ONG’s vapulean reforma de AMLO para dar control de la Guardia a Sedena

El colectivo Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional vapulearon la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para otorgar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Estamos frente a una militarización total de la seguridad pública a nivel federal, una medida que socava los principios fundamentales de una sociedad democrática, las obligaciones de México con la comunidad internacional, particularmente en cuanto a la seguridad ciudadana, la división de poderes, la rendición de cuentas y la prohibición de la arbitrariedad”, sostuvieron.

“La propuesta de integrar la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es un golpe devastador a la autonomía la profesionalización de las fuerzas policiales civiles, al convertir a esta institución en una extensión del ejército, se pervierte su función original, desviándose de su propósito de servir y proteger a la ciudadanía desde una institución civil para convertirla en un instrumento de guerra. La militarización de la Guardia Nacional no solo afecta la labor de prevención, investigación y persecución del delito, sino que también distorsiona el sistema de justicia al someterla a un régimen disciplinario militar”, abundaron.

Por su parte, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) manifestó una preocupación profunda por los riesgos que la militarización permanente de la seguridad pública implica para los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho en México.

“La seguridad de México no puede depender exclusivamente de soluciones militares; requiere de un enfoque integral que fortalezca las instituciones civiles, promueva la justicia y proteja los derechos humanos. La iniciativa plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la seguridad y la democracia en México, haciendo eco de la necesidad imperante de diálogo, transparencia y participación ciudadana en las decisiones que moldearán el país para las generaciones futuras”, anotó.

“La militarización plena de la seguridad pública en México conlleva una serie de riesgos y peligros para la población civil, que van desde el debilitamiento de la protección de los derechos humanos hasta el aumento de la violencia y la impunidad. A continuación, se detallan algunos de los principales riesgos asociados a esta política:

• Violación de derechos humanos: La presencia militar en labores de seguridad pública aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Las fuerzas militares, entrenadas para el combate en contextos de guerra, pueden carecer de la capacitación y la sensibilidad necesarias para interactuar con la población civil de manera respetuosa y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
• Impunidad: La militarización de la seguridad pública puede fomentar la impunidad al someter las acciones de las fuerzas armadas al fuero militar, que históricamente ha mostrado ser menos transparente y efectivo en la investigación y sanción de abusos cometidos por militares contra la población civil. La falta de rendición de cuentas puede generar un clima de permisividad y tolerancia hacia conductas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.
• Aumento de la violencia: Contrario a lo que se podría esperar, la presencia militar en tareas de seguridad pública no necesariamente conduce a una disminución de la violencia y la delincuencia. Por el contrario, la militarización puede exacerbar la violencia al intensificar los enfrentamientos armados con grupos criminales y generar un clima de confrontación y hostilidad en las comunidades afectadas. Además, la militarización puede desplazar y deslegitimar a las instituciones civiles encargadas de la prevención y el combate del delito.
• Impacto en la vida cotidiana: La presencia constante de militares en las calles puede generar un ambiente de intimidación y miedo entre la población, especialmente en aquellas comunidades más vulnerables y marginadas. La militarización puede afectar la vida cotidiana de las personas al limitar su libertad de movimiento, generar tensiones sociales y culturales, y dificultar el acceso a servicios básicos como la educación y la salud.
• Desconfianza en las instituciones: La militarización de la seguridad pública puede minar la confianza de la población en las instituciones del Estado y en el sistema de justicia, al asociar la protección y el orden público principalmente con la fuerza y la coerción. Esta desconfianza puede alimentar la percepción de que el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos de manera legítima y democrática, lo que socava la legitimidad de las autoridades y el estado de derecho en general.

Esta reforma de AMLO para dar control de la Guardia a la Sedena ya había sido aprobada por el Congreso -gracias a la mayoría que tiene Morena-, pero fue sepultada por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ahora en este nuevo periodo legislativo, AMLO lo intenta de nuevo.

La reforma de AMLO tiene por objeto “fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos en su territorio. Para ello, se propone reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente, que cuenta con personal de origen y cuya disciplina, formación y adiestramiento son de igual calidad que la que tienen las fuerzas castrenses, con una profesionalización, valores y filosofía de carácter estrictamente policial que garantiza la seguridad pública con respeto irrestricto a los derechos humanos, acordes con la normativa nacional y estándares internacionales en la materia, por lo que se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional”.