TV Azteca aseguró que el pago impuestos está basado en "una estimación de base ilegal e injusta”, por lo que recurrirá a instancias internacionales.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a TV Azteca pagar más de 2 mil 447 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La decisión se tomó en la Primera Sección de la Sala Superior del TPJA y fue por unanimidad en torno al proyecto del magistrado Carlos Chaurand Arzate.
Con ello, la televisora deberá pagar el ISR, multas y recargas al SAT por las ganancias derivadas de una venta de acciones.
“De acuerdo a que con la mecánica del procedimiento para calcular la ganancia o pérdida por la venta de acciones, la actora no logra desvirtuar lo resuelto por la autoridad y por ende se confirmó que no cumplió con lo que refiere a la fracción III del artículo 24 e la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que la accionan adicionó, para efecto de determinar la ganancia o pérdida de la enajenación de acciones, pérdidas que no fueron obtenidas por las personas morales emisoras de las acciones”, detalló el magistrado sobre el tema.
El caso se remonta a abril de 2016, cuando el SAT determinó un crédito fiscal a TV Azteca por una cantidad de 2 mil 447 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, multa y recargos, por lo que la televisora se amparó ante el Poder Judicial y le pidió resolver el tema.
La defensa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego buscaba deducir las pérdidas que no estaban inmersas en la operación inicial, sin embargo, con la determinación del TPJA, ahora deberá pagar.
Luego de conocer la determinación del TFJA, la televisora informó que recurrirán a múltiples instancias con el fin de dirimir sus diferencias con las autoridades fiscales.
“En Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia; hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno respecto al libre mercado y el Estado de Derecho”, puntualizó en un comunicado.
Además, aclaró que dicho proceso legal tiene más de una década en litio, y consideraron que la media se basa en “cobros erróneos y excesivos, mismos que parten de una estimación de base ilegal e injusta”
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