Ser candidato en México es un peligro: en siete meses, 12 asesinados

Aquella mañana del 24 de febrero, Ignacio Sánchez Cordero llegó a la cafetería Eneida Café, a unas calles del palacio municipal de Puerto Morelos, en Quintana Roo. Mientras desayunaba con tres personas, un hombre entró al local y le disparó. Trasladaron al secretario de Desarrollo Municipal y aspirante a la alcaldía por la coalición Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Partido del Trabajo a una clínica, donde falleció minutos después. Fue un ataque directo: había recibido amenazas. Incluso, en alguna ocasión, solicitó protección a una agencia del Ministerio Público ante el temor de ser agredido cuando iniciaran las campañas políticas.

No fue el primero de este periodo electoral, en el que están en juego más de 21,000 cargos de elección popular. Del 7 de septiembre al 4 de marzo, 12 aspirantes y candidatos a alcaldías, diputaciones y regidurías han sido asesinados en el país: siete en Veracruz, tres en Guerrero, uno en Guanajuato y uno en Quintana Roo.

La tendencia indica que Sánchez Cordero no será el último. Tan sólo la tarde de ayer, Melquiades Vázquez Lucas, aspirante a la presidencia municipal de La Perla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue emboscado cuando viajaba en su camioneta en Veracruz. “Todos los partidos políticos corren el riesgo de sufrir este tipo de violencia política y se acentúa con la llegada de las elecciones“, describe María de Haas, especialista en Seguridad y Fuerzas Armadas.

Y lo peor está por venir, porque las agresiones se vuelven más frecuentes cuando inician las campañas, que este año arrancan el 4 de abril. “Los principales picos (de las agresiones contra candidatos) son en abril y mayo. Serán dos meses críticos, estaremos viendo la principal concentración de homicidios dolosos contra políticos“, afirma Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

Aunque en esta ocasión, el número de asesinatos podría ser menor que el registrado en el proceso electoral de 2017-2018 –recordado por ser uno de los más violentos: fueron asesinados 21 aspirantes–. Hay elementos para creerlo.

El primer elemento es que cambió el entorno donde los candidatos realizan la promoción del voto. “La pandemia limitó el trabajo a nivel de tierra, no pudieron hacer recorridos en las colonias ni en las unidades habitacionales por el tema del confinamiento“, describe Salazar.

El segundo es el incremento de las alianzas políticas en este proceso. “Hace tres años teníamos confrontados, por ejemplo, al PRI contra la alianza PAN, PRD y además contra Morena”, recuerda Salazar. “En este proceso, el PRI está aliado al PAN y al PRD, eso de alguna forma también genera acuerdos intentos entre estas fuerzas políticas que antes se disputaban el poder a nivel local y ahora están aliadas contra Morena”.

Y el tercer elemento es la duración del proceso: esta elección concluye el 6 de junio, un mes antes que la elección de 2018. Son 30 días menos de la violencia que afecta a candidatos y a funcionarios públicos en general.

Radiografía de los asesinatos

El análisis de las agresiones revela ciertos patrones. La mayor parte de los perpetradores de este tipo de asesinatos son integrantes del crimen organizado que atacan, sobre todo, a funcionarios públicos o aspirantes a cargos de elección popular a nivel municipal.

“Son los gobiernos municipales los que están más susceptibles a este tipo de incidentes”, describe Carlos Rubio, gerente de riesgo político en la consultora de asuntos públicos Integralia. Principalmente aquellos que son pequeños, rurales y tienen una población menor a 100,000 habitantes. “Son municipios marginados, alejados de las capitales y en los que hemos detectado mercados ilegales activos: tráfico de drogas, personas, animales en peligro de extinción, huachicoleo, extorsión, etcétera. Por tanto, hay grupos criminales que están interesados en hacerse con el control o mantener el control de esos mercados ilegales”. 

El crimen organizado siempre ha tratado de imponer su sello en las elecciones y el actual proceso electoral no es ajeno a esta dinámica. Para Ramón Celaya Gamboa, especialista en fuerzas armadas, justicia y derechos humanos, este esquema seguirá vigente en la medida en que el gobierno no establezca los mecanismos necesarios para frenar no sólo las agresiones contra los candidatos a un puesto de elección popular, sino la violencia en general en el país.

Sin embargo, las agresiones contra los aspirantes no necesariamente ocurren en las entidades que registran mayor incidencia delictiva. Hace tres años, el equipo de Etellekt realizó una serie de correlaciones para averiguar cuáles podrían ser las causas de esta violencia. Uno de los resultados arrojó que no había una correlación directa entre los estados en los que había un mayor número de homicidios por rivalidad entre grupos del narcotráfico con respecto a los políticos asesinados.

En esa revisión, la firma también encontró una relación entre la alta competencia política y los asesinatos. “Donde hay una menor diferencia en el margen de votos entre el primero y el segundo lugar a nivel municipal en elecciones para alcaldes, hay un mayor número de asesinatos y agresiones en contra de políticos“, asegura Salazar.

La impunidad, el tema por resolver

Son las 6:30 horas del 26 de junio de 2020. La camioneta de Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, avanza por la colonia Lomas de Chapultepec. Todo parece normal, pero la escena cambia en un segundo: hombres armados comienzan a dispararle. El funcionario recibe tres impactos de bala, tiene lesiones por esquirla y sobrevive. En cuestión de horas se supo que el ataque fue planeado por el Cartel Jalisco Nueva Generación y ya había 19 personas detenidas.

“Todo se dio muy rápido por el perfil, por la notoriedad de Harfuch, sin embargo, esto no ocurre a nivel municipal“, asegura Rubio. “Muchos de los políticos que son asesinados no son tan notorios, no tienen una personalidad pública tan destacada y esto ocasiona que no se lleven a cabo investigaciones contundentes e incentiva que se sigan llevando a cabo este tipo de incidentes, porque quienes los cometen saben que las probabilidades de que los castiguen son bajas”. 

De los 12 casos de aspirantes que han sido asesinados hasta hoy, no hay un solo detenido. En el caso de Ignacio Sánchez Cordero, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo sólo difundió el retrato hablado de una persona presuntamente involucrada en el homicidio.

“Uno de los principales problemas es que las investigaciones no arrojan ningún resultado, quedan en la impunidad“, enfatiza José del Tronco, profesor-investigador de Flacso México. “En la medida en que la impunidad aumenta, el costo de ejercer violencia contra candidatos disminuye y crece el incentivo porque no hay ningún castigo frente a esta situación”.

La organización Impunidad Cero indica, en su informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020, que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad. “La incompetencia de las fiscalías (estatales) es muy grande“, dice Celaya Gamboa.

Soluciones a un gran problema

Frente a la problemática, el gobierno mexicano presentó este 4 de marzo una estrategia de seguridad electoral. Entre las acciones que considera se encuentran la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación; establecer protocolos territoriales e integrar mesas de trabajo entre autoridades federales, locales y partidos políticos.

Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que elementos de la Guardia Nacional darían protección a los candidatos. “Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, apoyo a los candidatos. No en todo el país porque esto tampoco, afortunadamente, se padece en todo México, sino en algunas regiones”.

Para los especialistas, este tipo de medidas son poco profundas. “No sólo necesitamos estrategias reactivas, que al final del día sirven como parches dentro de un proceso electoral y que no funcionan ante el crecimiento, lo que se necesita es una estrategia proactiva, mediante un diálogo no solamente de autoridades sino también de integración de la sociedad civil”, sugiere Jorge Aljovin Navarro, especialista en derecho constitucional.

Tipificar como delito federal el atentado contra la vida de candidatos políticos y de funcionarios de gobierno, identificar cuáles son las zonas rojas donde los grupos criminales agreden a los candidatos y transformar de manera profunda el sistema de procuración de justicia son tres propuestas que, según los especialistas, ayudarían a disminuir los peligros a los que se enfrentan los candidatos en México.

“Vivimos en una democracia cada vez más cercenada, donde la libertad y la capacidad de ejercer derechos políticos está cada vez más limitada por grupos y poderes fácticos“, afirma Del Tronco. “Podemos quedarnos sólo con el dato de candidatos y precandidatos asesinados, pero pensemos en todos los otros que reciben el mismo tipo de amenazas y que, por diversas cuestiones deciden comprometerse, hacer acuerdos, llegar a un tipo de pacto justamente para evitar ser objeto de esta violencia”.