Exigen justicia por el asesinato del activista opositor a una hidroeléctrica en Oaxaca

El activista medioambiental y exagente municipal de Paso de la Reyna, Oaxaca, Jaime Jiménez Ruiz, fue asesinado a balazos el pasado domingo 28 de marzo. Asociaciones civiles piden justicia y protección para sus ciudadanos.

Jiménez formaba parte del movimiento por la defensa del Río Verde contra la construcción de una presa hidroeléctrica en la región. Con él ya son cinco las personas asesinadas en esa comunidad de 500 habitantes en los últimos tres meses.

Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dicte a la brevedad medidas cautelares para la agencia Paso de la Reyna, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, y a la Fiscalía General del Estado la inmediata actuación para abrir las carpetas de investigación correspondientes”, publicó la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa AC en su sitio web.

Al de Jiménez se suma el asesinato de Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del territorio, cometido el 23 de enero. Así como el de Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, el 14 y 15 de marzo. El colectivo asegura que estos casos siguen impunes.

“Paso de la Reyna, comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde, sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales de la partida violenta de cinco de sus ciudadanos en este año”, escribió en un comunicado.

Frente a la ola de violencia que sufre la comunidad, piden medidas cautelares de protección a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y a la Fiscalía General del Estado, que inicie las investigaciones de los asesinatos.

La falta de estas diligencias hasta la fecha es la causa de las cinco muertes, asegura el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. Por eso, responsabilizan a la DDHPO “por cualquier agresión suscitada en la comunidad, ya que hasta este momento no han implementado ninguna acción eficaz para disuadir posibles agresiones”. 

En 2019, México fue el cuarto país más mortífero para los defensores del medio ambiente, con 19 muertes, según la organización Global Witness, después de Colombia, Filipinas y Brasil.