Corrupción y migración: una agenda pendiente

La migración es un fenómeno creciente. La inseguridad, la búsqueda de mejores oportunidades y hasta el cambio climático hacen que las poblaciones se desplacen de sus lugares de origen. Pero, ¿cuál es el papel que juega la corrupción en la decisión de una persona de migrar? Aunque existen pocos estudios al respecto, buena parte de ellos sugiere que la corrupción estructural deteriora la calidad de vida de las personas y las obliga a migrar ante la desesperanza de un futuro mejor en su país de origen. Por ejemplo, si la corrupción en el sistema de salud favorece el desabasto de medicamentos o agudiza la pobreza cuando está presente en los programas sociales, las personas tienen más incentivos para migrar. Sin embargo, el estudio de la corrupción como la causa (directa o indirecta) de la migración, es una agenda que debe explorarse más.

Ahora bien, cuando hablamos del vínculo entre corrupción y migración también hay otra cara de la moneda. Los migrantes son frecuentemente víctimas de corrupción en el camino a su destino final. Por ejemplo, un documento del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) señala que del total de migrantes que fue víctima de extorsión en nuestro país, 40% fue extorsionado por alguna autoridad mexicana. Incluso, algunos actores que trabajan con personas migrantes aseguran que la corrupción no impacta a todas por igual; por ejemplo, las mujeres y la comunidad trans son mayormente víctimas de sextorsión para evitar ser deportadas o separadas de sus familias.

La corrupción que sufren las personas migrantes en los países de tránsito puede tomar muchas formas, desde funcionarios de inmigración que facilitan el cruce y la permanencia ilegal de migrantes; el pago de sobornos para la expedición de documentos falsos con el fin de traficar migrantes o facilitar su permanencia; los sobornos a los funcionarios de inmigración encargados de las solicitudes de refugiados, que autorizan la permanencia de un inmigrante en el país o que ejecutan órdenes de deportación; extorsiones de los cuerpos de seguridad, entre otros.

Estados Unidos es el principal receptor de migrantes internacionales a nivel mundial, lo que convierte a México en uno de los países de tránsito más importantes para los migrantes que tienen ese destino. Se estima que tan solo en 2020, 10 millones de personas atravesaron por nuestro país para llegar a los Estados Unidos, algunos de ellos provenientes de Centro y Sudamérica, otros más, mexicanos en búsqueda de un futuro mejor. Dada la importancia de nuestro país en el fenómeno migratorio, el combate a la corrupción en las instituciones públicas que atienden a población migrante debería formar parte de nuestras agendas, pero no es así. Hoy en día, desconocemos, además de la prevalencia de este tipo de actos, quiénes participan, qué tipo de migración se ve afectada (de entrada, tránsito o salida), cuáles son las características de la población migrante que la vuelve más vulnerable a la corrupción, qué tipo de corrupción prevalece, entre otros aspectos.

Aun cuando la corrupción sea un fenómeno global, la responsabilidad de los países no se diluye. México, como expulsor y país de tránsito tiene una doble responsabilidad, combatir la corrupción para reducir los incentivos de los mexicanos a migrar, pero también para proteger a los migrantes que atraviesan nuestro territorio. Los gobiernos no pueden ser omisos ante esta realidad, pues la falta de información y de acciones solo hacen que las violaciones a los derechos humanos sigan dándose en total impunidad.