Las organizaciones alertan que, de aprobarse esta reforma, afectaría los derechos humanos y la igualdad de género en México.
Fotografía: Archivo/ Presidencia de la República.
Por tratarse de un “importante retroceso democrático”, más de 500 organizaciones de la sociedad civil le exigieron al Congreso que no apruebe la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la que se pretende suprimir 18 unidades administrativas y pasar sus funciones a secretarías de Estado.
A través de un comunicado, rechazaron el argumento del presidente en la propuesta de que esta iniciativa busca “eliminar la dispersión de recursos públicos”. Al tiempo, señalaron que dichos organismos que buscan desaparecerse son de vital importancia para el país, por lo que deberían fortalecerse.
“No hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte presupuestal. Por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados y por ningún motivo deben fusionarse ni desaparecer”, apuntaron en el comunicado difundido en redes sociales.
Las organizaciones firmantes alertaron que, de prosperar esta iniciativa de reforma de AMLO en el Poder Legislativo, afectaría el principio pro-persona establecido en la Constitución, así como los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y a las poblaciones más empobrecidas.
“Las organizaciones civiles impulsaron la creación de muchos de estos organismos y siguen trabajando por estos grupos de población y estos temas centrales, asumiendo responsabilidades que les tocan a las instituciones públicas”, indicaron.
“Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa, por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por años”, destacaron.
En ese sentido, remarcaron que muchos legisladores y funcionarios públicos de la actual administración abogaron por la creación de estas unidades administrativas por “el gran valor social que generan”.
“Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de las personas en peligro de muerte o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes”, señalaron.
“Por eso dichos organismos fueron aprobados por consensos partidistas y con amplia participación ciudadana, en cumplimiento de obligaciones ilegales de derechos humanos del Estado Mexicano”, subrayaron.
Por otra parte, también criticaron el incumplimiento del Senado de la República y del presidente López Obrador en nombrar a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), razón por la cual dicho organismo está paralizado.
“Es ilegal, falta a la ética pública y a los compromisos de los partidos el no garantizar a la ciudadanía su derecho de acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales”, sentenciaron.
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