Guerrero, centro de numerosos enfrentamientos violentos recientes, es uno de los estados con presencia y control de grupos delincuenciales.
Imagen del control del crimen organizado en cuatro estados de México. Fotografía: Facebook/ Guardia Nacional.
Organizaciones del crimen organizado tienen control y mantienen enfrentamientos abiertos contra autoridades civiles en Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, de acuerdo con el Primer informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
Según este documento, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), los grupos delincuenciales que “atentan contra el Estado de Derecho” utilizan el apoyo de “su base social” en estos enfrentamientos contra elementos de seguridad desplegados en los estados anteriormente mencionados.
“El Ejército realiza operaciones militares con 2 mil 714 elementos desplegados en áreas geográficas específicas donde la delincuencia organizada mantiene confrontaciones abiertas en contra de autoridades civiles y militares, atentando contra el Estado de Derecho y las instituciones legalmente constituidas, contando en algunos casos con el apoyo de su base social”, señala el documento presentado ante el Senado de la República en mayo pasado.
Actualmente, el Ejército Mexicano realiza cuatro operativos regionales en estos cuatro estados con un despliegue de casi tres mil elementos en total, con el objetivo de hacer frente a estas organizaciones criminales.
Sin embargo, el operativo en Guerrero es el que cuenta con el menor despliegue de militares, pese a ser el centro de recientes enfrentamientos violentos entre autoridades y pobladores, además de que la alcaldesa de la capital, Chilpancingo, fue capturada en una reunión con líderes de un grupo criminal conocido como “Los Ardillos”.
“Estas operaciones tienen como propósito salvaguardar el orden interno, garantizar la seguridad de la población y de las instituciones mediante el debilitamiento de las organizaciones delictivas y restándoles influencia con la base social”, destaca el informe.
“Además, el Ejército Mexicano ha implementado diversos mecanismos de seguridad en coordinación con las autoridades de los tres órganos de gobierno, orientado a disminuir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada”, añade.
Este documento forma parte de una serie de obligaciones de las autoridades de seguridad, tras la reforma al artículo 5 transitorio constitucional en materia de Guardia Nacional, con el que se extendió la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública hasta 2028 para ayudar en el desarrollo de la Guardia Nacional.
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