La indispensable autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación

De acuerdo con su página oficial, “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y los municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales”.

Si bien la importancia de la ASF se puede ver con claridad al revisar la Constitución (la fracción XXIV del artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que regulan la organización y facultades de ésta; a la Cámara de Diputados las fracciones II y VI del artículo 74 la facultan para coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la misma, así como revisar a través de ella la Cuenta Pública; y el artículo 79 establece que la ASF tenga autonomía técnica y de gestión tanto para ejercer sus atribuciones como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones), al día de hoy ahí mismo se le señala como una institución propia de la Cámara de Diputados, lo cual la coloca en una situación de eventuales presiones políticas, pues al sujetarla a un órgano político como lo es la Cámara Baja, se le somete también a posibles sesgos políticos al realizar sus tareas. La autonomía técnica y de gestión que se le atribuye no es suficiente.

De algunos años para acá, la ASF ha protagonizado algunos sucesos que han mostrado las claras divisiones internas que existe entre personas servidoras públicas en las que el Estado mexicano ha depositado una gran confianza, pues habiendo desempeñado cargos de muy alto nivel dentro de esta institución, han acusado a la misma y a quien la encabeza de no cumplir a cabalidad con las importantes tareas que tanto la Constitución como las leyes le ordenan llevar a cabo.

No te pierdas: La crisis México-Ecuador

Instituciones como la ASF tienen y deben tener entre sus principales fortalezas un prestigio a prueba de todo tipo de presión y, a juzgar por los hechos que han salido a la luz, este aparato tan importante para el Estado mexicano y ciertamente costoso para la sociedad, ha sufrido cuestionamientos fuertes y, sobre todo, sus escándalos han minado aquella reputación que debe caracterizarle.

Debido a lo anterior, conservar una ASF bajo la forma que guarda actualmente somete al Estado mexicano al riesgo de que esas importantes funciones potencialmente sufran un demérito y que, los criterios políticos prevalezcan sobre los de tipo técnico, demostrando de manera clara que el grado de autonomía con que hoy cuenta es insuficiente.

Además de propugnar por un cambio en su naturaleza jurídica y por el fortalecimiento que sufriría frente a las demás instituciones públicas, diversas normas, procedimientos y su estructura orgánica demandan profundas reformas tendientes a obligar a la realización de procesos deliberativos en su interior, pues la concentración que hoy tiene en muy pocas manos el desempeño de esas tareas y las principales decisiones sobre su planeación, invariablemente y encabezándola cualquier persona llevarán a una disminución en la calidad de lo que ahí se hace.