Activistas afirman que la revisión de 113 mil desaparecidos en México es una estratagema para reducir la cifra de cara a las elecciones presidenciales.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos protestan en Ciudad de México el 26 de abril de 2023. Foto: José Méndez/EPA
Cuando el gobierno mexicano anunció que revisaría el registro oficial de desaparecidos, lo presentó como un esfuerzo por eliminar las entradas falsas, sin embargo, ante la falta de transparencia sobre cómo se estaba llevando a cabo, los activistas sospecharon de que se trataba de una estratagema para reducir el número de cara a las elecciones de 2024.
El gobierno ha anunciado ahora que sólo ha podido confirmar 12 mil 377 de los más de 113 mil casos de personas desaparecidas.
Otros 16 mil 681 fueron localizados, vivos o mediante certificados de defunción, pero en aproximadamente dos tercios de los casos no había información suficiente para identificarlos o empezar a buscarlos, por lo que no estaba claro si seguían desaparecidos.
El registro se había politizado intensamente, ya que el creciente número de desaparecidos era un símbolo de la continua inseguridad en todo el país, mientras que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la cifra se estaba inflando para atacar al gobierno.
Pero los investigadores afirman que la fijación política en la cifra, que tan fácilmente podría ser una subestimación de la cifra real tanto como una sobreestimación, está fuera de lugar cuando el verdadero problema es la impunidad.
“Lo que necesitamos saber es cómo y por qué desaparecen las personas, y qué se está haciendo para encontrarlas”, afirmó Carlos Pérez Ricart, politólogo de Ciudad de México.
La violencia en México se disparó con el lanzamiento de la militarizada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, y se ha mantenido obstinadamente alta durante el mandato de López Obrador, popularmente conocido como AMLO, que comenzó en 2018.
Ese mismo año se creó la Comisión Nacional de Búsqueda a personas desaparecidas, que trabaja con las comisiones y fiscalías locales de cada estado y publica periódicamente en su registro el número de casos que se acumula.
AMLO prometió un cambio en la estrategia de seguridad, pero no ha logrado mejoras y el número cada vez mayor de desaparecidos, junto con el número de homicidios, que en 2022 superó los 30 mil por quinto año consecutivo, ha sido una línea de ataque frecuente contra su gobierno.
“Este sexenio ha sido el más violento de la historia”, dijo Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora, a principios de este mes. “En estos cinco años han desaparecido 47 mil personas. Esa es la verdad: son las cifras del propio gobierno”.
En junio, AMLO anunció un “censo” para revisar el total oficial de desapariciones, caso por caso.
Karla Quintana, quien dirigía la Comisión Nacional de Búsqueda desde 2019, renunció poco después de ese anuncio. “Su intención es muy clara y lamentable: reducir el número de desaparecidos, principalmente durante este gobierno”, dijo Quintana poco después.
Quintana fue sustituida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, que antes había sido directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
La oficina de derechos humanos de la ONU en México criticó el proceso por el que se nombró a Reyes, alegando falta de consulta, transparencia y escrutinio.
“Creo que la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo un apoyo importante del gobierno en los primeros años”, dijo Pérez Ricart. “Y ahora la impresión es que la comisión está al servicio del presidente”.
Se ha hecho pública poca información sobre la metodología con la que la comisión está actualizando el registro.
En un comunicado de esta semana, algunos colectivos de familiares de desaparecidos rechazaron la actualización, “porque sin transparencia están desapareciendo a los desaparecidos”.
“Los datos son un desastre. Esa es la realidad”, dijo Pérez Ricart. “(El registro) fue un esfuerzo importante, y creo que Karla Quintana fue una gran funcionaria que hizo todo lo que pudo. Pero estamos hablando de un proyecto que lamentablemente fracasó, y que ahora tiene muy poca legitimidad”.
Mientras tanto, el fenómeno subyacente de las desapariciones sigue siendo poco conocido.
“Varias preguntas importantes siguen en el aire”, escribió Jacobo Dayán, investigador y columnista. “¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están? ¿Quién es responsable de su desaparición? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué no se investiga?”
Y la violencia y la inseguridad en México no cesan.
“En lugar de intentar ganar puntos políticos cuestionando el número de desaparecidos, el presidente debería escuchar a las miles de familias que claman justicia y tomar medidas para abordar las causas sistémicas de esta catástrofe”, señaló Tyler Mattiace, investigador sobre México de Human Rights Watch.
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