¿Qué está pasando en Perú y por qué la gente está tan enojada?
Un manifestante sostiene una bandera en la que se lee 'Cerremos el Congreso nido de ratas' mientras participa en una protesta tras la destitución del mandatario peruano Pedro Castillo, en Lima, Perú, el martes. Foto: Alessandro Cinque/Reuters

¿Qué está pasando en Perú?

Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo la semana pasada, han surgido protestas en todo el país, con manifestantes que han cerrado carreteras y bloqueado el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú. Las compañías aéreas han cancelado sus vuelos a Arequipa y a Cuzco, capital turística del país.

Las manifestaciones estallaron el fin de semana en zonas empobrecidas situadas en el sur de Perú y actualmente se han extendido al norte y al este del país, en medio de actos de vandalismo y saqueos generalizados, en los que se han incendiado estaciones de policía, fiscalías regionales y oficinas tributarias. Al menos siete manifestantes –cinco de ellos adolescentes– han muerto por heridas de bala en los enfrentamientos con la policía, seis de ellos en la ciudad de Andahuaylas, al sur del país, que se convirtió en el centro de las protestas. El miércoles, el gobierno declaró el estado de emergencia por un periodo de 30 días, suspendiendo el derecho a la reunión y a la libre circulación.

¿Cómo comenzó todo esto?

Castillo se vio obligado a renunciar después de que intentara suspender temporalmente el Congreso en su esfuerzo por evitar la destitución por “incapacidad moral”, un cargo derivado de múltiples acusaciones de corrupción. Anunció que gobernaría por decreto con poderes de emergencia y convocó nuevas elecciones legislativas.

Sin embargo, en cuestión de horas, el intento ilegal de Castillo de tomar el control del país fracasó. Sus mejores ministros lo abandonaron inmediatamente, denunciando su golpe, y sus aliados políticos, las fuerzas armadas, la policía e incluso su abogado siguieron el ejemplo.

Castillo intentó pedir asilo en la embajada mexicana, sin embargo, su propio equipo de seguridad desvió su vehículo a una estación de policía, donde fue detenido y posteriormente acusado de “rebelión”.

Mientras tanto, el Congreso omitió el debate y pasó directamente a la destitución, votando abrumadoramente a favor de destituirlo.
La vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, tomó posesión como su sustituta, mientras que el derrocado mandatario fue trasladado a la prisión de Barbadillo, en una base policial situada en las afueras de Lima, donde también se encuentra otro expresidente y organizdor de un intento de golpe de estado, Alberto Fujimori, de 84 años.

¿Fue un golpe de Estado?

Muchos peruanos describieron la medida de Castillo como un intento de autogolpe. En 1992, Fujimori realizó una promesa similar de “disolver temporalmente el Congreso” y la cámara se vio rápidamente rodeada de tanques cuando Fujimori asumió el poder absoluto. Posteriormente arrestó a periodistas y líderes de la oposición, censuró periódicos y canales de televisión, y dio comienzo a un régimen autocrático que duraría casi una década.

Castillo copió la misma frase, pero su autogolpe, en comparación, fue una farsa, lo que llevó al analista político Iván Lanegra, a comentar que “Pedro Castillo fue dictador durante sólo dos horas”. Para muchas personas, fue un final digno de un mandato desastroso de 17 meses. El exmaestro tuvo unos 80 ministros y lo persiguen acusaciones de corrupción, con seis investigaciones en curso por parte del fiscal general del país. Expertos en derecho constitucional señalan que el anuncio de Castillo fue una toma de poder ilegal, aunque los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México se han negado a reconocer a Boluarte como jefa de Estado legítima de Perú.

¿Por qué está tan enojada la gente?

El propio intento de Castillo de tomar el poder no hizo nada para disminuir la ira por su destitución, que causó conmoción en sus bastiones en las zonas rurales de los Andes y en los barrios más pobres de la capital. Sus partidarios acusan al odiado Congreso de dar un golpe de Estado contra su líder, hijo de campesinos analfabetas y primer miembro de la empobrecida población rural del país que se convierte en presidente.

“Hay hambre de creer en Castillo”, señaló Omar Coronel, profesor de sociología y de la Pontificia Universidad Católica de Perú. “Es más fácil creer en Castillo el preso, Castillo el mártir, que en Castillo rodeado de todo tipo de acusaciones de corrupción”.

¿Qué pasará después?

Es posible que las protestas vayan disminuyendo a medida que se agoten los recursos, se acerquen las vacaciones de Navidad y los cierres de carreteras hagan subir los precios, ya inflados, de productos básicos como el arroz, el aceite de cocina y el trigo.
Pero los problemas fundamentales que impulsan el malestar no desaparecerán: sigue existiendo un vacío abismal entre la poderosa capital, Lima, y gran parte del resto del país, que se identificó con Castillo y se siente desatendido por sus instituciones y, sobre todo, por su enormemente poco popular Congreso, considerado en gran medida como un nido de víboras de grupos de presión corruptos e intereses particulares.

Quizás Boluarte haya elegido a algunos ministros competentes, pero la crisis política ha superado con creces los retos del gobierno cotidiano. Los planes clandestinos continuarán y la propia Boluarte podría encontrarse en el punto de mira de una votación de destitución.

Los analistas llevan mucho tiempo hablando de la paradoja peruana, la coexistencia de inestabilidad política y estabilidad económica, pero eso puede convertirse en cosa del pasado. El quebrantado sistema político peruano reducirá inevitablemente la inversión extranjera –de la que depende en gran medida la economía– y la situación podría empeorar aún más.

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