El Título 42 está por llegar a su fin en EU, ¿qué significa para la política migratoria?

El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está en juego mientras los migrantes que huyen de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen esperan ansiosos una oportunidad para ponerse a salvo, en un contexto de un cambio político importante en la frontera sur de Estados Unidos.

Se espera que la orden de salud pública del Título 42 –que desde hace años permite a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes sin proporcionarles acceso al asilo– finalice finalmente el 11 de mayo. ¿Qué significa esto?

Mientras los líderes gubernamentales se preparan para un previsible aumento del número de migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar la frontera, las políticas de línea dura que están promoviendo para impedir la entrada de personas pueden tener consecuencias potencialmente mortales para algunas de las personas más vulnerables del mundo.

En el Congreso, se espera que, tan pronto como esta semana, se someta a votación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, un paquete de medidas de migración y seguridad fronteriza que respalda un enfoque basado únicamente en la aplicación de la ley.

En caso de promulgarse, la legislación propuesta reduciría significativamente la concesión de asilo, limitaría otras vías humanitarias, reanudaría la construcción del muro fronterizo, eliminaría las salvaguardias aplicables para los niños migrantes y modificaría de otro modo las leyes estadounidenses para convertirlas en instrumentos menos acogedores para aquellos que necesitan protección.

Desde un punto de vista realista, es poco probable que estas medidas drásticas prosperen en el Senado, controlado por los demócratas, al menos en su versión actual. Sin embargo, siguen representando una visión de la política de migración que contrasta fuertemente con la tradición de refugio de Estados Unidos, al tiempo que obstaculiza la capacidad del gobierno federal para responder de manera eficaz en situaciones de seguridad nacional como la retirada de Estados Unidos de Afganistán o la invasión de Rusia contra Ucrania.

Entretanto, la Casa Blanca y sus agencias también están analizando estrategias que podrían socavar los compromisos humanitarios de Estados Unidos, bajo una administración demócrata que realizó su campaña con la promesa de construir “un sistema de migración justo y humano”.

Desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo, él y su equipo se han visto obligados a equilibrar esos objetivos iniciales con la intensa e inquebrantable presión política ejercida para responder a los niveles récord de migración registrados en la frontera entre Estados Unidos y México. Y, mientras los legisladores dedican su tiempo a debatir políticas antiinmigración en lugar de promover una reforma bipartidista en materia de migración, el gobierno ha reaccionado con una serie de recompensas y castigos más matizados que las propuestas de la Cámara de Representantes, pero que en su mayoría se basan en mecanismos destinados a disuadir a los posibles migrantes.

Esa tendencia continuó el mes pasado, cuando los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional dieron a conocer su propia respuesta colectiva al aumento previsto de la migración humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México una vez que finalice la política del Título 42.

En particular, el anuncio de la creación de nuevos centros de tramitación en Guatemala y Colombia ofrecerá a los migrantes de la región la oportunidad de comprobar si son candidatos idóneos para acceder a vías legales de migración no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia Canadá y España, sin tener que pagar a contrabandistas por una peligrosa travesía hacia el norte. Pero, por el contrario, el gobierno también tiene planes que podrían impedir en gran medida que los migrantes con solicitudes legítimas accedan a la protección.

La propuesta estará lista el 11 de mayo, indicó el viernes el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. En su versión actual, los migrantes que se encuentren en la frontera sur y que hayan atravesado un tercer país en su camino hacia Estados Unidos en general no serán elegibles para el asilo –con algunas advertencias– a menos que cumplan con los requisitos para una de las tres excepciones, las cuales incluyen limitaciones y exclusiones que podrían hacer casi imposible que muchos de los solicitantes de asilo más vulnerables encuentren refugio.

La primera excepción la constituyen los programas existentes del gobierno de Biden para que personas procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití lleguen a Estados Unidos con permiso previo mediante un proceso denominado “parole” (permiso de permanencia temporal). Estos programas permiten la entrada en Estados Unidos de hasta 30 mil personas al mes y han coincidido con la disminución de los cruces irregulares en la frontera sur. No obstante, la vara es muy alta, ya que la elegibilidad se limita a quienes pueden obtener un pasaporte, conseguir un patrocinador en Estados Unidos que los apoye económicamente y permitirse un viaje en avión comercial internacional.

La segunda excepción es para las personas que esperan en el lado mexicano de la frontera –potencialmente durante semanas, meses o indefinidamente– para conseguir una de las finitas citas diarias de solicitud de asilo para entrar a Estados Unidos a través de CBP One, una aplicación para celular del gobierno federal que se ha visto inundada de quejas.

La última excepción contempla a los solicitantes de asilo que solicitaron protección en otro lugar y se les denegó en su trayecto hacia Estados Unidos. Sin embargo, en esos lugares, las organizaciones delictivas consideran a los migrantes objetivos fáciles para la violencia y la extorsión.

Desde principios de 2021, más de 13 mil migrantes han sido secuestrados, violados, torturados o atacados de cualquier otra forma en México después de haber sido devueltos en la frontera sur de Estados Unidos.

Esta situación tan desoladora ha generado una gran indignación por parte de los defensores de la migración. Y ahora, estas costosas restricciones se suman a los esfuerzos de acelerar los controles iniciales de asilo y las deportaciones en instalaciones fronterizas a las que los abogados no pueden acudir en persona, lo que provoca más protestas y el temor de que los migrantes no solo no podrán ejercer sus derechos, sino que se exponen a peligros innecesarios.

Las encuestas muestran que los estadounidenses siguen apoyando mayoritariamente que Estados Unidos sea tierra de refugio y acogida. Contrariamente a la impresión que dejan las disputas partidistas, sí existen algunas soluciones. En última instancia, el Congreso tiene el poder de ser el agente más eficaz, mediante la legislación de nuevas vías de migración y la introducción de otras reformas largamente esperadas que, según argumentan muchos, benefician tanto a los migrantes como a los ciudadanos estadounidenses.

Por ejemplo, los legisladores podrían crear más medios para que los trabajadores migrantes cubran la escasez crónica de mano de obra. Los legisladores también podrían destinar fondos a más funcionarios de asilo, jueces de inmigración y otro personal esencial, lo cual proporcionaría un respiro a los sobrecargados funcionarios fronterizos a la vez que se solucionarían los retrasos relacionados con la migración que han socavado todo el sistema.

Con este tipo de soluciones, que dan prioridad a la vida humana sobre la perspectiva o la política, Estados Unidos no tendría que elegir entre una tradición de refugio y el orden en la frontera. Podría hacer ambas cosas, protegiendo al pueblo estadounidense y a los futuros estadounidenses que en estos momentos acuden a Estados Unidos en busca de ayuda.

Alexandra Villarreal es asociada de política y defensa del National Immigration Forum.