El ejército estadounidense lo entrenó. Después ayudó a asesinar a Berta Cáceres

Cuando Roberto David Castillo se graduó de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, el cadete hondureño estaba seguro de que dejaría un legado.

“Será recordado por todos como un líder intrépido comprometido con Dios, su familia y el servicio a los demás”, se leía en el pie de foto de su anuario.

Sin duda, Castillo será recordado: a principios de este año, el Tribunal superior de Honduras lo declaró culpable como coautor del asesinato en 2016 de la activista indígena Berta Cáceres, en aquel entonces una de las defensoras del medio ambiente más destacadas de Latinoamérica.

Cáceres fue asesinada por un equipo de sicarios tras años de amenazas de muerte relacionadas con su oposición a la presa de Agua Zarca, de 22 megavatios, autorizada por el gobierno sin el permiso de los indígenas de la zona.

Castillo era el presidente de la empresa que construía la presa y el Tribunal concluyó que utilizó su formación militar para acosarla durante años, mientras ayudaba en secreto a coordinar su asesinato.

Parte de ese entrenamiento provino de West Point, donde Castillo estudió de 2000 a 2004.
Una investigación de The Guardian revela la manera en que la estancia de Castillo en la prestigiosa academia militar le ayudó a forjar su carrera, y plantea preguntas sobre la formación que la institución impartió a generaciones de soldados centroamericanos, algunos de los cuales se vieron implicados posteriormente en abusos a los derechos humanos.

La reciente victoria de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales despertó la esperanza de poner fin a la cultura de la impunidad en Honduras. Sin embargo, Castillo aún no ha sido condenado por su crimen, y West Point todavía no reconoce públicamente la condena de su exalumno.

Castillo fue uno de los pocos estudiantes internacionales de su generación en West Point. Travis Dent, un excompañero de cuarto, recuerda a Castillo como un amigo jovial y servicial. “Todavía bromeo con él sobre que yo reprobé inglés y él pasó, porque él era un estudiante muy, muy inteligente cuando se trataba de libros”, dijo Dent. “Lo conocíamos como un cadete más”.

En West Point, Castillo estudió los principios básicos de la guerra, las tácticas y el armamento, y posteriormente se especializó en ingeniería eléctrica e informática. Pero cuando los cadetes internacionales regresan para servir en el ejército de sus países de origen, se benefician de algo más que de la formación de la academia.

“Les da derecho a presumir institucional y socialmente”, dice Martin Anderson, exprofesor de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos. Y les puede ayudar a hacer amigos poderosos.

Tras graduarse en la academia, Castillo regresó a Honduras en 2006 para incorporarse a las fuerzas armadas como subteniente. Su carrera es un ejemplo de lo que pueden hacer los soldados con contactos en países como Honduras, país que se ha vuelto famoso por su índice de asesinatos, la violencia patrocinada por el Estado y la impunidad política.

Castillo se involucró rápidamente con la empresa eléctrica propiedad del gobierno, primero cuando las fuerzas armadas la militarizaron en 2007, y después trabajando con la empresa en 2008, una vez que fue tomada por el ejército.

Mientras estuvo ahí, se unió a la comisión que negociaba los contratos de los proyectos hidroeléctricos de Honduras con una subsidiaria de Odebrecht S.A. Posteriormente, el conglomerado brasileño fue declarado culpable en el caso más grande de sobornos en el extranjero de la historia, después de haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de todo el mundo.

Para ese entonces, Castillo inició un negocio que fue descubierto vendiendo equipos al ejército a precios inflados. (Posteriormente se le ordenó que reembolsara al gobierno).

Y cuando Castillo fundó la empresa de energía, Desa, en 2009, volvió a infringir la ley, según argumentaron los fiscales anticorrupción hondureños en un caso independiente. Sus socios supuestamente la crearon a su nombre mientras él seguía trabajando para la entidad gubernamental que aprobó el contrato de compra de electricidad de la futura presa hidroeléctrica de Agua Zarca.

“Se dejó llevar por una estructura de poder, y eso es el ejército en Honduras”, señaló Jackie McVickar, una consultora de derechos humanos que ayudó a elaborar un informe en 2019 sobre la corrupción en la industria energética hondureña.

Cuando Desa comenzó a trabajar en la presa, Castillo cruzó caminos con Cáceres.
Mientras reunía a los manifestantes y presionaba a los grupos internacionales para que retiraran su apoyo para el proyecto, Cáceres fue objeto de espionaje, rastreo y amenazas. De acuerdo con su hija Bertita Zúñiga Cáceres, Castillo jugó un papel fundamental en el acoso, pues le enviaba constantemente mensajes de texto para recordarle a Cáceres que él sabía exactamente dónde se encontraba ella.

En 2016, la madre de cuatro hijos murió.

“Utilizó sus conocimientos militares para ordenar su asesinato, y no solo para matarla, sino para perseguirla”, dijo Brigitte Gynther, una defensora de los derechos humanos que trabajó con Cáceres.

Sin embargo, después de la detención de Castillo dos años más tarde, su excompañero de cuarto de West Point movilizó a sus compañeros para defenderlo. Dent presionó al embajador de Estados Unidos en Honduras y contactó a colegas que trabajaban para legisladores y agencias federales.

“La gran mayoría de toda la generación y todas las personas con las que hablamos estaban dispuestas a ayudar”, comentó Dent.

Que Castillo tuviera el apoyo de una influyente red estadounidense no fue un accidente. El Programa Internacional de Cadetes de West Point “se estableció como una herramienta de política exterior para proporcionar un medio para que el gobierno de Estados Unidos mejore sus relaciones y fomente la estabilidad con las naciones amigas”, señalaba un informe de 1997 incluido en los archivos de la academia.

Y los cadetes centroamericanos han sido protagonistas del programa desde su inicio en 1889. Desde entonces, casi una quinta parte de los más de 500 graduados internacionales provienen de los siete pequeños países centroamericanos.

Los contribuyentes estadounidenses cubren una parte o la totalidad de los gastos de los estudiantes internacionales -un gasto que debería ser considerado como una inversión-, argumentó el autor del informe de 1997. Después de exponerse a los ideales democráticos de Estados Unidos, proponía, difundirían esos principios en su país.

Se expusieron argumentos similares en apoyo a la “Escuela de las Américas”, un programa del ejército estadounidense fundado en 1946 para entrenar a soldados latinoamericanos, más de un centenar de ellos acusados de abusos contra los derechos humanos en su país. Entre ellos se encontraban dos de los otros siete hombres condenados en 2019 por participar en el asesinato de Cáceres.

“Las figuras militares entrenadas por Estados Unidos han causado una destrucción y una muerte incalculables en Centroamérica durante las últimas décadas y continúan haciéndolo en la actualidad”, comentó Gynther, ahora coordinador de School of the Americas Watch.

Castillo no es el primer ejemplo de un graduado de West Point que no cumple los elevados ideales del programa internacional. Después de graduarse en la academia en 1946, Anastasio Somoza Jr. regresó a Nicaragua donde se convirtió en jefe de la guardia nacional, después en presidente y fue acusado de repetidas violaciones a los derechos humanos y de la muerte de miles de personas. Su hijo, Julio, fue aceptado en la academia en 1977, cuando la guerra del régimen contra los rebeldes sandinistas estaba en su apogeo.

En una reciente presentación, el equipo de admisiones de West Point incluyó a Somoza en una lista de “destacados graduados internacionales”, sin mencionar su carrera como dictador.

Es posible que más centroamericanos hayan cumplido los ideales que el programa concebía. No obstante, debido a que el ejército de Estados Unidos redactó los nombres de la mayoría de los exgraduados internacionales en una lista entregada a The Guardian y a que se negó a indicar el número de excadetes que han sido acusados de delitos, resulta difícil medir su eficacia.

West Point rechazó una solicitud de entrevista y remitió a The Guardian al Departamento de Estado, que, según la academia, participa en la selección de los países que pueden enviar cadetes a la academia. El Departamento de Estado remitió la solicitud de entrevista al Departamento de Defensa, que a su vez remitió al periodista al Departamento de Estado.

“Se trata de una institución pública que debería ser responsable públicamente de lo que hace”, dijo Beth Stephens, profesora de derecho internacional y relaciones exteriores en Rutgers Law School, añadiendo que la responsabilidad debería recaer en West Point para demostrar que el programa no provoca abusos contra los derechos humanos en el extranjero.

Como el gobierno de Estados Unidos protege al programa internacional de West Point del escrutinio, los líderes hondureños siguen siendo vinculados a acciones antidemocráticas y actividades ilícitas.

Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia del país cinco años después de que un hondureño graduado de la Escuela de las Américas dirigió un golpe militar en 2009. Este año, el presidente -bajo cuyo gobierno cientos de miles de ciudadanos han emigrado para escapar de la pobreza, la violencia y la corrupción- fue identificado por los fiscales federales de Estados Unidos como presunto receptor de sobornos de los narcotraficantes y por utilizar las fuerzas armadas del país para proteger un laboratorio de cocaína. Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con los cárteles de drogas.

Aunque hasta ahora estaba protegido por la política estadounidense de no acusar a los presidentes en funciones, Hernández podría ser acusado tan pronto como Castro lo sustituya en enero.

Sin embargo, los cadetes hondureños siguen entrenando en West Point. Uno de ellos entró a la academia en 2016, el año del asesinato de Cáceres.