El gobierno de Chile pide disculpas a una mujer por una esterilización forzada
Los médicos realizaron la operación en 2002 sin consentimiento mientras Francisca estaba anestesiada ya que era seropositiva.
Los médicos realizaron la operación en 2002 sin consentimiento mientras Francisca estaba anestesiada ya que era seropositiva.
El Estado chileno pidió disculpas a una mujer que fue esterilizada de manera forzosa por los médicos debido a que era seropositiva.
La mujer, conocida únicamente como Francisca y que en aquel entonces tenía 20 años, fue diagnosticada de VIH en marzo de 2002 cuando estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, mientras se encontraba bajo anestesia durante su cesárea, los médicos de un hospital público le practicaron una esterilización quirúrgica con el argumento de que sería irresponsable que una mujer seropositiva tuviera más hijos. Cuando Francisca despertó después de la operación, una enfermera le informó que la habían esterilizado sin su consentimiento.
“Este acto de reparación ratifica el compromiso del Estado chileno de intentar reparar el daño causado por las acciones de sus funcionarios”, indicó Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores de Chile, quien presentó las disculpas formales junto con el presidente Gabriel Boric en la tarde del jueves.
“También destaca el compromiso de esta administración para asegurar que los derechos reproductivos de las mujeres y la autonomía sexual y reproductiva no se vean afectados de la manera en que ocurrió en el caso (de Francisca)”.
En 2020, el programa ONUsida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) calculó que había 77 mil personas que vivían con VIH en Chile.
De acuerdo con la organización, las mujeres que viven con VIH son más propensas a ser víctimas de violencia cuando se les realizan intervenciones de salud reproductiva.
Las desigualdades sociales y económicas también agravan los riesgos a los que se enfrentan las mujeres. Francisca vivía en una comunidad rural pobre y nunca tuvo acceso a la educación sexual o reproductiva. No recibió ninguna orientación sobre los riesgos, las ventajas y las alternativas de la esterilización, a pesar de que la ley exige el consentimiento informado por escrito de la paciente.
En 2007, Francisca presentó una denuncia penal contra el doctor, quien afirmó haber obtenido el consentimiento verbal, y su caso fue desestimado un año después cuando un tribunal determinó que el caso no constituía un delito.
Dos años después, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, dos organizaciones que actuaron en representación de Francisca.
El 3 de agosto de 2021, el Estado chileno firmó un acuerdo en el que aceptaba su responsabilidad.
El acuerdo responsabilizaba a Chile de indemnizar a Francisca por los daños causados, de proporcionarle un subsidio de vivienda y atención médica tanto a ella como a su hijo, y de comprometerse a crear conciencia sobre el VIH y los derechos reproductivos.
“Recibo las disculpas que me ofreció el Estado chileno… (pero) debe quedar en claro que yo no fui la única”, dijo Francisca en su momento.
“Me alegra saber que mi caso puede contribuir a acabar con los estereotipos sobre las personas que viven con VIH, y a mejorar la atención médica ofrecida a otras mujeres”.
No hace mucho tiempo se liberalizaron los derechos reproductivos en Chile.
Hasta 2017, el aborto estaba penalizado bajo cualquier circunstancia, incluso cuando era necesario para salvar la vida de la mujer. Ahora es legal en tres circunstancias, cuando la vida de la madre está en peligro, en caso de un embarazo no viable o si el embarazo es consecuencia de una violación.
El nuevo gobierno progresista de Chile, dirigido por el presidente Boric, de 36 años, se ha comprometido a reforzar los derechos sexuales y reproductivos.
El país recientemente finalizó el borrador de una nueva constitución que podría reemplazar el documento de 1980 que fue promulgado –aunque posteriormente reformado– bajo la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990).
El proyecto será sometido a un plebiscito nacional el 4 de septiembre. El borrador establece la autonomía del individuo sobre su cuerpo, el derecho a la educación sexual y sienta las bases para el acceso al aborto.
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