La reforma judicial va: Corte determina que necesitan 8 votos para anularla
Se rompió bloque de 8 ministros contra reforma judicial, pues Pérez Dayán se posicionó en contra del proyecto de Alcántara Carrancá.
Se rompió bloque de 8 ministros contra reforma judicial, pues Pérez Dayán se posicionó en contra del proyecto de Alcántara Carrancá.
La reforma judicial va: esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que ante los recursos presentados contra la misma, se requieren de 8 votos de ministros y no seis, pero dicho bloque ya se rompió con el apartamiento que hizo Alberto Pérez Dayán.
Es decir, esta tarde ha ganado la denominada cuarta transformación y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Horas atrás, el ministro Alberto Pérez Dayán se posicionó en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Previamente, el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está cometiendo una falta al poner en análisis de la reforma constitucional al Poder Judicial y adelantó que su gobierno ya cuenta con un plan en caso de que las y los ministros decidan a favor o en contra de invalidarla parcialmente.
¿Qué discutió la Suprema Corte?
Lo que se discutió es el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual propone anular la elección popular de jueces y magistrados, mientras que da luz verde a las elecciones de ministros (ahora serían nueve en lugar de 11).
En principio, la ministra presidenta Norma Piña advirtió que “cualquier decisión que tomemos será retomada por los libros de historia de nuestro país”.
Además, aseveró que “es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social; también es cierto que no son pocas las decisiones que, desde aquí, se toman y transforman la realidad de las personas“.
“Tampoco son pocas las decisiones que, muy a nuestro pesar, dividen a la sociedad a la que nos debemos, ésa es la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no sólo a éste, sino a todos los tribunales constitucionales del mundo”, apuntaló Piña Hernández.
“Sin embargo, el caso que nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras“, advirtió.
La ministra Lenia Batres insistió en aplazar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero el resto de la mayoría de los ministros no está de acuerdo con ella, y por 9 votos decidió continuar con la discusión del mismo.
En un amplio discurso posterior, la ministra Batres enfatizó que “la Constitución no se negocia ni se somete a la revisión discrecional y arbitraria de un puñado de funcionarios”.
En el mismo sentido, la ministra Yasmín Esquivel llamó a que no haya confrontación entre los tres poderes de la unión y pidió respetar a quienes son electos por el pueblo, como el Ejecutivo y el Legislativo.
Se rompe bloque de 8 ministros contra la reforma judicial
El ministro Alberto Pérez Dayán se posicionó en contra del proyecto del ministro González Alcántara. Con ello, se rompió el bloque de 8 ministros. Y agregó que no es ajeno a las consecuencias de la reforma cuestionada, pero no puede responder con una insensatez a otra insensatez.
En su argumentación, indicó que “no estoy de ninguna manera ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada principalmente en el ámbito público de la seguridad jurídica, en el tema de la división de poderes y en los principios de la independencia judicial, tampoco las que producirá en el ámbito personal de los juzgadores la afectación concreta a miles de personas que con su ejecución verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa”.
“Finalmente, y esto es muy importante para mí, expreso que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, es así ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales, por eso precisamente estamos aquí discutiendo“, apuntó.
“Concluyo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es en mi concepto total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer conforme a los precedentes a los que me he referido, por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta, sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada y responsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad“, concluyó.
Ante ello, la ministra Norma Piña dijo que “nada más en cuestión de orden, es cierto que en el capítulo de legitimación el proyecto adquiere consideraciones en cuanto el requisito material de impugnación de que todas las demandas quedó acreditado estos requisitos, porque la reforma constituye normas generales, porque el decreto impugnado es de naturaleza electoral y porque las reformas constitucionales impugnadas constituyen ley en materia electoral de carácter federal. Lo plasma así el proyecto en el capítulo de legitimación, pero lo que usted está haciendo valer es una causal de improcedencia propiamente, y aquí estamos analizando legitimación de los actores”.
Tras ello, Pérez Dayán aclaró “desde mi intervención que correspondería estudiar única y exclusivamente legitimación, pero en este en este capítulo se dice en el punto 40, que una nueva reflexión lleva considerada a este Alto Tribunal, independientemente de lo que se hubiera resuelto en las reclamaciones 8 y 9 de 2016, que se está frente a una cuestión que puede ser analizada”.
“Este es un tema que, si bien se relaciona con las improcedencias, da por sentado y si se llega al aceptar este tribunal arriba una nueva reflexión con la que yo no estoy acuerdo”, acotó.