en más de mil 500 plazas que son eliminadas, de acuerdo con el INE.

-El “plan b” contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que, de cinco vocalías pasan a tres al eliminar la Vocalía Secretarial y fusionar la de Organización Electoral con la de Capacitación y Educación Cívica, recortando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Así es que estamos ante un posible plan pero ‘v’, de venganza, contra el INE del que el gobierno no pudo hacerse como quería a través de una reforma constitucional.

Si bien había cosas que cambiarle al INE, no es exactamente lo que propone el “plan b”, que parece más un traje a la medida que quiere el gobierno para el instituto, que una reforma que produzca al INE que queremos.

Si no caminamos hacia ese objetivo, entonces lo que está sucediendo es un claro retroceso que sólo podrá ser revertido por la Suprema Corte, porque si de ahorros se trata, pudimos haber empezado con el nuevo aeropuerto o con la refinería.

O si de “planes b” hablamos, ¿por qué no tenemos uno para la violencia? o ¿un “plan b” contra la inflación?

Queda en manos de los ministros y ministras volver a poner el reloj de nuestra democracia en el tiempo actual. Si no, ¿cuántos años estaremos perdiendo?