Registros policiales muestran amenazas de muerte a legisladores tras el ataque al Capitolio

El departamento de policía metropolitana de Washington registró amenazas a legisladores e instalaciones públicas a raíz del ataque del 6 de enero al Capitolio, según documentos que se hicieron públicos en un ataque de ransomware en sus sistemas este mes.

Los documentos también muestran cómo, en el mes posterior al ataque al Capitolio, la policía intensificó los esfuerzos de vigilancia, monitoreó reservaciones de hoteles, siguió protestas en otras jurisdicciones y las redes sociales en busca de signos de otro ataque de grupos de extrema derecha contra objetivos en la capital, incluidos eventos en torno a la toma de posesión de Joe Biden como presidente.

La revelación de la seriedad de las amenazas se produce en medio de la oposición republicana a formar una comisión al estilo del 11 de septiembre para investigar el ataque de enero, cuando turbas asaltaron el Capitolio, saquearon en la caza de políticos y que provocó la muerte de cinco personas.

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Los documentos policiales fueron robados y publicados por Babuk, un grupo de ataque de ransomware, y algunos fueron redistribuidos por la organización de transparencia Distributed Denial of Secrets, de donde The Guardian los obtuvo. Varios medios publicaron la semana pasada historias basadas en los datos que muestran que los Boogaloo, grupos de extrema derecha, planeaban atacar varios objetivos en la capital.

Otra colección de documentos llamados “reuniones informativas de inteligencia de los superiores” muestra un amplio esfuerzo interinstitucional en los días posteriores al ataque al Capitolio para identificar sospechosos, monitorear y detener a actores de extrema derecha y anticipar nuevos ataques a Washington en torno a eventos como la toma de posesión de Joe Biden y el segundo juicio político en contra de Donald Trump.

A raíz de los disturbios, la atención de la policía y otras agencias de seguridad se centró en actividades de la extrema derecha en las plataformas de redes sociales, y especialmente en un grupo que se hace llamar Patriot Action for America.

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Un documento del 13 de enero decía que el grupo había estado “pidiendo que otros se unieran a ellos en el ‘asalto’ a juzgados y edificios administrativos del gobierno estatal, local y federal en caso de que POTUS (el presidente de EU) sea destituido como presidente antes del día de la inauguración”.

El boletín también señaló que la agencia se enfrentaba a desafíos más amplios para monitorear a los actores de extrema derecha en los sitios web de las redes sociales, diciendo que “tras el cierre de Parler ha sido un desafío rastrear cómo se planifican las actividades”.

El boletín menciona un “posible segundo sospechoso” en la colocación de bombas de pipa cerca del DNC y RNC (las centrales de los partidos Demócrata y Republicano), quien se “observó en un video explorando y tomando fotografías antes de la colocación (de bombas)”, que luego “tomó el metro hasta la parada de la iglesia de East Falls, desde donde abordó un taxi de Lyft”.

El 12 de enero, un boletín señaló que un agente de la Suprema Corte había notado “dos vehículos detenidos uno al lado del otro” fuera del edificio del tribunal, y que en uno un adulto mayor blanco estaba “grabando en video la valla del Capitolio y el tribunal”, y en el otro, un pasajero estaba “colgado por la ventana para filmar la Corte”.

Una comunicación del 22 de enero menciona que en Pensilvania un hombre fue arrestado después de “transmitir amenazas interestatales a varios senadores del Partido Demócrata”, tras haber declarado que “iba a DC a matar gente y quería que la policía lo matara”. Cuando la policía del estado de Pensilvania lo detuvo “estaba en posesión de un rifle, dos pistolas y una gran cantidad de municiones”.

Un boletín posterior describió un incidente en el que un hombre con un arma de fuego ilegal fue arrestado después de pedir indicaciones para llegar a la “Oficina Oval”, y la camioneta de otro hombre fue registrada después de que se vio sentado en el vehículo estacionado afuera de la casa de la ministra de la Suprema Corte Sonya Sotomayor.

Ese boletín también mencionó que la policía metropolitana estaba cooperando con la policía del Capitolio en la investigación de “una serie de amenazas dirigidas a miembros del Congreso a medida que se acerca el juicio político de Donald Trump en el Senado”.

Las amenazas continuaron por semanas después del ataque.

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Casi un mes después, un boletín informó que “un miembro identificado de un grupo de la milicia” en Texas afirmaba que si su “operación fracasaba en el Capitolio de EU había un ‘plan de respaldo’ que involucraba al grupo que detonó bombas en el Capitolio de EU durante el informe del Estado de la Unión”.

No se nombró el grupo, pero fue descrito como “una gran organización supuestamente con miembros de todos los estados, que incluía a personas que fueron exmilitares y exagentes de la ley“.

Los documentos también revelan cómo los organismos encargados de hacer cumplir la ley aseguraron la cooperación de empresas privadas, desde empresas de viajes compartidos hasta hoteles.

Un boletín incluye la afirmación de que “el FBI (está) trabajando con Lyft y Uber para identificar a los pasajeros hacia y desde los lugares de protesta“.

El mismo documento contiene cifras detalladas sobre las reservaciones en hoteles de la capital, antes de la ceremonia de toma de posesión el 20 de enero, que fue blindada por una movilización sin precedentes de las fuerzas del orden y la guardia nacional.

Dos días después, otro boletín detalló que “la división de inteligencia del departamento de la policía metropolitana (MPD) ha realizado un extenso acercamiento con los directores de seguridad de los hoteles de la zona”, a quienes pidieron que estuvieran “atentos a evidencia de actividad sospechosa y posesión de armas de fuego por parte de los huéspedes del hotel”.