Subidón de azúcar: cómo la adicción de México a los refrescos impulsó su crisis sanitaria

Cuando un estado del sur de México prohibió efectivamente la venta de bebidas azucaradas y dulces a los niños con el fin de proteger la salud pública, la prohibición se convirtió en noticia internacional. Sin embargo, pocos habitantes de Oaxaca –incluso algunos distribuidores de refrescos y propietarios de tiendas– conocen la norma y las autoridades no han aplicado la medida, potencialmente poco popular, a pesar de las decenas de miles de muertes anuales registradas en todo el país relacionadas con las bebidas azucaradas, a medida que se disparan los índices de obesidad y diabetes.

Puede que Oaxaca sea conocida como la capital culinaria de México, pero, al igual que en el resto del país, las dietas se han decantado por los alimentos ultraprocesados y el mayor consumo de carne, así como por las bebidas azucaradas. En la actualidad, el estado tiene la tasa de obesidad infantil más alta de México y la segunda más alta entre los adultos.

Estaba previsto que la prohibición de la venta de refrescos a los niños, anunciada en 2020, se aplicara en el plazo de un año, sin embargo, no se ha aplicado la norma. Los activistas señalan que, de aplicarse, la prohibición probablemente se enfrentaría a una fuerte oposición por parte de la industria.

“FEMSA, empresa que embotella Coca-Cola en México, tiene un poder enorme”, señala Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una asociación activista. “Opera más de 20 mil tiendas de abarrotes Oxxo en todo el país, así como gasolinerías y muchos otros establecimientos”.

“La regulación es muy difícil de aplicar”, comenta Calvillo respecto a la política de Oaxaca, adoptada por el estado vecino de Tabasco. “Principalmente consistía en enviar un mensaje”.

Coca-Cola es el refresco más popular en México. “Siente el sabor”, se lee en los carteles publicitarios de todo el país, mientras que la selección nacional de futbol está patrocinada por la marca, cuyo poder de presión parece no tener rival.

Un presidente fue en el pasado jefe regional de la empresa, y el más reciente exjefe de Estado, Enrique Peña Nieto, posó con una lata que portaba su nombre. Coca-Cola “emplea estrategias para evitar, retrasar o debilitar las regulaciones que restringen sus actividades”, denunció el año pasado la revista política Proceso. Coca-Cola indicó que su práctica de contratar a exfuncionarios del gobierno pretendía “atraer y retener a los mejores talentos”.

México se encuentra ahora en el cuarto lugar del ranking mundial de consumo de refrescos per cápita. Fue el primero hasta que se implementó el impuesto al azúcar, con un consumo de 137 litros por persona al año.

Karen Akins, directora de El Susto, un documental de 2019 que detalló las técnicas utilizadas para promocionar la Coca-Cola –el producto más accesible en muchas partes de México–, explica que mientras realizaba el filme conoció a personas que consumían grandes cantidades de refrescos que no sabían que tenían diabetes tipo 2. “Las personas que se quedaron ciegas o a las que se les amputaron extremidades con frecuencia no tienen ni idea de que se debió a su alto nivel de azúcar en la sangre”, señala.

“Los niños son nuestro futuro, pero vamos a tener graves problemas si seguimos por este camino”. Vidal Aquino, exconcejal de Yalálag

En medio del agravamiento de la crisis de salud pública, el actual gobierno federal parece tomar una postura diferente, tras las continuas críticas contra las políticas neoliberales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que parece haber contribuido a que la tasa de obesidad a nivel nacional aumentara de una quinta parte de la población en 1996 a tres cuartas partes en la actualidad.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, denunció los refrescos como “veneno embotellado” en 2020, cuando se impuso el Covid-19. “La obesidad, la diabetes y la hipertensión son enfermedades silenciosas que pueden provocar grandes complicaciones”, indicó. Su advertencia se produjo semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador implorara a sus compatriotas que evitaran el consumo de comida chatarra, ya que el riesgo de obesidad es cada vez más evidente.

En 2017 el pueblo de Yalálag, ubicado en las profundidades de las montañas a tres horas al este de la ciudad de Oaxaca, prohibió la venta de papas fritas en las tiendas y vetó a los distribuidores. En 2020, fue una de las numerosas comunidades que se aislaron de los forasteros y que durante la pandemia interrumpieron la distribución de productos. La prohibición incluyó efectivamente las bebidas azucaradas y otros alimentos poco saludables durante varios meses.

Sin embargo, poco a poco, todos los productos volvieron a entrar y las tiendas volvieron a tener su oferta normal. “Los niños son nuestro futuro, pero vamos a tener graves problemas si seguimos por este camino”, comenta Vidal Aquino, el exconcejal que introdujo la prohibición de las papas fritas. “La obesidad, la diabetes y el cáncer se están extendiendo desde las ciudades de México hasta todos los rincones del país”.

No obstante, el singular experimento surtió efecto. Una campaña de salud pública en la que se insta a los habitantes a evitar los alimentos procesados ha comenzado a dar sus frutos, a medida que el rudimentario sistema de salud se ve sometido a la presión de la diabetes tipo 2, en gran medida prevenible. Uno de cada seis mexicanos vive con diabetes, un 10% más entre 2019 y 2021, según la Fundación Internacional de Diabetes.

“Existe una mayor conciencia de no consumir refrescos ni comida rápida debido a las enfermedades que pueden traer, sobre todo en un momento de debilidad durante la pandemia”, señaló un funcionario municipal. “Este año el secretario de salud propuso que no dejaran entrar a los distribuidores y que ellos financiaran la eliminación de los envases en Oaxaca”. No obstante, afirmó, “no se ha ofrecido ningún apoyo”.

Fuera de Yalálag, Coca-Cola se ha enfrentado a un mayor escrutinio desde la imposición del impuesto sobre el azúcar en 2014 –reducido por supuestas presiones por parte de los fabricantes de bebidas– y la exigencia desde 2020 de que aparezcan etiquetas de advertencia con letras grandes en los productos que contienen un alto nivel de azúcar.

En abril, el gobierno retiró de las tiendas de la Ciudad de México más de 10 mil unidades de productos, entre ellos Coca-Cola, por no respetar las normas de etiquetado. En agosto, la Suprema Corte rechazó una prohibición de 2019 aprobada por Oaxaca relativa a las botellas de plástico por considerar que infringía las competencias federales, después de que dos empresas vinculadas a Coca-Cola FEMSA apelaran de forma exitosa. Los legisladores del estado pretendían reducir la contaminación ambiental, solo el 3% de los 300 millones de toneladas de plástico existentes son reciclados a nivel nacional.

“Coca-Cola realiza campañas de promoción de su trabajo en las comunidades cuando es una de las empresas que más residuos plásticos genera y que extrae mayor cantidad de agua subterránea”, señaló el periódico La Jornada el mes pasado. Lori Dorman, de la facultad de Salud Pública de Berkeley, fue citada diciendo: “Las grandes compañías de refrescos han copiado las estrategias y los trucos de las grandes tabacaleras para distraer al público de sus peligros”.

En 2018 Coca-Cola redujo el nivel de azúcar de su principal producto en México en un 30%. Esto ocurrió más de un siglo después de que supuestamente se eliminara la cocaína de la bebida (Coca-Cola niega que la cocaína fuera alguna vez uno de sus ingredientes, aunque la DEA afirma que sí lo fue) a medida que se fueron comprendiendo sus cualidades adictivas, un extracto de la hoja de coca sigue siendo lo que le da a la bebida su sabor distintivo.

En 2015, Coca-Cola filmó un polémico anuncio que posteriormente retiró entre acusaciones de racismo y de “intentar imponer una cultura de consumo extranjera”. En el anuncio, actores blancos entregaban botellas de plástico como regalo a los exultantes habitantes de una localidad después de armar un árbol de Navidad.

En todo Oaxaca, estado que cuenta con el mayor número de hablantes de lenguas indígenas respecto a cualquier otro estado mexicano, El Poder del Consumidor ha estado trabajando con organizaciones para destacar los riesgos de los alimentos altamente procesados. “Estamos generando una revaluación de los alimentos locales que son necesarios para que nos recuperemos, y tomando nota de nuestros importantes vínculos con la Tierra”, explicó en octubre la organización de educación alimentaria Unitierra de Oaxaca.

La legisladora estatal Magaly López Domínguez, que introdujo la prohibición de la comida chatarra para los niños en Oaxaca, señala que es una “vergüenza” que la Secretaría de Salud no haya hecho “absolutamente nada” para aplicar la legislación.

“Las autoridades están defendiendo eficazmente los intereses de las grandes empresas transnacionales”, dice. “Su impotencia me hace querer llorar. Es como si no pudieran hacer nada para evitar que los multimillonarios del mundo sigan enriqueciéndose a costa de la salud de nuestros hijos”.

No obstante, a López Domínguez le alegra que la conciencia pública parezca estar cambiando. “Me parece que actualmente hay muchas más personas que desconfían de las empresas de comida chatarra”.

Un vocero de Coca-Cola explicó a The Guardian: “Nuestro objetivo es tener un impacto positivo en las comunidades en las que operamos. Creemos que empresas como la nuestra pueden desempeñar un papel destacado en la búsqueda de soluciones para algunos de los retos más críticos de la sociedad. En México, estamos comprometidos a trabajar estrechamente con las autoridades locales y federales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades del país para impulsar un cambio positivo en ámbitos clave como el reciclaje, la gestión del agua y el fomento del consumo moderado de azúcar”.

La empresa indicó que no comercializa productos dirigidos específicamente a niños menores de 13 años. Un plan nacional de reforestación en el que participó la empresa desde 2008 hasta 2020 plantó 77 millones de árboles en México, señaló.

Nuevamente en Yalálag, Aquino –que no le permite a su hija de ocho años consumir azúcar– dice que se podría producir un efecto dominó si las personas que evitan consumir alimentos y bebidas procesadas mostraran su mejor salud a los demás.

“El cambio empieza en casa con uno mismo y con la familia y los amigos”, señala. “Es necesario hablar de ello y animar a los demás. Juntos podemos hacer un cambio”.