Diputados avalan reforma que limita al INE en cobro de multas

La Cámara de Diputados aprobó el martes, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 23 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de disminución de montos por infracciones que impone el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con ello se establece que el límite que la autoridad electoral podrá deducir por concepto de sanciones, que dependerá de la gravedad de la falta, será del 25 por ciento de la ministración del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.

De esta manera el INE no podrá reducir y/o retener más del 25 por ciento de la ministración mensual del financiamiento público ordinario que les corresponda, derivada de multas, descuentos, remanentes u otros conceptos.

En lo general, la reforma fue ratificada por 466 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones; en lo particular, con 347 votos a favor, 114 en contra y 25 abstenciones. Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen de la Comisión de Reforma Política-Electoral precisa que las infracciones del INE relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, no se reducirán hasta un 25 por ciento; se mantienen en el 50 por ciento.

Añade que las sanciones por infracciones tienen una función de reparación del daño, como incentivo para detener la repetición de prácticas que dañan la competencia equitativa y mantener una conducta de cumplimiento institucional; pero deben existir límites claros a los montos que pueden ser deducidos al financiamiento público, a fin de no afectar las actividades de los partidos y, como resultado, generar repercusiones negativas en la competencia electoral.

Los partidos políticos, argumenta, son entidades de interés público, por lo que las sanciones del INE no deben ser desproporcionadas; evidentemente, a mayor daño causado por incumplimiento de sus funciones, la sanción se incrementa.

Se debe procurar que una multa desactive, desincentive o remedie conductas de incumplimiento, de acuerdo con la gravedad de los hechos y su afectación; no obstante, se debe proteger que no se generen condiciones financieras desfavorables o adversas a la competencia electoral entre los partidos políticos, de ahí que sea importante contar con límites claros al alcance que las multas y sanciones tienen sobre los recursos de los partidos proveniente del financiamiento público.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Pedro Vázquez González (PT) señaló que se busca que el INE pueda reducir o retener hasta 25 por ciento de la ministración mensual del financiamiento público ordinario a los partidos políticos derivados de multas, descuentos, remanentes u otros conceptos, con excepción de las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres. 

Mencionó que es necesario establecer de manera clara el principio de reserva de ley a este órgano colegiado, dotar al INE de elementos claros y precisos en la aplicación de la norma sin que con ello se violenten los derechos humanos y políticos consagrados en los artículos 1 y 41 de la Carta Magna.

“No podemos ni debemos dejar a interpretaciones parcializadas o con algún grado de subjetividad la imposición de sanciones a los actores políticos y que, por otra parte, pongan en riesgo su deber constitucional de ser promotores de la participación del pueblo en la vida democrática. Debemos dar herramientas a la autoridad administrativa electoral (INE) que le den certeza y legalidad en el desempeño de sus funciones”, añadió.  

En su posicionamiento, el diputado Armando Tejeda Cid (PAN) dijo que es fundamental la lucha que se ha dado en el tema de violencia política de género, “por eso, esa excepción se prevé en el dictamen para prevenir, atender y erradicar la violencia política de género y que sea hasta un 50 por ciento”.

Con información de Notilegis