La red de abogados electorales que dificultan el voto de los estadounidenses

Una poderosa red de abogados electorales conservadores y grupos relacionados con Donald Trump han invertido millones de dólares en la difusión de nuevas y onerosas leyes electorales que han sido aprobadas en estados estratégicos clave como Georgia y Texas.

Dichas acciones han provocado que los organismos de vigilancia electoral y del derecho electoral en Estados Unidos alerten sobre la supresión de los votantes no blancos cuyo objetivo es proporcionar una ventaja a los republicanos en las próximas elecciones.

Los abogados y grupos que encabezan las autoproclamadas medidas de integridad electoral incluyen algunas figuras que promovieron las afirmaciones injustificadas de Trump sobre el fraude electoral después de las elecciones de 2020. Entre los defensores más importantes se encuentran Cleta Mitchell, del instituto Conservative Partnership; J Christian Adams, de la fundación Public Interest Legal Foundation; Hans von Spakovsky, de la fundación Heritage Foundation; Jason Snead, del proyecto Honest Elections Project; y J Kenneth Blackwell, del instituto America First Policy.

Estos conjuntos conservadores promocionan su objetivo de frenar el fraude electoral significativo, a pesar del hecho de que numerosos tribunales, la gran mayoría de los expertos electorales e incluso exaltos funcionarios de Trump, como el exfiscal general Bill Barr, llegaron a la conclusión de que las elecciones de 2020 no sufrieron problemas graves.

Los organismos de vigilancia señalan que el endurecimiento de las leyes electorales estatales amenaza los derechos de los votantes negros y de otras comunidades de color que tradicionalmente apoyan a los demócratas, debido a la creación nuevas normas que limitan el voto en ausencia y el registro en el mismo día, al tiempo que imponen otras restricciones al voto.

Entre los abogados electorales y los grupos que defienden el endurecimiento de las leyes electorales, Mitchell, una abogada conservadora veterana, es quien ostenta el perfil más alto y ha provocado el mayor escrutinio. La abogada formó parte de la llamada del 2 de enero en la que Trump instó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a “encontrar” alrededor de 11 mil 780 votos para anular la victoria de Joe Biden. Después de que se expusieron los detalles sobre el papel de Mitchell en la llamada, Foley & Lardner, donde trabajó durante casi 20 años, realizó una revisión interna, y ella renunció.

La llamada de Trump del 2 de enero también generó una investigación criminal por parte del fiscal del distrito del condado de Fulton, en Georgia, la cual podría causarle problemas a Mitchell, señalan los exfiscales, y podría aumentar el escrutinio sobre la abogada por parte del comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero.

Mitchell, que supuestamente recaudó un millón de dólares para ayudar a financiar una auditoría injustificada del condado más grande de Arizona y que Trump promovió agresivamente, generó una mayor controversia el mes pasado cuando fue nombrada miembro de un consejo asesor de la Comisión de Asistencia Electoral federal con el respaldo de su estrecho aliado legal Adams, cuya fundación preside Mitchell.

Utilizando su posición en IPC y otro puesto en la organización libertaria FreedomWorks, que a principios de este año anunció una campaña de siete estados para reformar las leyes electorales dirigida por Mitchell, la abogada ha ayudado a encabezar las nuevas medidas electorales estatales y a bloquear dos proyectos de ley en el Congreso, la John Lewis Voting Rights Advancement Act (Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis) y la Freedom to Vote Act (Ley de Libertad de Voto), que los demócratas han intentado promulgar para contrarrestar la ola de nuevas leyes estatales.

De acuerdo con una actualización en octubre del Centro Brennan para la Justicia, este año 19 estados promulgaron 33 nuevas leyes que “dificultarán el voto de los estadounidenses“.

Para presionar a favor de las nuevas leyes estatales sobre el voto, Mitchell trabajó estrechamente con algunos grupos clave que respaldan discretamente las nuevas medidas, como el Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense, un poderoso y turbio grupo de legisladores estatales que tradicionalmente promueve proyectos de ley ejemplares en el que ella solía ser asesora externa.

Según los informes del Center for Media and Democracy, y Documented, en una reunión de CILE que se llevó a cabo el 1 de diciembre en California, Mitchell ayudó a dirigir una sesión secreta del “grupo de trabajo del proceso” dedicada a los cambios en las leyes electorales y de votación y asuntos relacionados con la materia, la cual incluyó a varios aliados legales de alto nivel como Adams y Von Spakovsky.

La fundación de Adams, que en 2020 recibió aproximadamente 300 mil dólares de la Fundación Bradley, en cuya junta directiva se encuentra Mitchell, presentó demandas para defender algunas de las nuevas y estrictas leyes electorales en Texas y otros estados.

Los principales financiadores de la armada de la derecha incluyen una fundación familiar vinculada al multimillonario Richard Uihlein, la Fundación Bradley, y dos gigantes del dinero negro, el fondo Concord Fund y Donors Trust, según los registros públicos.

Los organismos de vigilancia legales expresan su profunda preocupación por las nuevas leyes promovidas por la derecha en numerosos estados como Georgia y Texas, y destacan que los argumentos para cambiar la normativa del voto parecen estar plagados de contradicciones.

“Durante la sesión legislativa de 2021, observamos cómo las organizaciones antivotantes promueven en todo el país una legislación estándar que restringe el derecho al voto”, dijo Danielle Lang, directora principal de derechos electorales en el Campaign Legal Center, una organización no partidista.

“El mismo texto apareció en un estado tras otro sin considerar las necesidades particulares del estado. Por ejemplo, se introdujeron estrictos recortes en el acceso al voto por correo en estados que tuvieron experiencias absolutamente positivas de voto por correo en 2020”, añadió.
Estas quejas no han detenido el bombardeo legislativo de Mitchell con abogados y grupos aliados en todo el país para cambiar las leyes electorales.

Mitchell declinó responder las preguntas de The Guardian sobre su trabajo en materia de derecho electoral o la investigación de Georgia, aunque en una entrevista a principios de este año con AP presumió: “Me encantan las legislaturas y trabajar con los legisladores”, y reveló que habla con Trump “con bastante frecuencia”, pero no proporcionó detalles.

Los vínculos de Mitchell con Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump, también son tangibles, incluso después de las elecciones, cuando se inició una campaña frenética y sin fundamento para anular la derrota de Trump.

De acuerdo con la revista The Washington Post, el 30 de diciembre Mitchell le escribió a Meadows y “se ofreció a enviarle alrededor de 1,800 páginas de documentos que supuestamente apoyan las afirmaciones de fraude electoral”.

Meadows, que también tiene un alto cargo en el IPC, actualmente se enfrenta a cargos de desacato por renunciar a testificar ante el panel de la Cámara de Representantes sobre el ataque del 6 de enero contra el Capitolio y por los intentos anteriores de bloquear la toma de posesión de Biden.

El intento de Mitchell de apoyar el caso sin fundamento de Trump durante la llamada del 2 de enero con Raffensperger podría suponer nuevos problemas para la abogada a medida que se desarrolla la investigación del fiscal del distrito del condado de Fulton. Durante la llamada, Mitchell afirmó tener pruebas de fraude electoral, sin embargo, un importante abogado de la oficina de Raffensperger le respondió que estaba equivocada y criticó sus datos.

“No puedes hacerte ver mucho más partícipe de los intentos de Trump de ese día que realizando declaraciones durante la llamada”, dijo Michael J. Moore, exfiscal de EU en Georgia.

Eso es lo que hizo la Sra. Mitchell. Esa conducta por sí sola será un señuelo suficiente para llamar la atención de los fiscales. Si es suficiente para atraparla en la trampa, solo podrá responderlo el fiscal del distrito y el gran jurado”.