El presidente se lanzó una vez más contra los ministros de la Suprema Corte después de que invalidaron su decreto sobre megaproyectos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera. Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes 23 de abril que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está al servicio de la “oligarquía” y que no defienden la Constitución, luego de que el máximo tribunal invalidó el decreto por el que se reservaba información de obras públicas de importancia nacional.
El mandatario federal refirió que ya era de su conocimiento que la Suprema Corte tenía la intención de frenar las megaobras de su gobierno en el sureste del país, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“A la Corte ya la perdimos, yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada está al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que se conoce como la oligarquía”, expresó el presidente en su conferencia de prensa matutina.
López Obrador acusó que el Poder Judicial simula la impartición de la justicia y no tiene interés hacia las acciones en beneficio del pueblo, por lo que, insistió, hace falta reformarlo.
Asimismo, señaló que todos los amparos que se han presentado por dichas obras ─incluso por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles─ son promovidos por un grupo vinculado a los propios ministros.
“(Los ministros) no defienden las Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Tan no la defienden, que ellos la violan, tan claro que hay un artículo en la Constitución, el 117, que dice que ningún funcionario debe ganar más que lo que gana el presidente, y ellos ganan cuatro o cinco veces más que yo”, comentó el mandatario.
“Ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución, entonces que no vengan con demagogia”, agregó.
Las declaraciones del presidente López Obrador se dan después de que, este 22 de mayo, el pleno de la SCJN determinó invalidar en su totalidad el decreto de 2021 y por el cual se permitía a las dependencias federales reservar información pública de los megaproyectos de la actual administración, al catalogarlos como “seguridad nacional e interés público”.
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