La corrupción empeora la crisis del agua

En estos días la crisis hídrica está muy presente en los medios y en nuestras conversaciones. El cambio climático y la falta de infraestructura son algunas de las principales causas que se señalan. Sin embargo, la corrupción también facilita la fuga indiscriminada del líquido, y lo hace de distintas maneras.

En primer lugar, la corrupción permite que se otorguen concesiones en zonas donde ya no hay agua. Por ejemplo, una investigación realizada por Ethos encontró que, entre abril de 2015 y diciembre de 2018, se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados. ¿Quiénes son los dueños de estas concesiones? Organizaciones campesinas, políticos y empresas figuran en la lista.

Además de su otorgamiento ilegal, existen otros problemas con las concesiones, no necesariamente detonados por la corrupción, sino por la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para vigilar que los concesionarios no extraigan más litros cúbicos de los permitidos, que el agua que se extraiga sea usada para los fines establecidos en la concesión e incluso, que todos los actores que extraen agua del subsuelo tengan una concesión para ello.

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El problema de la extracción ilegal tiene una consecuencia directa: unos pocos acaparan el agua mientras muchos sufrimos el desabasto. Esto es particularmente importante porque la Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece que en el otorgamiento de concesiones se debe priorizar el consumo humano y doméstico del agua, lo cual no siempre sucede.

Un segundo gran problema es la contaminación. Cada vez tenemos menos agua y la poca que tenemos está contaminada. La corrupción permite, por ejemplo, que las industrias viertan sus desechos a los cuerpos de agua sin permiso o con niveles de contaminantes por encima de lo permitido. En este último caso, nuestras investigaciones sugieren que las empresas pagan sobornos a los inspectores de la Conagua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para diluir las muestras de las descargas de aguas residuales al momento de la inspección y así evitar una multa. Estos sobornos llegan a representar hasta el 20% del costo total de la multa evitada.

En tercer lugar, tenemos a los Organismos Operadores de Agua (OOA), de quienes se han documentado prácticas de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito a través de empresas fantasma, las cuales benefician, principalmente, a sus directores. Asimismo, en estos organismos es recurrente el pago de sobornos para la provisión del servicio de agua potable o para agilizar reparaciones, modificar recibos, entre otras prácticas.

Finalmente, es importante hablar del impacto que tiene la corrupción en las obras hidráulicas. En términos generales, para que el agua pueda ser captada, almacenada, utilizada para diferentes fines y posteriormente desechada, se requieren obras hidráulicas que suelen ser de gran envergadura, alta complejidad y costos elevados, atributos que aumentan los riesgos de corrupción. Es decir, la naturaleza técnica de este tipo de obras hace que su fiscalización no sea sencilla y el monto de recursos invertidos aumenta los incentivos de los privados para el pago de sobornos a cambio de ganar una licitación.

Las descritas anteriormente son solo algunas de las formas en las que la corrupción permea la gestión de agua, favoreciendo el acaparamiento, la contaminación y la sobreexplotación, lo que afecta nuestros ecosistemas e impide que la población ejerza plenamente su derecho a un medio ambiente sano, a la salud y, sobre todo, al acceso a agua potable.

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La crisis hídrica requiere acciones en muchos frentes. En materia del combate a la corrupción, promover la transparencia en todas las etapas de la gestión del agua es fundamental. Hoy en día, la existencia de información incompleta permite esconder o justificar decisiones discrecionales de los servidores públicos, al mismo tiempo que dificulta el monitoreo ciudadano sobre la gestión del agua. Pero la transparencia sólo es el primer paso. El acceso a la información debe permitirnos detonar procesos de rendición de cuentas, es decir, hacer responsables a los servidores públicos y particulares involucrados en actos de corrupción. El camino para combatir la corrupción en la gestión del agua es largo y lleno de obstáculos, pero la escasez a la que nos enfrentamos requiere acciones inmediatas.