La disputa por una colección de arte expropiada por los Nazis llega a la Suprema Corte de EU

Por Philip Oltermann en Berlín

Una disputa de 12 años por una colección rara de arte medieval eclesiástico que un grupo de corredores de arte judios vendió a los Nazis en 1935 llegará el lunes a la corte más importante de Estados Unidos.

La Suprema Corte escuchará los argumentos orales sobre si los herederos de los corredores pueden demandar en las corte estadounidenses para recuperar los relicarios conocidos como el Tesoro de Guelph o Welfenschatz, de Alemania.

El Tesoro de Guelph, llamado así por la principesca Casa de Guelph en Brunswick-Lüneburg y que contiene 42 objetos hechos entre los Siglos XI y XV, ha estado en exposición en el Museo de las Artes Decorativas de Berlín desde 1963.

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¿Quiénes son los demandantes?

Los demandantes son descendientes de dos hombres que formaban parte del cuarteto de corredores de arte judíos que originalmente compraron el Tesoro de Guelph por 7.5 millones de marcos imperiales en 1929. Aseguran que el consorcio de sus ancestros se vio obligado a vender las obras a un precio reducido de 4.25 millones de marcos imperiales cinco años después, como parte de la campaña de los Nazis para perseguir a la población judía de Alemania y expropiar sus posesiones.

Ellos demandan el regreso del tesoro, que estiman tiene un valor de 260 millones de dólares (5.1 mil millones de pesos).

La Prussian Cultural Heritage Foundation, una fundación semiprivada que técnicamente es propietaria del Tesoro de Guelph, dice que está bajo juramento para cumplir con los principios de Washington sobre el arte confiscada a los Nazis, según la cual, desde 1998, ha restituido 2,000 libros y más de 350 obras por artistas como Edvard Munch, Vincent van Gogh y Caspar David Friedrich.

El Tesoro de Guelph es una historia a parte, según la fundación. Su presidente, Hermann Parzinger, dice que las investigaciones demuestran que el consorcio judío intentó vender los relicarios en Estados Unidos pero tuvieron complicaciones para llegar a un buen precio en un mercado de arte que seguía sufriendo los destrozos de la Gran Depresión de 1929.

La venta de 1935 al estado alemán, argumenta la fundación, fue el resultado de duras pero justas negociaciones por las que también el corredor Saemy Rosenberg recibió artefactos preciados del museo de Berlín, en un intercambio especial para evitar los controles de capital poscrisis

“Nuestra fundación trabaja proactivamente en la restitución desde hace más de 20 años”, dijo Parzinger a The Guardian. “La pregunta clave que hacemos es si acaso alguna pieza de nuestra colección llegó aquí como resultado de la persecución del propietario. El valor artístico del trabajo y su importancia para nuestra colección son irrelevantes en este proceso”.

“Hay pocas obras sujetas a peticiones de restitución cuyos papeles dejan en claro que no las confiscaron como resultado de una persecución como el Tesoro de Guelph. La venta no fue forzada y el precio no fue injusto”.

En 2014, una comisión alemana experta en arte Nazi robada se puso del lado de la fundación de Parzinger y rechazó las demandas de los herederos. No obstante, el caso llegó hasta las cortes estadounidenses por una inusual cláusula en la Ley de inmunidades soberanas extranjeras de Estados Unidos en 1976. Aunque la ley suele evitar que los estados extranjeros y sus agencias sean demandados ante las cortes de Estados Unidos, tiene una “excepción de expropiación” para demandas que impliquen propiedad confiscada “en violación de las leyes internacionales”.

Los demandantes argumentan que la presuntamente coaccionada venta del Tesoro de Guelph fue una violación de las leyes internacionales porque fue parte del Holocausto, que según sus argumentos comenzó con el ascenso al poder de Hitler en 1933, y escaló por etapas hasta la exterminación masiva de judíos en 1939.

Yad Vashem, la institución oficial israelí en memoria de las víctimas del Holocausto, utiliza una definición similar del “periodo del Holocausto”, desde 1933 hasta 1945, aunque un historiador del centro aseguró a The Guardian que aquella no es una definición “legal”.

Distintos escenarios

El abogado de los demandantes, Nicholas O’Donnell, afirmó en octubre que la venta del Tesoro de Guelph fue propuesta por participantes en la misma conferencia que se decidió llevar a cabo la “Solución Final”, y fue decidida y dirigida por el mismo Hermann Göring. “Si tal coacción a vender no es una violacion a las leyes internacionales, entonces nada lo es“.

Dos cortes estadounidenses menores estuvieron de acuerdo con el razonamiento de O’Donnell, por lo que la Prussian Cultural Heritage Foundation apeló la decisión ante la Suprema Corte. Si, como esperan algunos observadores legales, se decide que el destino del Tesoro de Guelph se mantiene como un asunto del poder judicial alemán, podría ser por las preocupaciones de expandir dramáticamente la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos.

Un fallo a favor de los demandantes, asegura Jonathan Freiman, abogado en Estados Unidos de la fundación, podría desembocar en el uso de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras de Estados Unidos para manejar toda clase de disputas internacionales (no sólo las que involucran la restitución del arte o que implican al Holocausto) frente a las cortes estadounidenses.

“Desde hace mucho tiempo Estados Unidos confía en que los países se hagan cargo de sus propios asuntos legales, o en que las disputas se solucionen eficientemente a través de los mecanismos internacionales”, detalló Freiman a The Guardian. “Este fallo podría cambiar las cosas“.

“Le permitiría a los extranjeros utilizar las cortes del país para demandar a sus propias naciones por supuestas violaciones a derechos humanos o leyes de guerra, que sucedieron en dichos países. Y, por supuesto, eso significa un riesgo para las naciones extranjeras que decidan nombrar como imputado a Estados Unidos en sus propias cortes, debido a las propias injusticias históricas que han cometido”.

Tales preocupaciones no provienen sólo de la defensa. Una “lectura expansiva” de la excepción de expropiación, señalada por un juez de una corte menor cuyo fallo está bajo revisión de la Suprema Corte, indica que “probablemente será una enorme presión no sólo para nuestras cortes, sino, en un punto más inmediato, para nuestras relaciones diplomáticas con un gran número de naciones“.

Traducido por Andrés González.