Los precios de las acciones de las grandes empresas contaminantes caen tras las demandas climáticas

Los litigios climáticos representan un riesgo financiero para las empresas de combustibles fósiles debido a que reducen el precio de las acciones de las grandes empresas contaminantes, reveló un estudio.

Un estudio que publicará el Instituto de Investigación Grantham de la LSE (Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres) analiza la forma en que reacciona el mercado bursátil a la noticia de que se interpuso una nueva demanda climática o de que una empresa perdió su caso.

Los investigadores esperan que su trabajo anime a prestamistas, reguladores financieros y gobiernos a tomar en consideración el efecto que tienen los litigios climáticos cuando se tomen decisiones de inversión en un futuro y, en última instancia, a impulsar una conducta más ecológica por parte de las empresas.

El estudio, que actualmente se encuentra en fase de revisión por pares, analizó 108 demandas relacionadas con la crisis climática interpuestas en todo el mundo entre 2005 y 2021 contra 98 empresas cotizadas en Estados Unidos y Europa. Descubrió que la presentación de un nuevo caso o una decisión judicial en contra de una empresa reducía su valor previsto en un promedio del 0.41%.

El mercado bursátil reaccionó con mayor intensidad en los días posteriores a los juicios emprendidos contra las grandes empresas del carbono, entre las que figuran las mayores compañías de energía, servicios públicos y materiales del mundo, reduciendo el valor relativo de dichas empresas en un promedio del 0.57% tras la presentación de una demanda y en un 1.5% tras una sentencia desfavorable.

Aunque de forma modesta, los investigadores concluyen que la caída del valor de las grandes empresas contaminantes es estadísticamente significativa y, por tanto, se debe a los recursos legales.

“Antes no sabíamos si a los mercados les preocupaban los litigios climáticos“, comentó Misato Sato, autora principal del estudio. “Se trata de la primera prueba que respalda lo que se sospechaba antes; que las empresas contaminantes y, en especial, las grandes empresas del carbono ahora se enfrentan al riesgo de litigios, además del riesgo de transición y físico”.

Los investigadores también descubrieron que los precios de las acciones cayeron aún más en reacción a los casos novedosos que involucraban una nueva forma de argumentación jurídica o que eran presentados en una nueva jurisdicción.

Por ejemplo, cuando el agricultor y guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya interpuso una demanda legal sin precedentes contra la empresa RWE en 2015, en la que solicitó una indemnización por el papel de la empresa como causante del cambio climático histórico que amenaza su hogar, el valor relativo del gigante energético alemán cayó un 6%. Volvió a caer un 1.3% en 2017, cuando un tribunal de apelación permitió que prosiguiera la demanda.

La organización neerlandesa Milieudefensie interpuso contra la empresa Shell otra demanda importante cuyo panorama era más complejo, en la que alegaba que la empresa tenía la obligación de reducir las emisiones de carbono de sus operaciones mundiales,
De hecho, el valor relativo de Shell subió un 1.9% cuando se interpuso la demanda en abril de 2019. No obstante, dos años después, cuando un tribunal de La Haya le ordenó a Shell que redujera sus emisiones globales de carbono en un 45% para finales del año 2030 con respecto a los niveles de 2019, su valor cayó un 3.8%. Shell está apelando la decisión, pero mientras tanto se supone que debe cumplirla.

Los investigadores hallaron repercusiones sistemáticamente mayores en los precios de las acciones de las empresas después de que se iniciara la demanda contra Shell, lo que “sugiere que los mercados de capitales están respondiendo cada vez más a los litigios climáticos”.

En los últimos años se ha registrado un aumento de los litigios climáticos emprendidos contra empresas de combustibles fósiles y otras industrias contaminantes, y muchos casos cuestionan la pasividad de las empresas ante la crisis climática y los intentos de difusión de desinformación, por lo que las empresas lo reconocen cada vez más como un riesgo.

La empresa BP, por ejemplo, ha sido objeto de numerosas demandas relacionadas con el cambio climático, incluidas aquellas que ciudades, estados y municipios de Estados Unidos han interpuesto contra la industria de los combustibles fósiles y que avanzan hacia la celebración de audiencias en tribunales estatales.

Según la información financiera de BP relacionada con el clima, publicada junto con su informe anual en abril, los cambios en la ley y la regulación, así como las actitudes sociales en constante evolución, podrían tener “repercusiones adversas” en su negocio, ya que aumentarían las probabilidades de que la empresa perdiera las demandas y la expondrían a mayores responsabilidades medioambientales y legales. Los procesos judiciales, advierte, “podrían disminuir nuestra liquidez financiera y nuestra calificación crediticia”.

Expertos jurídicos comentaron a The Guardian que esperaban que los litigios climáticos se convirtieran en un tema recurrente en las cuentas anuales a medida que las empresas se vean sometidas a normas de divulgación más estrictas.

Sato señaló que era demasiado pronto para determinar si los litigios estaban propiciando cambios importantes en la acción climática de las grandes empresas contaminantes, pero que las pruebas de que las demandas afectaban el precio de las acciones o las calificaciones crediticias podrían ayudar a influir en la conducta de las empresas.

Andrew Coburn, director ejecutivo de la empresa de riesgos climáticos Risilience, destacó que el mercado rara vez considera positiva la defensa ante una demanda importante, ya que los elevados gastos y el daño a la reputación provocan que las valoraciones a corto plazo se vean seriamente afectadas. “El análisis de Risilience sugiere que los daños podrían ascender al 5% o más de los ingresos de una empresa en el supuesto de un litigio climático”.

Coburn añadió que la creciente voluntad de los reguladores del Reino Unido y Europa de tomar medidas drásticas contra el lavado verde “pone de manifiesto los riesgos financieros adicionales a los que se exponen las empresas que no presentan planes de transición climática creíbles, ambiciosos y realistas, respaldados por información transparente”.