Abren investigación contra alcaldesa de Tultitlán por presunta corrupción y nepotismo
A siete meses de haber asumido el cargo, Castro Fernández enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas.

Foto: cortesía.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México inició una investigación formal contra la presidenta municipal de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, y la diputada local Elena García Martínez, por presuntos actos de corrupción, asignaciones irregulares de contratos, desvío de recursos públicos y uso político de funciones públicas.
A siete meses de haber asumido el cargo, Castro Fernández enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas. De acuerdo con reportes, su administración habría entregado contratos por más de 72.7 millones de pesos a través de asignaciones directas y procesos de licitación simulados, con participación de un solo proveedor.
La indagatoria forma parte de la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, derivada de denuncias interpuestas por residentes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3, quienes acusan irregularidades en la adquisición de terrenos en San Francisco Chilpan. Según los testimonios, durante la administración de García Martínez se habrían pagado 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales sin respaldo notarial.
Además, los denunciantes señalaron un pago adicional de cinco millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que se haya formalizado la propiedad de los predios. También expresaron su preocupación por una propuesta que busca renombrar la colonia como “Cuarta Transformación”, lo que, indicaron, podría alterar su identidad jurídica y dificultar la defensa de sus derechos de posesión.
El vínculo familiar entre ambas funcionarias también ha sido objeto de cuestionamientos. García Martínez impulsó la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con versiones locales, al menos tres familiares directos de la actual alcaldesa laboran en el Ayuntamiento, lo que ha generado inconformidad entre sectores sociales y empresariales.
Por otro lado, empresarios locales han expresado inconformidad por presuntas trabas burocráticas, corrupción y falta de certidumbre para la inversión. Las críticas apuntan a que dichas prácticas han afectado la competitividad del municipio, donde el 42 por ciento de la población vive en situación de pobreza.
En paralelo, la inseguridad representa otro foco de tensión en Tultitlán. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 87.3 por ciento de los habitantes del Estado de México perciben su entorno como inseguro, y el municipio se encuentra entre los más señalados en esa estadística.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la Fiscalía ha solicitado auditorías y peritajes financieros para verificar el manejo de recursos públicos durante los años fiscales 2023, 2024 y 2025.