La política ‘abrazos, no balazos’ depreda empresas y fortalece al crimen: exdirector del CISEN

La estrategia de seguridad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de ‘abrazos, no balazos’ no ha sido efectiva y ha permitido que los delincuentes operen impunemente en el país, aseguró Guillermo Valdés Castellanos, socio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) y exdirector del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

“Esta política pasiva de pura con la que pretenden que con la simple presencia de la guardia los criminales dejen de actuar es una ilusión fallida”, indicó Valdés Castellanos en entrevista con La-Lista

“No sólo no han impedido que la violencia siga a niveles muy elevados, el mensaje implícito es invitarlos a que actúen con impunidad porque no los van a perseguir”, abundó.

En la reciente encuesta Situación y Perspectivas Políticas de GEA se señala, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que la extorsión ha sido uno de los principales delitos cometidos en contra de comercios, industrias y empresas de servicios de todos los tamaños.

De acuerdo con la encuesta, en 2019 se registraron 912 mil casos de extorsión, lo que representa una tasa de mil 800 empresas extorsionadas de cada 10 mil.

Guillermo Valdés destacó este delito no sólo afecta la seguridad de las personas y las empresas, sino también generan un impacto económico importante.

“Estamos viendo la expansión de esta lógica criminal de depredar a las empresas, porque todos los delitos de los que fueron víctimas en 2019 le significaron un costo de 358 mil millones de pesos, que era 1.9% del PIB de ese año”, remarcó.

El exdirector del CISEN mencionó que las familias también ha sido víctimas de este tipo de delitos en contra de su patrimonio, con un costo económico de 277 mil millones de pesos.

“Estamos hablando de dinero que se apropian estas organizaciones gracias a esa política permisiva del gobierno del presidente, López Obrador”, sostuvo.

Según el investigador, las denuncias de extorsión a nivel nacional se han duplicado en lo que va de 2022, lo que apunta que, en la próxima encuesta de victimización de empresas del INEGI, los datos del impacto económico a las empresas serán mayores a causa del crimen organizado.

En ese sentido, adelantó que este problema podría traer más pobreza a nuestro país ya que las empresas prefieren cerrar para no pagar extorsión, lo que genera mayor desempleo.

“Muchos negocios optan, para no pagar la extorsión, cerrar por completo. A los pequeños y micronegocios no les alcanza con los ‘impuestos’ del 20 y 30% que les ponen los criminales para operar, por lo que deciden dejar de trabajar y se van a Estados Unidos”, dijo.

Para Valdés Castellanos otra de las consecuencias que ha traído consigo la política de ‘abrazos, no balazos’ es la captura de las instituciones del Estado por parte de las organizaciones criminales para ponerlas a su servicio y facilitar sus actividades delictivas.

“Una vez que se garantizan controlar y apropiarse las instituciones políticas, la policía y de muchos funcionarios de las procuradurías, entonces su actividad económica delictiva se hace con total impunidad y no sólo tienen el empacho de robar y extorsionar, sino que se dedican a controlar las actividades económicas legales”, enfatizó.

“Ya no se contentan con extorsionar a todo mundo, sino además deciden quién vende, quién no vende y ponen sobreprecios a los productos. Así se complementa la lógica de control de autoridades y policías con la lógica de vulnerar y apropiarse el patrimonio de los ciudadanos. Eso es lo terrible que está pasando con esta política fallida de abrazos, y no balazos”, añadió.

El socio de GEA detalló que uno de los casos más graves de esta situación fue cuando miembros del Cártel de la Familia Michoacana en Valle de Bravo amenazó de muerte a la candidata a la presidencia municipal de dicho municipio Zudikey Rodríguez Núñez, del PAN-PRI-PRD, para que dejara de hacer campañas, lo que permitió que ganara la aspirante de Morena, Michelle Núñez Ponce, ya que la morenista “era la preferida” por este grupo criminal.

“Valle de Bravo se ha convertido en un mini estado mafioso, la Familia Michoacana controla los mercados, los expendidos de pollo, los constructores, los camiones de carga, los mineros, operadores del transporte público, a los lancheros, a los gasolineros, restauranteros y hoteleros”, indicó.

El CISEN desapareció con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y ahora opera un Centro Nacional de Inteligencia.