El ahijado de Lorena Cuellar es además deudor alimentario. A pesar de ello, Luis Antonio Ramírez Hernández es el nuevo secretario de Gobierno
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, nombró a su ahijado, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, como secretario de Gobierno, luego de que el 31 de octubre entraran en vigor modificaciones a la constitución de la entidad realizadas hace una semana, que permiten que dicho cargo sea ocupado por cualquier ciudadano nacido en territorio mexicano.
Luego de que el martes fueran publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala ocho modificaciones constitucionales que el pasado jueves avalaron los diputados locales y respaldadas por 32 ayuntamientos, entre ellas la que quita a los tlaxcaltecas la exclusividad para ocupar ese cargo, la gobernadora Lorena Cuéllar le tomó protesta a Ramírez en ceremonia realizada el 1 de noviembre en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, a puerta cerrada.
La reforma señala que cualquier persona que haya nacido en alguno de los 32 estados del país, y que tenga una residencia, domicilio o vecindad en Tlaxcala de cuando menos tres años anteriores al día de la designación, puede convertirse en secretario de Gobierno de Tlaxcala.
Anteriormente la legislación establecía que uno de los requisitos para ser secretario de Gobierno era ser de nacionalidad mexicana y tlaxcalteca; además de que exigía una residencia en el estado mínima de siete años anteriores al día de la designación.
Luis Antonio Ramírez Hernández, quien se desempeñaba como secretario de medio ambiente en el gobierno de Lorena Cuéllar, y ahora es secretario de Gobierno, cuenta con antecedentes de ser deudor alimentario. A pesar de que que Ley 3 de 3, prohíbe que deudores alimentarios puedan participar en el servicio público, Ramírez se mantiene en la administración local.
El funcionario fue denunciado por su ex esposa en 2022 por incurrir en actos ilegales para evitar pagar la pensión para su hijo.
En entrevista para Apro, Tania González, ex pareja de Ramírez, explicó que el funcionario se reducía el salario, entre otras argucias legales, para evitar su responsabilidad del pago de la pensión que había sido ordenada por un juez.
Detalló que un juzgado familiar de Morelos ordenó retener el 35 % del sueldo del funcionario para cubrir las necesidades de su hijo, pero que Luis Ramírez utilizó sus conexiones políticas para incumplir su responsabilidad de manutención. Su denuncia fue respaldada por el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios.
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