Senado aprobó contrarreforma energética, con ausencias del PAN; es ‘terrible’, califica PRI

El Senado de la República aprobó la contrarreforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética.

La votación quedó así: 86 senadores a favor y 38 en contra, así como una abstención, pues hubo ausencias del PAN que aún no han sido explicadas.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, publicó en su cuenta de X que “una vez más, los 15 senadores del PRI presentes y unidos, siendo el ÚNICO partido de oposición que votó TOTALMENTE EN CONTRA de la terrible reforma energética. ¡El PRI está firme en la defensa del pueblo de México, haciendo frente a la destrucción que Morena está cometiendo!”.

Anoche, la contrarreforma energética se aprobó en lo general, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención.

El bloque mayoritario (mayoría calificada) ya quedó firme con los senadores de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el voto del expanista Miguel Ángel Yunes Linares, quien saltó de una bancada a otra justo en el momento de la votación de la reforma judicial.

En un comunicado, el Senado informó que esta contrarreforma energética busca “proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de internet al menor precio posible”.

Senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos.

De esta manera, la contrarreforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, por lo que ya fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración, pues es un requisito constitucional que sean aprobadas por la mayoría de los congresos estatales (17), para que esta pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación por la titular del Ejecutivo.

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Con los cambios, se destaca en el dictamen, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.

Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.

La contrarreforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.

Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.

Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, expresó que el proyecto “da pasos firmes” para la recuperación de la soberanía energética del país, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE, “para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”.

Por Acción Nacional, Imelda Sanmiguel Sánchez aseguró que la contrarreforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”.

Mely Romero Celis, del PRI, advirtió que Pemex y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que “mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”; consideró, por tanto, que esta contrarreforma energética únicamente “subsidia la ineficiencia” y es un “retroceso disfrazado de progreso”.

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Virgilio Mendoza Amezcua, del PVEM, acusó que la reforma energética del 2013 dejó a ese sector “debilitado, endeudado y a merced de intereses económicos”, por lo que esta nueva enmienda permitirá corregir errores del pasado, impulsar todo el potencial de Pemex y la CFE, desarrollar el servicio de Internet y aprovechar el litio, todo ello en beneficio del pueblo.

Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, rechazó que la enmienda cierre la colaboración de la iniciativa privada para resolver el problema energético del país: “las puertas, incluso, están abiertas para el capital extranjero”, añadió; no obstante, enfatizó que sí se garantizará que el Estado mexicano conduzca los sectores eléctrico y petrolero, pues no pueden depender de privados.

Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich calificó la enmienda de “regresiva, contaminante y obsoleta”, entre otros factores, por omitir la transición a combustibles limpios; en ese sentido, subrayó que, aunque la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y costos, es necesaria para contribuir a la salud pública, particularmente la de las futuras generaciones.

El pleno senatorial también aprobó la licencia que solicitó el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta a Tabita Ortiz Hernández como senadora de la república.

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(Con información del Senado de la República)