Los ejidos, las comunidades agrarias y la justicia social hoy
Para revertir el desastre heredado por el neoliberalismo, es necesario que, en el marco de los cambios jurídicos e institucionales por los que atraviesa México
En ningún país de América Latina se llevó a cabo una “reforma agraria” como la que se hizo en México con base en la Constitución de 1917. Pues, además de la restitución a favor de las comunidades agrarias, dio pie al reparto agrario y la dotación de tierras para los ejidos durante alrededor de seis décadas. Con las modificaciones constitucionales y legislativas de 1992, el neoliberalismo no sólo detuvo la “reforma agraria” sino que intentó convertir la propiedad social de la tierra en propiedad privada sometida a la ley de la oferta y la demanda. La contrarreforma neoliberal fracasó en parte. No obstante, el acaparamiento más o menos encubierto de tierras ha persistido por diversos factores antes y después de la “reforma agraria”.
Al respecto, Víctor Suárez, actual titular de la Procuraduría Agraria, ha establecido con gran claridad el horizonte de los retos que afronta el segundo gobierno de la 4T al sostener que es necesario proteger la propiedad social y fortalecer los núcleos agrarios, ya que se trata de un asunto de seguridad nacional e indispensable para alcanzar la soberanía alimentaria.
En esta tesitura, la justicia legal que imparten los tribunales mexicanos sólo tiene sentido si es al mismo tiempo justicia social en tanto que, conforme a nuestro orden constitucional, el Estado mexicano es un Estado social de Derecho, donde los derechos colectivos son una referencia ineludible para los operadores judiciales a cualquier nivel y en cualquier materia. Precisamente, la justicia agraria forma parte de la justicia social que motiva el actuar de las instituciones públicas, junto con la justicia indígena y laboral, así como la justicia ambiental y sanitaria.
Por supuesto, para la adecuada defensa de los territorios y la propiedad social es menester que el Estado garantice a los campesinos, ejidos y comunidades agrarias el acceso a los documentos jurídicos indispensables para gestionar los reclamos y reivindicaciones de tierras y derechos que correspondan. De igual manera, las autoridades deben facilitar a los núcleos agrarios los procedimientos de regularización de la posesión y propiedad de sus tierras, bosques y aguas. Asimismo, la incorporación de las perspectivas de género e interculturalidad, además de metodologías interseccionales y acciones afirmativas diferenciadas, resultan indispensables para la renovación de la justicia social en el campo mexicano.
No obstante, los retos que tiene frente a sí la justicia agraria rebasan las cuestiones relacionadas con los tiempos de atención de casos, el burocratismo e incluso la corrupción. Pues nos remiten a diversas dinámicas de acumulación originaria de capital, es decir, al despojo de territorios y bienes comunes a causa de la deforestación, la expansión industrial, el turismo y los procesos de urbanización salvaje, como la ampliación de carreteras, la construcción de infraestructura para diversos servicios y los negocios inmobiliarios, entre otros.
Pero los retos de la justicia agraria también nos obligan a ver y reflexionar sobre la subordinación del campo mexicano al mercado norteamericano mediante el TLCAN primero y el T-MEC después. En la coyuntura, el cuestionamiento del libre comercio desde el propio gobierno de Estados Unidos nos obliga a pensar en una estrategia distinta, donde la reivindicación de la soberanía nacional asuma como punto de partida el fortalecimiento del sector con vistas a alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentarias.
El acaparamiento de tierras, la falta de agua y otras infraestructuras, junto con los condicionamientos derivados del vínculo de dependencia establecido con el sector agroindustrial de Estados Unidos, impiden que los núcleos agrarios se consoliden como entornos vitales propulsores del desarrollo nacional integral, del cuidado del ambiente, la biodiversidad, el agua y los recursos naturales, así como de la cultura, la alimentación y la salud de las y los mexicanos. Como se ve, los asuntos cruciales son de nueva cuenta la seguridad nacional (vinculada con recursos estratégicos) y la soberanía alimentaria, junto con la garantía de derechos humanos como el territorio y la libre determinación, la alimentación, el ambiente sano y el agua, así como la protección de la salud de las y los trabajadores del campo y los consumidores en general.
Para revertir el desastre heredado por el neoliberalismo, es necesario que, en el marco de los cambios jurídicos e institucionales por los que atraviesa México, la procuración e impartición de la justicia agraria, como dimensiones de la justicia social, se articulen con la procuración e impartición de las justicias indígena, laboral, ambiental y sanitaria, así como con el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, con el objeto de apuntalar la producción agropecuaria y pesquera nacional para el mercado interno y, así, la capacidad de definir por nosotros mismos nuestra alimentación.
Precisamente, los gobiernos de la 4T han atacado la pobreza rural y las brechas de desigualdad, así como la marginación y exclusión consecuentes, mediante el fortalecimiento del gasto social y la implementación de políticas de bienestar. Asimismo, la reforma judicial, incluida en el “Plan C” por el que votamos más de 35 millones de mexicanas y mexicanos, busca conjuntar el principio de legalidad con la justicia social, las capacidades técnicas de los operadores judiciales con el imperativo ético de orden constitucional que rige a todo servidor público y lo constriñe a actuar en beneficio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Finalmente, en esta misma tónica, resulta imprescindible revisar el artículo 27 constitucional con miras a reconocer y garantizar plenamente la propiedad social como bastión de la soberanía y el desarrollo nacionales en un contexto global de reconfiguración de las estrategias imperiales de acumulación de capital donde el Gobierno de México estará llamado nuevamente a defender los intereses del pueblo de México, su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.