‘Ningún progreso’ desde George Floyd: la policía estadounidense mata a tres personas al día
En los dos años transcurridos desde el asesinato de George Floyd, Estados Unidos ha logrado pocos avances en la prevención de las muertes a manos de la policía. Foto: Gillian Flaccus/AP

Los agentes de policía de Estados Unidos siguen matando a personas a un ritmo alarmante, según muestra un análisis de datos que suscita preocupación respecto al impulso de la administración de Biden para aumentar las inversiones policiales en medio de la creciente preocupación por la delincuencia.

La policía de Estados Unidos ha matado a 249 personas este año hasta el 24 de marzo, lo que supone un promedio de tres muertes al día y refleja la tendencia de la fuerza letal de los últimos años, según Mapping Police Violence, un grupo de investigación sin fines de lucro. Los datos, señalan los expertos, sugieren que en los casi dos años transcurridos desde el asesinato de George Floyd, Estados Unidos ha logrado pocos avances en la prevención de las muertes a manos de la policía, y que las promesas de reformas sistémicas de 2020 no han sido suficientes.

La policía ha matado a aproximadamente mil 100 personas cada año desde 2013. En 2021, los agentes mataron a mil 136 personas, uno de los años más mortíferos registrados, informó Mapping Police Violence. La organización realiza un seguimiento de las muertes registradas por la policía, los gobiernos y los medios de comunicación, incluyendo los casos en los que las personas recibieron disparos fatales, fueron golpeadas, sujetadas y sometidas a descargas eléctricas. El periódico The Washington Post informó sobre tendencias similares, y descubrió que en 2021 se superó el récord de disparos letales por parte de agentes de policía desde que el periódico comenzó a realizar el seguimiento de su base de datos en 2015.

“La impactante regularidad de los asesinatos sugiere que en realidad no ha cambiado nada sustancial para interrumpir la dinámica nacional de la violencia policial”, dijo Samuel Sinyangwe, científico de datos y analista de políticas que fundó el grupo Mapping Police Violence y Police Scorecard, que evalúa los departamentos. “Esto demuestra que no estamos actuando lo suficiente y, en todo caso, parece estar empeorando ligeramente año con año“.

Los defensores argumentan que el persistente índice de asesinatos constituía una razón fundamental por la que Estados Unidos no debería ampliar sus fuerzas policiales.

El presidente estadounidense, Joe Biden, que ha dicho en repetidas ocasiones que hay que “financiar a la policía”, publicó una propuesta presupuestaria a principios de esta semana para destinar 30 mil millones de dólares a los esfuerzos de aplicación de la ley y prevención de la delincuencia, incluyendo el financiamiento para poner “más agentes de policía en servicio”. La propuesta, que pedía la ampliación de una “vigilancia policial responsable y comunitaria”, suscitó críticas inmediatas por parte de los grupos de justicia racial. El movimiento Movement for Black Lives señaló que la Casa Blanca solo proponía 367 millones de dólares para apoyar la reforma policial e indicó que el presupuesto de Biden “muestra una descarada indiferencia respecto a sus promesas a la población afroamericana, enmascarada como un esfuerzo para disminuir la delincuencia”.

Michael Gwin, vocero de la Casa Blanca, señaló en un correo electrónico que el presidente Biden fue “coherente en su oposición a dejar de financiar a la policía y en su apoyo al financiamiento adicional de la policía comunitaria”, y que “sigue comprometido con el avance de las reformas policiales que se necesitan desde hace mucho tiempo“.

“El presidente, al igual que la inmensa mayoría de los estadounidenses, sabe que podemos y debemos tener un sistema de justicia penal que a la vez proteja la seguridad pública y defienda nuestros ideales fundacionales de trato equitativo ante la ley. De hecho, esos dos objetivos son complementarios. Este enfoque es el núcleo del amplio plan del presidente para combatir la delincuencia retirando las armas de las calles, e invirtiendo en la vigilancia policial orientada a la comunidad y en programas comunitarios contra la violencia comprobados”, añadió.

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Durante los levantamientos nacionales tras el asesinato de George Floyd, los defensores argumentaron que las ciudades podrían salvar vidas mediante la reducción de los presupuestos para la policía. Foto: Kerem Yucel/AFP/Getty Images

Durante los levantamientos nacionales tras el asesinato de Floyd, “dejar de financiar a la policía” se convirtió en un grito de guerra central, con defensores que argumentaban que los esfuerzos de una reforma no habían logrado prevenir los asesinatos y la falta de ética laboral. Las ciudades podrían salvar vidas mediante la reducción de los presupuestos para la policía, la limitación de los encuentros potencialmente mortales con civiles y la reinversión de fondos en programas comunitarios que aborden las causas fundamentales de la delincuencia, señalaron los activistas.

Algunas ciudades respondieron inicialmente aplicando modestos recortes a los presupuestos para la policía, en algunos casos retirando agentes de las escuelas, de la policía de tránsito y de otras divisiones, e invirtiendo en alternativas. Sin embargo, en el último año, el repunte de la violencia con armas de fuego y de los homicidios provocó una respuesta negativa ante la idea de dejar de financiar la policía (incluso cuando el índice de delincuencia actual sigue siendo significativamente inferior al de décadas anteriores). Con una intensa cobertura mediática de la delincuencia, los funcionarios se han visto presionados para desistir de las reformas, dar prioridad a los castigos severos e invertir más en la policía. Las ciudades que aplicaron pequeños recortes restauraron y ampliaron en gran medida los presupuestos para las fuerzas del orden.

“Invertir más en un sistema que todos sabemos que no funciona es realmente una bofetada en la cara para todos los que se manifestaron en el verano de 2020”, dijo Chris Harris, director de política de Austin Justice Coalition en Texas. “Esto refleja simplemente una verdadera falta de soluciones para los problemas que enfrentamos. Es solo más de lo mismo, aunque sea exactamente eso que sabemos que sigue lastimando y matando a la gente”.

Harris señaló que resultaba decepcionante ver las peticiones de expansión policial a nivel federal, teniendo en cuenta que la Ley George Floyd, la medida de reforma nacional propuesta tras las protestas, no tuvo éxito. Comentó que no le sorprendía que continuaran a ritmo acelerado los asesinatos cometidos por la policía: “No logramos abordar los problemas subyacentes que con frecuencia impulsan las interacciones policiales en nuestras comunidades, en parte porque estamos financiando esta respuesta policial en lugar de los apoyos y servicios iniciales que podrían ayudar a la gente”.

Gwin señaló que la Casa Blanca estaba explorando una posible acción ejecutiva para aprobar reformas después de que los republicanos bloquearan las negociaciones sobre la legislación.

Sinyangwe destacó un análisis de datos en Los Ángeles, que reveló que en los últimos años, un tercio de los incidentes en los que los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) hicieron uso de la fuerza involucraron a una persona sin hogar: “En lugar de utilizar la fuerza contra las personas sin hogar, deberíamos invertir en servicios y crear respuestas civiles no armadas para estos problemas“.

Sin embargo, en Los Ángeles, donde los esfuerzos de alojamiento y de divulgación no han sido suficientes, la policía ha intensificado la represión contra los campamentos callejeros. Y el Departamento de Policía de Los Ángeles está en vías de obtener un gran aumento de presupuesto, a pesar del marcado incremento de los asesinatos cometidos por los agentes en 2021.

Los defensores del aumento del presupuesto para la policía argumentan que la aplicación de la ley es la solución a la violencia, no obstante, Sinyangwe señaló que menos del 5% de las detenciones a nivel nacional son por delitos violentos graves. Y las investigaciones demuestran que cuando se amplían los cuerpos policiales, se producen más detenciones por delitos menores, explicó. Y muchos de los asesinatos de alto perfil cometidos por la policía han implicado detenciones por presuntos delitos menores.

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El departamento de policía de Los Ángeles está en vías de obtener un gran aumento de presupuesto, a pesar del incremento de asesinatos cometidos por agentes en 2021. Foto: Myung J Chun/Los Angeles Times/REX/Shutterstock

Kaitlyn Dey, una coordinadora de Portland, Oregón, comentó que resultaba frustrante ver a los funcionarios impulsar el discurso de que las ciudades necesitan “volver a financiar a la policía” cuando los municipios han fracasado en gran medida en su intento de dejar de financiar a la policía en primer lugar.

“Tenemos que empezar a reducir el número de agentes que hay, el tipo de equipo que tienen, eso es lo que reducirá la violencia [policial], porque no serán capaces de aplicarla si se les quitan sus recursos“, señaló.

Existen soluciones documentadas que podrían reducir los asesinatos, dijo Alex S. Vitale, profesor de sociología del Brooklyn College y experto en el ámbito policial. Destacó los cálculos que sugieren que entre el 25% y el 50% de las personas que mueren a manos de la policía estaban sufriendo una crisis de salud mental.

“Si desarrolláramos equipos de crisis de salud mental no policiales y mejoráramos los servicios de salud mental comunitarios, podríamos salvar cientos de vidas al año”, indicó.

Vitale, autor de The End of Policing, mencionó un programa en Denver que envía médicos de salud mental y paramédicos para atender ciertas llamadas del 911, que ahora se está expandiendo drásticamente después de un exitoso programa piloto. Los expertos en salud han atendido miles de llamadas de emergencia desde 2020, y nunca han tenido que pedir refuerzos a la policía, informó el periódico Denver Post.

“Mientras los medios de comunicación movilizan el pánico a la delincuencia para intentar acallar las conversaciones sobre la reducción de nuestra dependencia a la policía, las organizaciones de todo el país están realizando labores de base en las comunidades para exigir estas alternativas”, señaló.

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