El proyecto que será discutido en la SCJN propone invalidar el artículo que faculta a Sedena ejercer el control de la Guardia Nacional.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El proyecto que será discutido en la próxima sesión de la SCJN propone al Pleno de la Corte invalidar el artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), mediante el cual se faculta a la Sedena a ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
“Se declara la invalidez del artículo 29, fracción XVI, fracción IV, en su porción normativa ‘y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;’ de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, indica el proyecto que hizo público la SCJN.
El ministro apunta que “la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional. En este sentido, el artículo 129 constitucional reza que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y, en ese sentido, por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles. Sólo ante una habilitación constitucional o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previsto en el artículo 29 constitucional, la Fuerza Armada permanente puede colaborar en labores de seguridad pública, atendiendo a las salvaguardas ya mencionadas“.
Además, “la Fuerza Armada permanente sólo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad“.
Se prevé que la declaratoria de invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El proyecto señala que “la Guardia Nacional ha quedado desnaturalizada por la transferencia en el mando y control de la Secretaría del ramo de la seguridad pública a la del ramo de la defensa“.
La Corte constató que el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón constante en México desde el año 2006.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que el proyecto hace una defensa sólida y valiente de la vía civil en seguridad y pone límites a la militarización.
“Celebramos el contenido del proyecto, esperamos que la mayoría lo respalde”, indicó el centro.
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