Ellos limpiaron el derrame masivo de petróleo de BP, ahora están enfermos y quieren justicia

Después de 18 sesiones de quimioterapia, Samuel Castleberry está cansado. Si de él dependiera, seguiría trabajando como camionero. Este hombre de 59 años se ganaba la vida decentemente y le parecía que estaba en forma. Sin embargo, en junio de 2020 le diagnosticaron un cáncer de próstata que ya se había extendido a su hígado. Ahora se queda sin aliento cuando tiene que llevar el bote de basura a la banqueta de su casa en Mobile, Alabama.

Floyd Ruffin, de 58 años, creció rodeado de caballos en Gibson, una comunidad no incorporada del sur de Luisiana. En 2015 también le diagnosticaron cáncer de próstata, lo cual ha hecho que le resulte incómodo montar a caballo. Antes de que le extirparan la próstata, soñaba con tener más hijos.

Terry Odom, de 53 años, pasa las noches en vela en su casa en San Antonio, Texas. Le preocupa que ella también tenga cáncer. Como química, está acostumbrada a encontrar respuestas, pero no logra averiguar por qué se está deteriorando su salud. Ha enviado correos electrónicos a docenas de médicos e investigadores en busca de respuestas. “Sientes que puedes morir antes de tiempo”, comentó.

Un solo desastre los une a los tres. Hace 13 años, ayudaron a limpiar el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa británica BP, el mayor de la historia registrado en aguas estadounidenses. Se lanzaron hacia el petróleo tóxico para salvar el lugar que amaban, uniendo fuerzas con más de 33 mil personas para limpiar nuestras costas. Ahora tienen demandas activas contra BP, en las que alegan que la empresa los hizo enfermar.

Desde la limpieza, miles de personas han sufrido problemas respiratorios crónicos, sarpullidos y diarrea, un problema conocido entre los residentes locales como “síndrome BP” o “síndrome de la costa del Golfo”. Otros, como Castleberry y Ruffin, desarrollaron cáncer.

El valor que demostraron los trabajadores de limpieza fue comparable con el heroísmo de los servicios de emergencia durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que acudieron rápidamente al World Trade Center para salvar a la gente y respiraron polvo y gases tóxicos, señaló la toxicóloga Riki Ott, de Alaska, que se involucró en la defensa de los trabajadores de limpieza de derrames de petróleo tras el derrame del buque petrolero Exxon Valdez en Alaska en 1989.

“Lo que hacen los residentes y los profesionales que trabajan en la limpieza de derrames de petróleo es exactamente lo que hacen los bomberos profesionales y el personal de emergencias de todo el mundo: jugarse la vida para proteger la nuestra”, señaló.

Sin embargo, mientras que las personas que ayudaron en el atentado terrorista más mortífero de la historia de Estados Unidos han quedado grabadas con razón en la memoria pública, los trabajadores de la costa de algunas de las zonas más pobres del país –aquellos que arriesgaron sus vidas tras la peor catástrofe industrial de una generación– han quedado en el olvido, sin reconocimiento y obligados a valerse por sí mismos.

El 20 de abril de 2010, una plataforma petrolera contratada por la empresa BP para realizar perforaciones en las aguas profundas del Golfo de México explotó, derramando más de 200 millones de galones de petróleo.

Aquel día murieron 11 trabajadores, pero algunos sostienen que el número de víctimas mortales del derrame podría ser mucho mayor –y no se ha informado lo suficiente–, ya que los trabajadores de limpieza pronto comenzaron a desarrollar enfermedades que, según indican, están relacionadas con la exposición a las toxinas del petróleo, así como al Corexit, el producto químico que BP utilizó para dispersar las manchas de petróleo.

Durante los 87 días en que el petróleo brotó del fondo marino, trabajadores de bajos ingresos de los estados de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida retiraron manchas de chapopote de las playas, absorbieron petróleo con barreras absorbentes, descontaminaron embarcaciones y quemaron petróleo en la superficie del agua. También rescataron animales silvestres, como aves, tortugas marinas y delfines que estaban cubiertos de petróleo.

Algunos eran pescadores vietnamitas que se quedaron sin trabajo cuando se cerraron las aguas del Golfo para la pesca del camarón. Otros eran albañiles cajún y vaqueros afroamericanos. La mayoría se ganaba la vida trabajando en el Golfo. Esos contratistas trabajaron en el derrame durante semanas o meses seguidos, y aproximadamente el 30% de ellos percibían ingresos familiares anuales inferiores a 20 mil dólares, según datos demográficos recopilados por los Institutos Nacionales de Salud.

BP les dijo a muchos de sus trabajadores de limpieza que no necesitaban usar protección respiratoria debido a que los componentes tóxicos del petróleo ya se habían evaporado o descompuesto en las olas, según indican los informes de seguridad de la empresa.

A pesar de que el gobierno federal le aconsejó que llevara a cabo una biovigilancia midiendo los niveles de toxinas en la sangre, la piel o la orina de los trabajadores de limpieza, BP no recopiló pruebas que pudieran demostrar si las toxinas contenidas en el petróleo habían entrado en el torrente sanguíneo de los trabajadores, según alegan los abogados de los demandantes.

En 2010, BP lanzó una enorme campaña de relaciones públicas para convencer a la población de que el Golfo se recuperaría. Cuando aún se respiraba el olor a petróleo y Corexit, BP ya estaba preparando su defensa legal contra los mismos trabajadores que, según aseguraba, estaban reparando los daños medioambientales causados por el derrame, según revelan nuevas pruebas publicadas por primera vez por The Guardian.

No existe un acuerdo de demanda colectiva en relación con los trabajadores de limpieza y los residentes de la costa que se enfermaron años después del derrame. Debido a los términos de un acuerdo anterior, deben demandar a BP de forma individual para ser compensados por sus lesiones crónicas, y muchos de los casos están sujetos a una orden judicial que les impide solicitar daños punitivos.

BP declinó realizar comentarios sobre una serie de preguntas detalladas de The Guardian, citando el litigio en curso. Un juez de distrito determinó que la empresa que fabricó el Corexit que se utilizó durante el derrame de BP, Nalco Holding Co, no era responsable de las indemnizaciones médicas relacionadas con el uso de su producto durante el derrame porque el gobierno federal había aprobado su uso, según consta en documentos judiciales.

Ecolab Inc compró la empresa en 2011, no obstante, posteriormente la vendió a una filial, Corexit Environmental Solutions LLC. (Cuando The Guardian la contactó, Corexit Environmental Solutions indicó que nunca estuvo involucrada en ninguna decisión relacionada con el uso de su producto en el Golfo).

BP pagó 65 millones de dólares a 22 mil 588 personas en el acuerdo médico anterior relativo a enfermedades de corta duración, es decir, menos de 3 mil dólares en promedio a cada una de ellas, según una actualización del administrador de reclamaciones de 2019. La empresa también gastó más de 60 mil millones de dólares para resolver las reclamaciones económicas y de recursos naturales derivadas del derrame, así como las sanciones civiles impuestas en virtud de la Ley de Agua Limpia.

No obstante, en los casos de problemas de salud de larga duración, las probabilidades no han estado a favor de los demandantes. La empresa multinacional de petróleo y gas aplicó una estrategia de “tierra quemada” en cada demanda, señaló el abogado Jerry Sprague, que ha interpuesto unas 600 demandas médicas contra BP. Según los registros judiciales del distrito este de Luisiana, hasta enero de 2020 se habían presentado casi 5 mil demandas.

La empresa contrató a expertos para cientos de casos y, en algunos de ellos, interrogó a los demandantes y a sus médicos durante horas, revisando sus historiales médicos, sus declaraciones fiscales y sus expedientes laborales. “BP quiere que sepamos que luchará contra estos casos hasta el final”, indicó Sprague.

En los tribunales, BP argumenta que, sin pruebas biológicas, los trabajadores y residentes de la costa no pueden demostrar que el derrame de petróleo provocó sus enfermedades, a pesar de las investigaciones que vinculan la exposición al derrame con un mayor riesgo de desarrollar cáncer y tasas más elevadas de enfermedades respiratorias duraderas, cardiopatías, dolores de cabeza, pérdida de memoria y visión borrosa. Se han desestimado miles de casos, según indican los abogados demandantes. Solo se tiene conocimiento de un caso en el que se haya llegado a un acuerdo.

“Es, con diferencia, la catástrofe de salud pública más devastadora a la que jamás he estado expuesto”, comentó Tom Devine, director jurídico del Government Accountability Project (Proyecto de Rendición de Cuentas) del gobierno, que ha publicado varios informes basados en entrevistas con trabajadores de limpieza enfermos. “Lo que resulta particularmente frustrante es que a BP no le importa”, añadió.

The Guardian entrevistó a más de dos docenas de extrabajadores de limpieza para elaborar este artículo. Muchos no habían hablado nunca de esto públicamente.

Frank Stuart Sr, padre de seis hijos, describió el trabajo de limpieza como una “cruzada”. Dirigió un equipo de barcos para impedir que el petróleo llegara a una desembocadura en el sur de Luisiana, entre Lafitte y Grand Isle. Trabajaron jornadas de 15 horas diarias durante muchos meses. “Fue una cruzada para garantizar la protección de los humedales. Nos aseguramos de que si había un pescador o un miembro de una tripulación que necesitaba trabajo, lo poníamos a trabajar para que no perdiera su casa. Para que no perdieran su carro. Tenían un medio para comer”, explicó en un video grabado por su hija, Bailey Stuart, en 2017.

Al año siguiente, a Frank Stuart le diagnosticaron leucemia mieloide, un tipo de cáncer poco común. Su estado de salud empeoró rápidamente. Su esposa desde hacía 22 años, Sheree Kerner, se sentó junto a su cama de hospital con su laptop, intentando entender qué había hecho que su esposo se enfermara. Su búsqueda la llevó de nuevo a la exposición de Stuart a la combinación tóxica del petróleo de BP y Corexit.

El 19 de abril de 2018, un día antes del octavo aniversario del derrame de petróleo de BP, su esposo murió en su casa, en sus brazos.

“Simplemente es atroz que pudieran salir impunes de un asesinato”, comentó Kerner sobre BP. Kerner interpuso una demanda contra la empresa petrolera por la muerte de su esposo.

Para tener una idea más completa de las enfermedades que los trabajadores de limpieza y los residentes de la costa dicen que fueron provocadas por el derrame, The Guardian analizó una muestra aleatoria de 400 demandas interpuestas contra BP. Los problemas de sinusitis son el problema de salud crónico más común mencionado entre las personas que presentaron demandas, seguidos de afecciones oculares, cutáneas y respiratorias. La rinosinusitis crónica, es decir, la inflamación de los senos de la nariz y la cabeza que provoca escurrimiento nasal y dolor en la cara, fue la enfermedad más común.

La mayoría de los demandantes fueron trabajadores de limpieza. Uno era socorrista y otro vivía cerca de la costa de Gulfport, Mississippi, donde llegó el petróleo. Aproximadamente el 2% de los demandantes tienen cáncer, aunque los defensores de la salud pública creen que es probable que se diagnostique a más personas en los próximos años.

“Sus resultados son prácticamente similares a los que un estudio de la Universidad de Yale descubrió 13 años después del derrame de petróleo del buque petrolero Exxon Valdez”, señaló Ott. “Creo que con el paso de los años se desarrollarán más cánceres relacionados con el derrame de petróleo”.

John Pabst, de 64 años, también asocia su diagnóstico de cáncer a su trabajo de limpieza durante el derrame. Era un trabajo asqueroso. El hedor del petróleo quemado flotaba en el aire, y la humedad y las temperaturas abrasadoras dejaban a quienes se encontraban en el agua exhaustos, sudorosos y deshidratados.

Pabst recuerda cómo arrastraba barreras flexibles de 200 pies de largo desde los pantanos en su pequeño barco camaronero, con el espeso y grasiento olor a diesel del Corexit y el petróleo persistiendo alrededor de su embarcación. Sin embargo, Pabst, un hombre de pecho robusto y hombros anchos cuya familia lleva tres generaciones pescando camarones en la costa del Golfo, se enorgullecía de su trabajo. La paga fue generosa. Las tareas de limpieza eran imprescindibles para preservar su estilo de vida para las generaciones futuras.

“Era un trabajo sucio, desagradable y apestoso”, recordó una mañana reciente mientras tomaba un café cerca de su casa en Chalmette, en el sureste de Luisiana. Utilizaba tres paquetes de toallitas para bebés a la semana cuando navegaba, se limpiaba el sudor de la cara, le ardían los ojos y le palpitaba la cabeza durante los turnos de 11 horas.

Posteriormente, los dolores de cabeza y las náuseas se volvieron crónicos y, en 2017, le diagnosticaron un linfoma en el ojo, causado, según afirma él, por meses de exposición a toxinas durante la campaña de limpieza.

Luego siguieron las sesiones de terapia de radiación. El proceso, explicó, le provocó claustrofobia y trastorno de estrés postraumático, así como preocupaciones persistentes sobre si el cáncer reaparecería y cuándo.

“Siempre te preguntas: ¿valió la pena el dinero que gané?”, comentó, mientras su caso sigue pendiente en el tribunal federal. “Ganamos 10 mil dólares cada dos semanas durante tres o cuatro meses (durante la campaña de limpieza). Pero a veces ganábamos más que eso pescando camarones”. “Pero ahora, cada vez que pasa algo con mi salud, uno se pregunta: ¿esto forma parte del cáncer?”.

El otoño pasado, el abogado Sprague presentó una moción alegando que BP tenía la obligación de recopilar y guardar los datos sobre los niveles de exposición de los trabajadores de limpieza, pero no lo hizo para ayudar a su defensa contra futuros litigios.

El petróleo seguía derramándose en el Golfo de México cuando tres entidades federales, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el Instituto Nacional de las Ciencias de Salud Ambiental y el Consejo Nacional de Investigación, presentaron planes en los que proponían a BP que biovigilara los trabajadores de limpieza, según consta en correos electrónicos descubiertos durante la investigación.

La biovigilancia es un método para medir los niveles de exposición a sustancias químicas mediante el análisis de fluidos corporales para detectar toxinas de forma repetida durante cierto tiempo. Este tipo de monitoreo es útil para determinar la causalidad de enfermedades agudas y crónicas.

No obstante, en lugar de monitorear los cuerpos de los trabajadores, BP gastó más de 13 millones de dólares en monitorear el aire. En un correo electrónico enviado a sus colegas, John Howard, director del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, escribió que el monitoreo del aire por sí mismo no refleja todas las formas en que las toxinas pueden entrar al organismo de los trabajadores.

En un correo electrónico con fecha de 27 de junio de 2010, descubierto durante la investigación, escribió: “Dado que el muestreo del aire no refleja la exposición total, y que la exposición total puede tener una mayor relación con los efectos a largo plazo sobre la salud, la continuación de nuestra estrategia sin incorporar la biovigilancia (1) representa únicamente una estrategia parcial para determinar la exposición; (2) resulta incompleta desde el punto de vista científico; (3) nos impide atender las preocupaciones de aquellos que aparecen ahora en los medios de comunicación afirmando que existen exposiciones nocivas a pesar de los resultados negativos del muestreo del aire”.

Asimismo, añadió que la falta de biovigilancia también mermaría la capacidad de los investigadores para realizar estudios de salud a largo plazo. Howard no respondió las solicitudes de comentarios.

Para llevar a cabo el monitoreo del aire, BP contrató a una empresa llamada CTEH. En junio de 2010, dos miembros del Congreso enviaron una carta a BP en la que destacaron la decisión de la empresa de contratar a la consultora, que tiene un historial de trabajar con empresas para minimizar los riesgos de grandes incidentes de contaminación de los que son responsables.

Murphy Oil contrató a CTEH en 2005 para que realizara pruebas después de que el huracán Katrina inundara la refinería de la empresa y derramara 1 millón de galones de petróleo en mil 800 viviendas ubicadas en Meraux y Chalmette, Luisiana. La diputada estadounidense Lois Capps y el senador Peter Welch escribieron que la contratación de CTEH era “otro tropiezo a expensas de la salud pública”.

Recientemente, CTEH fue contratado por Norfolk Southern, la empresa operadora del tren que transportaba sustancias químicas tóxicas que se descarriló en East Palestine, Ohio. Aunque CTEH señaló que sus pruebas no mostraban la presencia de sustancias químicas nocivas en las viviendas de los residentes cercanos, el medio ProPublica y el periódico The Guardian hablaron con varios expertos que afirmaron que las pruebas eran inadecuadas y no podían demostrar que los residentes estuvieran a salvo.

Durante la investigación, la empresa de Sprague encontró una cadena de correos electrónicos enviados por el equipo médico interno de BP el 31 de julio de 2010 en los que se discutían las actividades de monitoreo del aire de la empresa. “Aunque estamos documentando cero exposiciones en la mayoría de los esfuerzos de monitoreo, el monitoreo en sí mismo es un valor añadido ante la percepción pública, y los ceros son un valor añadido para la defensa en posibles litigios”, escribió John Fink, un especialista en higiene industrial de BP.

Para Sprague, se trataba de una revelación crítica. “Ahí mismo está el reconocimiento de que BP va a realizar un monitoreo del aire no porque esté intentando encontrar peligros en el aire, sino para defenderse de futuros litigios”, señaló Sprague sobre el correo electrónico. “Los científicos están diciendo que deberíamos realizar una biovigilancia. BP lo ignora. ¿Qué impresión da eso cuando sabes que van a seguir realizando monitoreos del aire para defenderse de los litigios?”. BP declinó responder las preguntas sobre su monitoreo de la exposición tóxica durante la catástrofe.

Jorey Danos guarda recuerdos de la catástrofe esparcidos por su granja de un acre situada en la pequeña localidad cajún de Golden Meadow, Luisiana. Hay frascos llenos de agua de mar de color café que contienen petróleo del derrame que todavía flota en la parte superior; maletas llenas de sus documentos legales que rebozan de papeles y sus identificaciones de los cuatro meses que trabajó en la campaña de limpieza, su foto ahora descolorida y rayada.

Danos tenía 31 años cuando se ofreció para luchar contra el derrame. Ahora, a sus 40 años, ya está jubilado, pues padece una serie de enfermedades crónicas que atribuye a la catástrofe de Deepwater, entre ellas dolores abdominales y estomacales crónicos y pérdida de memoria.

No obstante, sus recuerdos de su trabajo en el Golfo siguen siendo vívidos: pelícanos cubiertos de petróleo, delfines expulsando agua aceitosa de sus espiráculos. “Era un desastre total”, comentó. “Apocalíptico”.

El año pasado se desestimó su demanda por daños médicos, revelan los registros. “Ya no es una cuestión de dinero”, dijo Danos mientras estaba sentado en su patio trasero mirando los restos de papel de su demanda. “Quería un veredicto de culpabilidad y quería que explicaran por qué tuvieron que utilizar sustancias químicas tóxicas que se sabe que son perjudiciales para los seres humanos”.

Los documentos sugieren que BP no hizo mucho por preparar a los trabajadores de limpieza para los riesgos tóxicos asociados al trabajo. Los módulos de capacitación de BP publicados recientemente y obtenidos por Downs Law Group, un despacho de abogados con sede en Miami involucrado en más de 100 demandas activas relacionadas con el derrame, llevan al despacho a afirmar que los trabajadores de limpieza recibieron información mínima sobre los riesgos tóxicos.

En su lugar, al parecer las advertencias se centraron en el agotamiento por el calor, los insectos y los riesgos de tropiezos y caídas. En un módulo, redactado para los trabajadores de la costa, se califica como “muy poco probable” el riesgo de exposición al dispersante y se añade que los “efectos sobre la salud serían similares a la exposición a cualquier detergente poco agresivo”.

“Los dispersantes utilizados en el Golfo no contienen ingredientes que causen efectos a largo plazo sobre la salud, incluido el cáncer”, se lee en la diapositiva.

En el módulo también se asegura que los trabajadores de la costa no necesitarán usar equipos de protección respiratoria porque solo estarían expuestos al petróleo degradado, que es menos peligroso, y no al petróleo crudo, que es más tóxico. Sin embargo, los propios documentos internos de seguridad de BP indican que incluso el petróleo degradado sigue siendo peligroso en caso de contacto con la piel, ya que puede provocar irritación cutánea, de ojos y diarrea. Y el uso de lentes de seguridad, trajes de protección Tyvek, botas de hule y guantes cuando se tiene contacto con la sustancia “podría no ser adecuado”, afirma el documento.

Otro módulo de capacitación asegura a los trabajadores de limpieza que, para el momento en que el petróleo llegue a la costa, habrá estado “sometido a la ‘erosión’ del tiempo y la distancia antes de impactar en la costa”. BP no quiso responder las preguntas sobre la capacitación de los trabajadores de limpieza.

James “Catfish” Miller explicó que prácticamente no le dieron ropa de protección cuando empezó a trabajar para BP, aproximadamente un mes después del inicio de la catástrofe. “Lo dije unas 9 mil veces: ‘¿Dónde están nuestras botas y guantes, nuestros trajes Tyvek?’. No tenían ninguno para darnos”, recordó, rememorando sus primeros días de trabajo frente a la costa de Biloxi, Mississippi. “Cero. Nada. Pero no nos quejábamos. La paga era buena”.

Las manchas de extendían a lo largo de varios kilómetros, cubriendo su barco camaronero con gruesas manchas de una sustancia parecida al chapopote. Afirmó que recibió tan poca capacitación que en uno de sus primeros días, cuando una cuerda se enredó en la hélice de su barco, saltó al agua contaminada para cortar la cuerda sin protección para la piel, afrontando el incidente como lo haría en cualquier día normal de pesca de camarones en el golfo.

Poco después empezaron sus síntomas: náuseas, dolores de cabeza, diarrea. Apodó a su marinero de cubierta “el canario” porque fue el primero en perder el conocimiento. Pero poco después, también le ocurrió lo mismo a Miller. Al cabo de un mes y medio de trabajo, fue hospitalizado después de que su esófago comenzara a sangrar durante los vómitos crónicos. Estuvo en cama durante meses y perdió más de la mitad de su peso corporal, recordó. “Pensé que iba a morir. Fue un envenenamiento químico”, recordó. “Simplemente no podía recuperarme”.

Su recuperación requirió varios años y desde entonces ha luchado contra episodios de ansiedad y depresión. La experiencia desembocó en la ruptura de su matrimonio. La demanda que Miller interpuso por daños médicos duraderos fue desestimada en septiembre del año pasado, según consta en los archivos. “Creo que simplemente nos robaron la salud de nuestra vida”, comentó.

Un mes después del derrame, BP emprendió una agresiva y amplia campaña local de relaciones públicas, publicando frecuentes anuncios en los periódicos locales de la costa del Golfo durante el año siguiente. El ejército de trabajadores locales de limpieza de la empresa ocupó un lugar destacado.

“Organizamos la mayor respuesta medioambiental de la historia de este país”, proclamaba un anuncio publicado en el periódico Advocate el 3 de junio de 2010. “Barreras de más de 3 millones de pies de largo, 30 aviones y más de mil 300 embarcaciones están trabajando para proteger la costa. Cuando el petróleo llega a la costa, miles de personas están listas para limpiarlo”.

La campaña se llevó a cabo bajo el lema: “Haremos esto bien”. Más de una década después, la frase sería repetida casi textualmente como slogan de otra campaña que promovía la respuesta empresarial al desastre tóxico ocurrido en East Palestine, Ohio.

La química de Luisiana, Wilma Subra, comprendió la posibilidad de que el derrame de BP se convirtiera en un desastre para la salud pública. Abogó por que los trabajadores de limpieza recibieran máscaras antigás y otros equipos de protección personal durante la respuesta al derrame, pero no tuvo mucho éxito.

Al poco tiempo, se dio cuenta de algo más: “BP firmó acuerdos con todos los expertos técnicos que pudo”, señaló. “Podías ver claramente que el objetivo era hacerlos quedar bien y no presentar las verdaderas consecuencias negativas de ello”.

Además de intentar controlar la narrativa pública, BP incluyó a varios investigadores en su nómina y desempeñó un papel en la revisión de determinadas investigaciones científicas sobre las consecuencias del derrame. Downs Law Group descubrió una hoja de cálculo interna de BP en el proceso de descubrimiento que parece llevar un seguimiento del proceso de revisión de la empresa en la publicación de 29 estudios científicos sobre diversos temas, incluida la toxicidad del derrame y los impactos en las aves, los peces y las ostras.

La hoja de cálculo, actualizada por última vez por BP en 2013 o principios de 2014, muestra que la empresa seguía varios pasos en su proceso de aprobación, entre ellos la “revisión técnica”, el “envío al autor para cambios” y la “revisión final legal/BP”. Anotado junto a un estudio sobre el impacto del petróleo y el dispersante en las ostras, la empresa señala: “Enviado de nuevo al autor para cambios”.

No todos los estudios que figuran en el rastreador de investigaciones de BP fueron publicados con declaraciones que indicaban que BP aportó comentarios, sugirió revisiones y realizó una revisión legal de los contenidos. “BP influyó en la ciencia”, indicó David Durkee, abogado del Downs Law Group. “Creo que cada vez se vuelve más evidente, al menos a través de estos documentos, que BP ejerció una influencia activa en el intento de inclinar la balanza”.

Sin embargo, otros estudios publicados en los últimos cinco años vincularon la exposición al derrame de BP de 2010 a una serie de problemas de salud, como cardiopatías, síntomas neurológicos y una mayor tasa de nacimientos de bebés prematuros y con bajo peso. Estos estudios de salud se basan en los estudios de otros derrames, como el del buque petrolero Prestige frente a las costas españolas en 2002 y el del buque petrolero Hebei Spirit en aguas surcoreanas en 2007.

La investigación sobre los efectos en la salud del derrame del Hebei Spirit recibió el acrónimo Heros para denotar los esfuerzos de los trabajadores de limpieza para combatir el petróleo que llegaba a la costa, explicó Ott. “Están reconociendo que los participantes en sus estudios son héroes”, explicó sobre el nombre del estudio de cohortes surcoreano. La provincia de Corea del Sur donde llegó el derrame construyó un centro conmemorativo para recordar las labores de limpieza.

Durante dos años, se erigieron 11 figuras de acero de tamaño natural en el terreno neutral de una concurrida calle de Nueva Orleans para recordar a los hombres que murieron cuando explotó la plataforma de BP en 2010. Esas esculturas ya no se encuentran ahí, y los trabajadores de limpieza del derrame de petróleo de BP nunca fueron homenajeados. “En mi opinión, se está victimizando a las personas dos veces”, señaló Ott.

Hasta la fecha, una persona ha logrado llegar a un acuerdo: El capitán John Maas. Èl acababa de obtener su licencia de capitán de barco cuando el petróleo empezó a llegar a las costas de Mississippi. Él y su novia de aquel entonces salieron en busca de aves y tortugas cubiertas de petróleo para rescatarlas. Cuatro meses después, ella murió de cáncer. “Aquello me motivó en cierto modo”, comentó Maas.

Interpuso una demanda contra BP por sus propios problemas de salud derivados del derrame, asma inducida químicamente y enfermedad pulmonar restrictiva. Maas fue interrogado por BP en dos ocasiones, en total 15 horas de interrogatorio, recordó.

BP también hizo declarar a su médico, el Dr. Charles Wray, presionándolo para que dijera que el asma de Maas en realidad estaba causado por su obesidad, no por el derrame de petróleo. No obstante, según las transcripciones, Wray no se dejó influir y la empresa terminó resolviendo la demanda. Tanto Maas como su abogado, William “Ken” Burger, tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad que les impedían hablar públicamente sobre los términos del acuerdo.

“No me hago ilusiones de que esto haya terminado. Ninguna… Un pequeño y tonto capitán con estudios hasta bachillerato les ganó. Pero esa no es la verdadera historia”, señaló Maas. “La verdadera historia es cómo perdieron todos los demás”.

La Dra. Veena Antony, profesora de medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham, también prestó declaración en el caso de Maas. Respirar incluso una pequeña cantidad de Corexit puede causar daños en los tejidos de los pulmones y hacerlos más permeables a las toxinas. Como en un juego de Red Rover, la primera inhalación del dispersante rompe la barrera celular, permitiendo el paso de más toxinas en la siguiente inhalación. “Creo que el resultado final es que las personas sufrieron”, señaló.

“Para mí ese sufrimiento es inaceptable. Deberíamos reconocer que en tiempos de emergencia el objetivo número uno tiene que ser la protección de la salud humana”.

En marzo de este año, el gobierno de Biden aprobó un polémico proyecto de perforación en Alaska y arrendó 1.6 millones de acres en el Golfo de México a empresas del sector energético. Sin embargo, desde el derrame de petróleo de BP en 2010, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no ha introducido cambios en su política para proteger a los futuros trabajadores de limpieza.

En 2015, la agencia emitió una propuesta de norma a fin de incorporar las lecciones aprendidas del derrame de BP en el marco del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación de Petróleo y Sustancias Peligrosas, la guía del gobierno estadounidense para responder a los derrames de petróleo y otros derrames de sustancias químicas tóxicas. No obstante, nunca se ultimó la norma.

En 2020, Alert Project, un grupo de defensa fundado por Ott, demandó a la EPA por no actualizar su normativa relativa al uso de dispersantes químicos durante los derrames de petróleo. Un tribunal de distrito estadounidense ordenó a la agencia que publicara su política actualizada antes del 31 de mayo de este año.

El American Petroleum Institute intentó intervenir en el caso, pero el tribunal se lo denegó. Aun así, los grupos ecologistas sostienen que la norma propuesta por la EPA no ofrece suficiente protección y no toma en consideración las investigaciones publicadas en los últimos años que demuestran los riesgos que suponen los dispersantes para la salud humana.

“Son pasos de bebé. No van a evitar futuras tragedias”, señaló Devine, del Government Accountability Project. “La industria petrolera básicamente tendrá un cheque en blanco para usar Corexit una y otra vez”.

Castleberry, Ruffin, Odom y muchas otras personas entrevistadas por The Guardian señalan que siguen esperando que se haga justicia y que se les escuche.

Cuando Castleberry supo que tenía cáncer, pensó que era la forma que tenía Dios de castigarlo por sus errores. “Simplemente pensé que era algo que había hecho en algún momento”, comentó.

Desde entonces ha llegado a creer que su cáncer no es producto del karma, sino de su exposición al derrame. Comenta que BP debería pagar por sus fechorías. “Soy un firme creyente de que si haces el mal, eres merecedor de las consecuencias o de lo que ocurra después”, señaló.

Ruffin se realiza revisiones médicas periódicas para asegurarse de que no haya reaparecido su cáncer de próstata. “Así que ahora tengo presente que esto puede aparecer en cualquier momento”, explicó. Aunque no puede olvidar la forma en que el derrame afectó a su cuerpo, comenta que la opinión pública parece haberlo superado. “Ahora que las playas han vuelto casi a la normalidad hasta donde se puede ver, los que están enfermos están siendo olvidados”, dijo.

Odom fue despedida de su trabajo en una planta de fabricación de productos químicos ubicada cerca de Pensacola, Florida, antes de que se produjera el derrame. Le estaba costando trabajo encontrar otro empleo con el cual pagar las cuentas, razón por la cual aceptó un trabajo como responsable de seguridad durante la respuesta al derrame de BP. Estaba en una moto todoterreno Polaris en la playa cuando su piel se llenó de pequeños bultos. “Como si me hubieran sumergido en un tanque de hormigas”, comentó.

Al día siguiente se compró camisas de manga larga para usarlas en el trabajo. Cuando otros trabajadores de limpieza sufrieron un golpe de calor, ella los trasladó a un tráiler médico móvil para que los atendieran. Pero, señaló, nunca le dijeron que estuviera atenta a los síntomas de exposición tóxica. Sus compañeros no creían que lo que estaban haciendo tuviera sentido.

“Estábamos ahí para asegurar a la población que todo marchaba bien, que todo era seguro y que todo estaba bajo control”, explicó. “Y eso simplemente no era cierto”.