Expertos legales de todo el mundo preparon definición ‘histórica’ de ecocidio
Polly Higgins encabezó una campaña para que se reconociera el ecocidio como crimen en contra de la humanidad antes de su muerte en 2019. Foto: David Levene/ The Guardian

Expertos legales de todo el mundo prepararon una definición histórica de ecocidio con la finalidad de que la adopte la Corte Penal Internacional (CPI) para castigar los enormes daños al medio ambiente.

El proyecto de ley, que se presentó el martes, define ecocidio como “los actos ilegales o sin sentido cometidos con conocimiento de que hay probabilidades sustanciales de daños, severos o extensos, o a largo plazo al medio ambiente causados por esos actos”.

La iniciativa de la Stop Ecocide Foundation se da en medio de preocupaciones por no haber hecho lo suficiente para resolver la crisis ecológica y del clima.

Si la adoptan los miembros de la CPI, se convertiría en la quinta ofensa que procesa la Corte, junto con crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad, genocidio y crimen de agresión. Sería el primer nuevo crimen internacional agregado desde la década de los 40, cuando los líderes nazis fueron procesados en los juicios de Núremberg.

El profesor Philippe Sands QC, de la University College London, quien estuvo a la cabeza del panel que pasó los últimos seis meses trabajando en la definición, dijo: “Los otros cuatro crímenes se enfocan exclusivamente en el bienestar de los seres humanos. Por supuesto que este lo hace e introduce un nuevo enfoque no antropocéntrico, poniendo al medio ambiente en el corazón de la ley internacional, y eso es original e innovador”.

“Para mí, lo más importante sobre esta iniciativa es que forma parte de ese proceso más amplio de cambiar la conciencia pública, reconociendo que estamos en una relación con nuestro ambiente, dependemos de nuestro bienestar en el bienestar del medio ambiente y de que tenemos que usar varios instrumentos, políticos diplomáticos y también legales, para conseguir la protección del medio ambiente”.

Durante décadas se ha discutido una ley de ecocidio y el difunto primer ministro sueco Olof Palme presentó el concepto en la conferencia ambiental de la ONU de 1972 en Estocolmo. Más recientemente, el ecocidio se consideró para la inclusión en el estatuto de Roma de 1998 que estableció la CPI antes de su eliminación. La abogada escocesa Polly Higgins encabezó una campaña de una década para que se le reconociera como un crimen en contra de la humanidad antes de su muerte en 2019.

Los miembros del panel, que también incluyó expertos de Samoa, Ecuador y Estados Unidos, esperan que este sea el momento adecuado para el acuerdo.

La otra copresidenta del panel, Dior Fall Sow, jurista de la ONU y exfiscal de Senegal, declaró: “El medio ambiente se encuentra amenazado en todo el mundo por el daño muy serio y persistente que se le ha hecho, lo cual pone en peligro la vida de la gente que vive allí”. Esta definición ayuda a enfatizar que la seguridad de nuestro planeta tiene que estar garantizada a escala internacional.

“En el contexto actual, donde se hace un serio daño al medio ambiente, cada vez más grave y afecta a una gran número de países, se podría conseguir apoyo para esta nueva definición del crimen de ecocidio. Uno puede pensar, entre otros, en las islas de países en desarrollo que padecen el ecocidio ecológico que cometen las corporaciones”.

Algunos países, como Vanuatu, en el Pacífico, y las Maldivas, en el Océano Índico, hicieron un llamado a una “seria consideración” del crimen de ecocidio en la asamblea anual del CPI de los partidos en 2019.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el Papa apoyan la idea y otros países europeos han expresado su interés.

Se ha criticado al CPI por no investigar los principales crímenes ambientales. En 2016 dijo que iba a revisar los daños existentes, como crímenes en contra de la humanidad, en un contexto más amplio para incluir la destrucción ambiental y el acaparamiento de tierras.

Sands dijo que algunos miembros del panel presionaron para que la definición incluyera explícitamente la mención de cambio climático, pero se rechazó por el deseo de hacer más complicado para los países, y corporaciones, oponerse a la nueva propuesta de ley. En lugar de eso, creó “una definición que incluye los actos más graves pero no las actividades diarias que muchos de nosotros, incluyendo yo mismo, y las regiones y las personas y los países realizamos y que causan un gran daño al medio ambiente a largo plazo”.

Citó los accidentes nucleares que atraviesan fronteras, los derrames de petróleo y la deforestación del Amazonas como ejemplos potenciales de ecocidio, pero en una escala geográfica más pequeña, también la exterminación ilegal de especies protegidas como los dos rinocerontes blancos del norte que quedan.

Jojo Metha, de Stop Ecocide Foundation, dijo que era un “momento histórico” y agregó: “La definición que resulta es una buena propuesta sobre lo que necesita hacerse concretamente para proteger los ecosistemas y lo que es aceptable para los estados. Es concisa, se basa en fuertes precedentes legales y hace un buen tejido con las leyes existentes. Los gobiernos la tomarán en serio y ofrece una herramienta legal aplicable que corresponde a una necesidad real y urgente del mundo”.

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