Reforma judicial dejaría para después modificaciones en procuración de justicia

A pesar de que México cuenta con una impunidad del 99% y que la probabilidad de que se resuelva un asunto es el 1 %, el dictamen de la reforma al Poder Judicial no incluiría aspectos de seguridad y procuración de justicia, pues se trabaja en una reforma profunda en la materia que, de acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, no está contemplada en dicha modificación constitucional.

“En materia de seguridad pública estamos junto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia que no está contemplado en la iniciativa enviada por el presidente de la República (...) No sabemos si podamos incluirlo en la próxima discusión sobre esta iniciativa, porque es un tema profundo”, señaló.

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En el marco del noveno diálogo nacional para la reforma al Poder Judicial, en Culiacán, Sinaloa, cuyo tema fue “Impartición, procuración de justicia y seguridad pública”, el morenista explicó que el proyecto en materia de procuración de justicia contempla modificaciones al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, hasta la relativa a la extinción de dominio. Asimismo, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, también sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento forzado de personas a las filas del crimen organizado.

También reformas a la Ley de Migración, a la Ley General de Salud y a la Ley de Amparo, a la de delincuencia organizada o el Código Penal Federal en distintas vertientes.

“Es decir, es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del ministerio público o fiscal general de la República”, dijo.

Una de las principales solicitudes los nueve foros llevados a cabo en torno a la iniciativa de reforma fue que se voltee a ver a las fiscalías locales, pues el 95 % de los casos en el Poder Judicial son el ámbito local, y operan sin recursos suficientes.

Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de proyectos de la organización Impunidad Cero, destacó que trabajan incluso sin papel o tinta para impresoras, por lo que se requiere dotarlas de mayor presupuesto.

“Sólo el 5 % de los casos en materia penal son del ámbito federal. El 95 % es de ámbito local. Así que tenemos que voltear a mirar a las fiscalías y los poderes judiciales locales. No podemos hablar de una carpeta de investigación que vaya a un juez de control si esa carpeta no está debidamente integrada”.

A nivel federal, Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía de Control Regional de la FGR, consideró que la problemática en las fiscalías no es sólo de organización sino de gestión: “en miles de casos los procesados quedan en libertad simplemente por las demoras”.

“Tenemos miles de procesos penales que exceden los plazos judiciales de más de un año para ser juzgados, y eso hace que en miles de casos queden en libertad por las demoras, los aplazamientos, los retrasos en la generación de las audiencias implican el vencimiento del plazo de los dos años que la constitución establece como límite para poder tener en prisión preventiva a una persona”.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien envió un video que fue transmitido en el foro, aseguró que hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad.

Puso como ejemplo los casos de Abraham Oceguera “Don Rodo”, hermano de “El Mencho”;Luis Antonio Yepez, hijo de “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima; y Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.

También el caso de José Alberto García alias “La Quena”, líder del Cártel del Golfo; y Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue agente de investigación del CISEN, señalado como probable segundo tirador en el caso Colosio, y no pudo ser detenido porque el 5 de enero de este año un juez federal negó la orden de aprehensión en su contra.

Casos relevantes, dijo, que “evidencian impunidad solapada por juzgadores, quienes además aplican el clásico ‘sabadazo’ para dificultar la actuación de las autoridades y tratar de hacer menos visibles sus decisiones”.

Marlene Ángeles Tovar, representante de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, rechazó haber llegado a su cargo a través de nepotismo y explicó que lo ha logrado a través de exámenes y concursos muy rigurosos.

“La voluntad expresada en las urnas fue que los mexicanos quieren una mejor justicia, pronta, expedita y de calidad. ¿Cómo vamos a cumplir con ese mandato? Nosotros somos de carrera judicial y pasamos por exámenes muy rigurosos”.

A partir de este viernes 9 de agosto, la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzará a dictaminar la reforma al Poder Judicial, luego de que este jueves se realizó el último diálogo nacional sobre el tema.