El corredor de bolsa de criptomonedas Voyager Digital se declara en quiebra

Un corredor de bolsa y prestamista de criptomonedas estadounidense se declaró en quiebra, convirtiéndose en la última ficha de dominó en caer en el asediado mercado de activos digitales.

Voyager Digital suspendió todos sus retiros y operaciones la semana pasada, sin embargo, indicó que la “volatilidad y el contagio” en los mercados de criptomonedas la habían forzado a declararse en quiebra en virtud del Capítulo 11, procedimiento que protege a una empresa de los acreedores mientras analiza alternativas estratégicas.

El mercado de las criptomonedas está en declive desde que alcanzó su máximo de 3 billones de dólares el pasado mes de noviembre, hasta caer por debajo del 1 billón de dólares, y la caída se precipitó en mayo, cuando una criptomoneda multimillonaria, Terra, colapsó.

La consiguiente caída del mercado desencadenó complicaciones en un fondo de cobertura especializado en criptomonedas, Three Arrows Capital, el cual le debía dinero a Voyager y que la semana pasada se encontraba en proceso de liquidación.

“La prolongada volatilidad y el contagio en los mercados de criptomonedas durante los últimos meses, así como el impago por parte de Three Arrows Capital de un préstamo concedido por la filial de la empresa, Voyager Digital LLC, nos obligan a tomar medidas deliberadas y decisivas en este momento”, indicó el director ejecutivo de Voyager, Stephen Ehrlich.

En su declaración de bancarrota en virtud del Capítulo 11 el martes, Voyager, que tiene su sede en Nueva Jersey, calculó que tenía más de 100 mil acreedores y entre 1 mil y 10 mil millones de dólares en activos, y pasivos estimados en el mismo valor.

Voyager es una empresa de criptomonedas que ofrece servicios de intermediación –es decir, encontrar los mejores precios para las criptomonedas que los clientes quieren comprar o vender– así como tomar prestados activos digitales de los clientes a cambio de rendimientos de hasta el 12%, y posteriormente prestarlos.

Carol Alexander, profesora de finanzas en la facultad de negocios de la Universidad de Sussex, señaló que los problemas de Voyager formaban parte de la crisis de los criptocréditos, no obstante, argumentó que “no se trata de algo malo en este momento”.

“Durante la última burbuja del bitcoin, proliferaron con demasiada rapidez las empresas que ofrecían rendimientos insostenibles”, explicó. “La reorganización que estamos presenciando actualmente es bienvenida por la mayoría de los auténticos defensores del ecosistema de activos digitales”.

Un documento presentado ante el tribunal de bancarrota del distrito sur de Nueva York mostró que Alameda Research –un operador de criptomonedas– era el mayor acreedor individual de Voyager, que contaba con préstamos no garantizados de 75 millones de dólares.

La semana pasada, Voyager indicó que emitió una notificación de impago al fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, con sede en Singapur, debido a que no realizó los pagos requeridos de un préstamo de 15 mil 250 bitcoins (aproximadamente 324 millones de dólares) y 350 millones de dólares de USDC, una stablecoin. Posteriormente, esa misma semana, el fondo de cobertura se declaró en quiebra en virtud del Capítulo 15, el cual permite que los deudores extranjeros protejan sus activos estadounidenses de los acreedores.

Se denomina criptomoneda a un grupo de activos digitales que comparten la misma estructura subyacente que el bitcoin: una “blockchain” (cadena de bloques) de acceso público que registra la propiedad sin que exista una autoridad central que la controle. El bitcoin es el activo digital fundamental, cuyo valor representa más de un tercio del mercado de criptomonedas que asciende a 900 mil millones de dólares, sin embargo, su valor ha caído desde noviembre de casi 69 mil dólares a 20 mil dólares.

Los partidarios del sector han manifestado que representa una buena inversión porque, por ejemplo, conlleva bajas comisiones y, a diferencia de las monedas convencionales, no está vinculada a los gobiernos. Sus críticos señalan que la falta de supervisión reguladora o el apoyo implícito de los gobiernos la hacen susceptible a las estafas y a las bruscas fluctuaciones de precios.