¿Pensión para el bienestar como política de salud?

El actual gobierno federal ha privilegiado el uso de transferencias monetarias directas para implementar su política social. Su argumento es que al eliminar a los intermediarios y el uso de dinero en efectivo, combate la corrupción. Si bien esta estrategia puede disminuir los espacios a la corrupción, también es cierto que otorgar los apoyos de esa manera tiene un alto componente político.

Otorgar transferencias directas puede ser un mecanismo fácil de implementar; sin embargo, no debe sustituir las inversiones en otros rubros, como la salud. Un ejemplo de esta visión es el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que para 2024 tendrá 11.5 millones de beneficiarios, quienes recibirán un apoyo mensual de 3 mil pesos. Con estos recursos, se espera que los adultos mayores cubran diversas necesidades, siendo los servicios de salud y la adquisición de medicamentos de las más importantes.

En una visión integral y de largo plazo, como la que prevalece en sistemas de salud públicos más eficientes, el Estado debería invertir en garantizar el acceso a la salud de todos sus ciudadanos, con medicamentos suficientes, atención de calidad y procurando un gasto mínimo por parte de los hogares. No obstante, México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es uno de los países con un gasto de bolsillo en salud más alto. Esto se debe a la escasa inversión pública en este sector, que nos sitúa por debajo del promedio de los países de América Latina. Además, en este sexenio, ciertas decisiones han agravado la situación del sistema de salud; por ejemplo, se eliminó el Seguro Popular, que atendía a la población sin afiliación alguna, y su sustituto, el Insabi, nunca se consolidó.

Incluso, se decidió cancelar los contratos de medicamentos que adquiría el gobierno, con el argumento de combatir la corrupción, provocando un desabasto a nivel nacional. Diversos medios de comunicación, como El Financiero y El País, han documentado el problema de desabasto, que afecta primordialmente a los adultos mayores, quienes sufren una mayor prevalencia de enfermedades por la etapa de la vida en la que se encuentran.

Las consecuencias de todas estas situaciones se reflejan ya en las estadísticas. En la última medición multidimensional de la pobreza, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), aumentó la población con carencia de acceso a servicios de salud de 20.1 a 50.4 millones de personas, lo cual representó pasar de 16.2% a 39.1% de la población, entre 2018 y 2022.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2022, reportó un incremento en el gasto trimestral de las familias en atención médica de 31% (real) comparado con 2018, pasando de 841 a mil 345 pesos. Sin lugar a dudas, un adulto mayor sin seguridad social invierte sumas mucho más grandes que esas para atender su salud.

Si consideramos que la Pensión para Adultos Mayores tiene como objetivo “mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad”, es evidente que dicha mejora no se logra sólo con las transferencias monetarias, pues artificialmente transfiere la responsabilidad de la atención a la salud a los hogares, que ahora tienen un apoyo bimestral, pero carecen de consultas médicas y medicamentos.

De acuerdo con la encuesta anual sobre corrupción de Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en septiembre pasado, 29% de los encuestados cree que recibe apoyos públicos gracias al presidente López Obrador o a Morena. Entregar apoyos públicos en eventos con los colores del partido en el poder, a través de funcionarios del gobierno, es sin duda atractivo para promocionar gobiernos y candidatos, pero no está resolviendo el problema. Es por eso que debemos cuestionarnos si las transferencias monetarias directas son la mejor manera de atender los problemas sociales.