‘Plan b’: la batalla que sigue es judicial

Con más de 20 impugnaciones hasta el momento, el llamado “plan b” se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial, tanto por la forma en que fue aprobada por el Congreso como por su contenido.

Apenas el miércoles fue aprobado en su totalidad, por lo que las reformas restantes ya pueden ser publicadas por el Ejecutivo y, luego de eso, impugnadas también.

El “plan b” consiste en un paquete de cinco reformas a leyes electorales y la sustitución por una nueva ley respecto a otra ya existente.

Dos de esas reformas ya fueron publicadas: el 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas en materia de propaganda gubernamental, con entrada en vigor inmediata.

Este domingo miles de ciudadanos salen a las calles a manifestar su rechazo a este plan. La principal concentración ocurrirá en el Zócalo de la Ciudad de México, con el ministro en retiro José Ramón Cossío y la expriista Beatriz Pagés como oradores.

Y es que los asistentes saben que la siguiente batalla contra el llamado “plan b” será judicial.

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Hasta mediados de este mes se habían interpuesto 27 recursos en contra del llamado “plan b” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá tomar una posición en las próximas semanas. Por ello, la manifestación de este día es frente a la Corte.

La SCJN deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del “plan b” antes de junio de 2023, pues la Constitución establece que las leyes electorales no deben ser modificadas 90 días antes de un proceso electoral, que en este año inicia en septiembre.

Para invalidar el “plan b” se requeriría que una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en ese sentido.

De hecho esta semana, el ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suspendió la entrada en vigor de la primera parte del “plan b” de la reforma electoral en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, entidades que este año tendrán votaciones. 

Asimismo, Pérez Dayán admitió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), así como de diversos diputados y senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

El “plan b” fue echado a andar por el actual gobierno, luego de no alcanzar la mayoría calificada que requería una reforma constitucional, es decir tres cuartas partes del Congreso.

Lorenzo Córdova, el presidente del INE -–uno de los organismos que ya impugnó el “plan b”–, advirtió en la semana que la aplicación de estas reformas en materia electoral representan un recorte de casi 6 mil empleados y una liquidación para los mismos de 3 mil 500 millones de pesos.

Córdova detalló que en el Servicio Profesional Electoral del INE desaparecería el 84.6% del personal, es decir 2 mil 175 empleos. A eso se sumaría el despido de trabajadores del área administrativa, lo que alcanzaría a casi 6 mil empleos recortados.

Sin embargo, desde Morena niegan que vaya a haber despidos masivos. “Lo único que hace esta reforma electoral ya aprobada por el Poder Legislativo es reducir esa burocracia dorada“, apuntó el diputado morenista Mario Llergo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró un documento donde expone las implicaciones del “plan b” electoral, entre las que se encuentra el riesgo de no tener una buena organización de futuras elecciones por los recortes humanos y económicos que tendría este organismo electoral y sus símiles estatales.

Algunos ciudadanos también se están organizando a través de Uniendo Caminos México, asociación civil de abogados, para interponer cientos de amparos en contra del “plan b”. Hasta el momento son entre 6 mil y 7 mil personas las que han mostrado interés en utilizar este recurso legal, de acuerdo con Joan Ochoa Sada, vocero de la organización.

A mediados de este mes, el juez Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, admitió a trámite una demanda de amparo contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicada el pasado 27 de diciembre, la cual forma parte del llamado “plan b” en materia electoral. 

Así como estos, decenas de recursos serán conocidos por jueces o en su caso llegarán hasta la Suprema Corte. El futuro del llamado “plan b”, después de su publicación, aún no está escrito.

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