Ahora va la Consejería Jurídica de Presidencia contra Xóchitl Gálvez

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República señaló a la senadora panista y aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, de ser parte de quienes “obstaculizaron el debate parlamentario” durante la aprobación de la llamada “Ley Fentanilo”, en el Senado, y que la oposición impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”, expresa a través de un comunicado.

A pesar de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República también está sujeta a las medidas cautelares dictadas por el INE al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su comunicado menciona en tres ocasiones a la senadora Xóchitl Gálvez, y agrega dos fotografías: una donde aparece encadenada a la mesa directiva del Senado, y otra acostada en el suelo junto a los senadores Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero.

“Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”.

Este martes, la Consejería Jurídica reactivó actividades, luego de un periodo vacacional del 14 al 31 de julio, y con lo que justificó el no recibir la notificación de las medidas cautelares dictadas por el INE al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En torno a la impugnación de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, la Consejería Jurídica considera que declarar su invalidez sería “un daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias”.