Francia juzga a 18 personas por su presunta implicación en el gran escándalo de carne de caballo

Cuando Aline Oudin se vio obligada a buscar un nuevo hogar para su querido caballo alazán de 28 años llamado Ténor du Pluvinage, publicó un anuncio preguntando si alguien podía ofrecerle un nuevo campo para que viviera sus últimos días.

Un hombre de más de 60 años respondió diciendo que buscaba un compañero tranquilo para la joven yegua que le había comprado a su hija, así que Oudin le permitió llevarse el caballo con la promesa de que podría visitarlo regularmente.

“Todo sucedió muy rápido. No tuve tiempo para pensar. Al caballero le gustaba Ténor y le di mi confianza… Me sentí muy angustiada por tener que separarme de mi compañero de 23 años”, comentó la mujer posteriormente

“Al verme llorar, el hombre me consoló y me aseguró que cuidarían bien a mi caballo y que podía ir a verlo cuando quisiera. Esa misma noche, el hombre me llamó por teléfono para decirme que el viaje de regreso salió bien. Pero cuando le volví a llamar para pedirle su nombre y dirección, su teléfono estaba conectado al buzón de voz y después desconectaron la línea”.

Oudin publicó peticiones y anuncios para intentar descubrir qué había pasado con su animal. Meses después descubrió que el caballo fue enviado a un rastro.

Nueve años después, 18 personas, entre ellas dos veterinarios, comparecerán el lunes ante el tribunal de Marsella acusadas de participar en una amplia red de tráfico ilegal en toda Europa que presuntamente proveía carne de caballo inadecuada para el consumo humano a mayoristas y carniceros.

Se cree que los acusados, procedentes de Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y España, compraron y vendieron miles de caballos de tiro y de carreras retirados, e incluso ponis, que fueron exportados a Bélgica, donde presuntamente se les entregaron documentos de identificación y seguimiento falsos antes de ser enviados a rastros ubicados en el sur de Francia.

Están acusados de fraude como parte de una red organizada, o de proveer productos falsos y engañosos que pueden constituir un peligro para la salud humana, y se enfrentan a una condena de hasta 10 años de prisión en caso de ser declarados culpables. Ocho de los acusados han estado en prisión preventiva desde 2015, después de que la policía europea desarticulara la red continental.

Mathilde Bloch, jueza de instrucción, señaló que los detectives demostraron “la negligencia o la acción positiva que evidencia la complicidad de los dos veterinarios” acusados de falsificar documentos.
Oudin, de la región de Meurthe-et-Moselle, en el este de Francia, es una de los más de 150 dueños de caballos que se cree entregaron sus viejos animales creyendo que serían atendidos en sus últimos años de vida.

“Tras una larga investigación, supe que mi caballo fue asesinado cuando le aplicaron tratamientos insecticidas, desparasitantes y antiinflamatorios que lo habrían dejado completamente incapacitado para comer”, explicó a los periodistas franceses. “Me he sentido profundamente herida. Tenía este caballo desde hace 20 años y formaba parte de la familia”.

Lionel Febbraro, abogado de uno de los veterinarios, responsabilizó a la confusión sobre las “increíblemente complejas” normas europeas de la implicación de su cliente. “Aunque admito que no debe ser agradable saber que tu caballo terminó en el rastro, a priori, nadie murió envenenado”, dijo.