AMLO propone desaparecer el INAI, IFT, Coneval, Cofece y otros organismos autónomos
Fachada del INAI. Foto por Canal del Congreso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso desaparecer organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). 

La iniciativa de AMLO propone regresar las atribuciones de estos organismos a las dependencias que contaban con dichas facultades anteriormente.

La propuesta de reforma de AMLO argumenta que la creación de los órganos constitucionales autónomos se caracteriza, entre otras, por las notas siguientes:

  1. Desmantelamiento del Estado. 
  2. Privatización del derecho público.
  3. Desmantelamiento del estado de bienestar. 
  4. Subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos de América. 

Entre los cambios que se proponen para la Constitución está que el artículo 6 quede de la siguiente manera:

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.

La iniciativa de AMLO indica que “la tendencia a crear organismos descentralizados de las últimas administraciones no ha implicado de facto un proceso de descentralización, sino de desconcentración administrativa. La única reforma descentralizadora que se aprobó en los últimos 40 años fue la reforma al artículo 115 constitucional de 1999, que trasladó al municipio algunas facultades, como el desarrollo urbano y de seguridad pública. No obstante, su evaluación no ha sido positiva dado que mantuvo centralizada la captación de recursos fiscales”.

“Además, los organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos, en vez de consolidarse como entidades técnicas e imparciales, fueron creados para garantizar intereses privados de diversa índole en su beneficio, lo que fue evidente en distintos casos en que surgieron a partir de la separación de funciones de alguna secretaría, sin relación con necesidades de la sociedad. Incluso, en varios casos, su objetivo fue expresamente clientelar, es decir, existieron órganos creados deliberadamente para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”, sostuvo.

El INAI ya se pronunció sobre esta iniciativa de AMLO y apuntó que “analizará detalladamente la iniciativa de reforma que atañe a este organismo garante, presentada por el Presidente de la República, en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución, así como las acciones que determine emprender, conforme a sus atribuciones constitucionales”.

“Mientras tanto, manifiesta su apertura al diálogo y su interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, independiente de los poderes públicos, que garantice la vigencia, ejercicio y tutela efectiva de los derechos humanos referidos”, expuso.

“Asimismo, el Pleno expresa su disposición para identificar los aspectos de la legislación secundaria que deben ser revisados y actualizados, con el objeto de mejorar el desempeño del organismo, así como el cumplimiento de las obligaciones que tanto los entes públicos, como privados tienen en relación con los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.

Pero sostuvo que “las funciones del INAI no pueden quedar sujetas a ningún poder público o ente que tenga otra función constitucional”.

“Por lo tanto, ni la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo y está destinada a auditar a todos aquellos que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública que, por depender del Poder Ejecutivo, la convertiría en juez y parte cuando al Gobierno se le exigiese alguna información, podrían asumir las funciones que actualmente tienen el organismo garante, pues la protección efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con perspectiva garantista, como lo hace el INAI”, aseveró.

“Con esta propuesta de reforma que el titular del Ejecutivo entregó al Poder Legislativo en su paquete de iniciativas, el Pleno del INAI da por hecho que se trata de propiciar el diálogo, la conformación de consensos y la deliberación pública, que deben caracterizar a un régimen político en el marco de un Estado constitucional y democrático de Derecho”, finalizó sobre la reforma de AMLO.

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