Detenciones de candidatos, ¿la guerra sucia en las elecciones 2021?

La tarde del 7 de abril, Gregorio Gómez Martínez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán en Veracruz, fue detenido por policías ministeriales en su negocio de autopartes. Un juez le dictó prisión preventiva de un año por portación de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo y ultrajes a la autoridad. Cinco días después, la candidata del PRI a la alcaldía de Ciudad Juárez en Chihuahua, Adriana Fuentes Téllez, también fue detenida por agentes estatales. ¿El delito? Oponerse a la construcción de un carril confinado. Quedó libre bajo reservas de ley.

Rogelio Franco Castán, Luis Cobo Fernández, Diana Sánchez Barrios y al menos otros cuatro aspirantes a cargos de elección popular han sido detenidos durante el actual proceso electoral. Los motivos son varios: desde ultrajes a la autoridad e intento de soborno, hasta tentativa de feminicidio y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Para los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, los arrestos recientes y las detenciones contra candidatos de la coalición Va por México son persecuciones y violencia política por parte del gobierno federal. “Significan el más condenable uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición y demuestran que Morena sabe que perderán la mayoría en las próximas elecciones”, aseguraron en un comunicado conjunto.

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Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, coincide: en el actual proceso electoral se está haciendo uso político de los instrumentos de investigación y justicia. Pero no solo por parte del gobierno federal, también por parte de autoridades estatales que pertenecen a los partidos de oposición. “Me parece un poco contradictorio porque salen a acusar al gobierno federal, pero ellos también lo hacen en los estados, en los estados pasa exactamente lo mismo, ahí está el caso de Chihuahua”. 

La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, es investigada por presuntamente cobrar sobornos a proveedores mientras era alcaldesa de la capital. “El mismo gobernador del PAN (Javier Corral) acusó a la candidata y la fiscalía tiene abierto un proceso”, agrega Gustavo López Montiel, analista político e investigador del Tecnológico de Monterrey.

Los especialistas enfatizan en que si bien no es una situación generalizada contra todos los candidatos, bastan uno o dos casos para advertir que es también una forma de violencia política, que se suma a las amenazas y los homicidios que enfrentan los aspirantes a puestos de elección popular en el país. “Si cometieron delitos, que se les investigue está bien, pero que al menos no se haga esa promoción político-electoral, porque se viola el debido proceso de las víctimas y también se altera la equidad en esta contienda“, dice Salazar.

Desde su perspectiva, esta “guerra sucia” usada como herramienta de propaganda política es nociva para la estabilidad del proceso electoral. Genera ruido, incertidumbre e intimida. “Ya competir por un cargo público en este país implica jugarse la vida, la libertad y la reputación misma, porque a cualquiera lo pueden acusar de lo que se le pegue la gana”.

Aspirantes detenidos en el proceso electoral

Inician las investigaciones

No todo son detenciones. Anunciar que se investiga a los candidatos por ciertos delitos es otra forma de usar la procuración de justicia como propaganda política, según los analistas. De septiembre a la fecha, al menos nueve candidatos son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, violencia política y desvío de recursos, entre otros delitos, según informes de prensa.

“Es una forma de generar cierta presión y administrar el conflicto en ese sentido. Y de alguna manera, mucha gente sí tiene atrás malas acciones”, dice López Montiel. “No deberían usarla, sin duda no, pero también el que la usen es un reflejo de lo que ocurre en la política: muchos políticos y políticas de todos los partidos al final de cuentas sí tienen ‘cola’ que les pisen y por eso hay esa posibilidad de que se abran esas carpetas“.

Esta estrategia no es nueva, tiene historia. Los expertos identifican que se ha aplicado en el gobierno de Vicente Fox contra Andrés Manuel López Obrador, así como en el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “se hizo contra varios candidatos del PAN incluida Josefina Vázquez Mota cuando era candidata del Estado de México y el mismo Ricardo Anaya“.

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Y la advertencia es clara: vienen más. Mientras más se acerca el día de elección, más surgen acusaciones e investigaciones contra candidatos. “Lo que nos preocupa son estos otros casos que todavía no se han dado a conocer –prevé Salazar–. Hay muchos que ni siquiera se sabe de ellos, que todavía no los han manoseado porque están esperando el momento para destaparlos“.

Denuncias por corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico son las principales acusaciones detrás de estas investigaciones. Pero no todas se judicializan. El común denominados es que después de que pasa el proceso electoral, muchas de estas investigaciones que se abrieron se cierran con el argumento de que no hubo mayores indicios.

¿Cómo detener esta “guerra sucia”? Si bien la justicia no puede depender de los tiempos electorales, Salazar tiene una posible solución: aplicar una veda electoral como la que ocurre para la promoción de los logros de gobierno. “A futuro, por lo menos en el periodo de las campañas políticas, se debería al menos evitar que se publiciten (las investigaciones y las detenciones) de la manera en que lo hacen”, sugiere. “Y falta de que todos los partidos se sienten y hagan una tregua, porque de seguir así la verdad no sé qué más vaya a pasar y en qué pueda derivar esta situación. Son focos rojos que están abiertos y la autoridad ya tiene que ponerle un alto, porque esto va a estallar”.