¿Es anticonstitucional? ¿Cuál sería el impacto? Esto dicen los expertos de ampliar el mandato de Zaldívar en la SCJN

El Senado de la República aprobó ampliar el periodo de gestión del ministro presidente Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más. Estaría al frente de la Corte hasta 2024. Fue inesperado. El transitorio que planteaba la ampliación fue revelado en el último minuto de la sesión de votación.

La oposición calificó el movimiento como un golpe de Estado judicial. “Es jurídicamente aberrante y políticamente bastante complicada“, dice Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La-Lista consultó a cuatro expertos sobre las principales dudas en torno a esta propuesta de ampliación. Todos coinciden en que es anticonstitucional y debería frenarse. No hacerlo debilitaría la democracia, independencia y autonomía del Poder Judicial.

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¿Qué opina de la prolongación de mandato que el Senado aprobó para el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar?

Es jurídicamente aberrante y políticamente bastante complicada. Cualquier persona medianamente conocedora de cómo funciona el derecho sabe el nivel de desaseo jurídico que tuvieron ayer en la Cámara de Senadores, porque una ley secundaria en un transitorio, en un artículo que ni siquiera está propiamente en el cuerpo de las leyes que se reformaron, va en contra de la constitución federal.

¿Cómo leer que esta modificación se haya incorporado de último momento?

Se lee como algo tramposo, como algo burdo, como creer que la política está por encima del derecho, o por lo menos esta política embustera. También levanta suspicacias en torno a cuál es el interés, si lo que están diciendo es que Arturo Zaldívar pueda guiar este proceso de implementación de la reforma y demás por qué tiene que ser él y no, como lo exige la constitución y en cualquier democracia moderna, lo hace otra persona igual de capaz que está en la SCJN. Es una clara interferencia de los poderes legislativo y ejecutivo en esa autonomía y en esa independencia que tanto predica el ministro Arturo Zaldívar. 

¿Cuál sería el impacto en el Poder Judicial mexicano de que esto se llevara a cabo?

Es en términos democráticos sabemos que el Poder Judicial es el más opaco. Es el único poder que no tiene un respaldo en las urnas por razones históricas, pero además hablaría de una cierta subordinación, una manera de decir ‘a mí se me va a reformar por cercanía propiamente con el presidente López Obrador’. Al interior sí se han pronunciado muchos magistrados. Esto habla de un mensaje de debilidad, de saber que la lógica de esta administración es primar o darle relevancia que no al derecho. Va a quedar muy mermado, no va a tener legitimidad, por eso resulta muy importante que salga Arturo Zaldívar a pronunciarse, a decir que esto ni le beneficia a él ni es algo que él solicitó. Ahí sí mandaría un claro mensaje de que el Poder Judicial tiene legitimidad, independencia.

¿Cómo evalúa la gestión de Zaldívar?

Tiene luces y sombras. Ha sido un presidente de la Corte diferente, ha sido el primer presidente de la Corte que no viene de carrera judicial, que se ha enfocado mucho en materia comunicacional, que le tocó la renuncia de Eduardo Medina Mora, un presidente que le tocó una pandemia. Más allá de que nos guste o no su estilo hay que decir que están haciendo cosas muy importantes al interior del Poder Judicial, como puede ser trabajar en todos los temas propiamente de readscripciones, narcotráfico, han removido a varios jueces por enriquecimiento ilícito. Se están haciendo cosas cada vez más transparentes y en ese sentido mi balance es positivo. Por eso mismo, a mí sí me mancharía muchísimo su mandato si asume esta ampliación que es inconstitucional. Tiene que tener una salida muy digna de cuatro años.

¿Lo decidido por el Senado es una violación a la Constitución?

La respuesta es clara y contundente y es: sí. El artículo 97 de la Constitución dice de manera clarísima que cada cuatro años la Corte elige al presidente de entre los integrantes del pleno y esta es una reforma que toma el periodo de cuatro años que tiene el presidente Arturo Zaldívar y se amplía a seis. Eso es un ejemplo de primer año de estudiantes de Derecho de una clara violación a la constitución por parte de una norma o una ley secundaria. La contradicción es evidente y es un muy claro ejemplo de violación a la Constitución. 

La otra parte del artículo transitorio es igualmente inconstitucional, en este caso es el artículo 100 de la Constitución que dice, con toda claridad, que el periodo de cargo del resto de los consejeros y consejeras de la judicatura va a ser solo de cinco años y lo que se está tratando de hacer, a través de una norma secundaria que no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, es que esos periodos de cinco años se conviertan en periodos de siete. Esas son dos razones súper evidentes, cualquier persona que pueda leer la Constitución va a llegar a la misma conclusión y adicionalmente hay un montón de razones adicionales para concluir que esto es inconstitucional.

Falta que lo aprueben los diputados, pero ¿cree que pasará el dictamen?

En la Cámara de Diputados, Morena por sí mismo prácticamente controla todo el Congreso. Con sus aliados tiene las mayorías para hacer reformas constitucionales y tienen de sobra las mayorías necesarias para aprobar reformas legislativas. Y hoy en la mañanera el presidente dijo que él estaba de acuerdo con la reforma, que confiaba en el ministro presidente Arturo Zaldívar y que a él le gustaría que se quedara. ¿Cuántas veces la Cámara de Diputados ha frenado una iniciativa respaldada por el presidente de la República? Va a ser muy difícil que pensemos en un ejemplo.

¿Cómo evalúa el procedimiento? Porque si se aprueba y luego se impugna en el Congreso, será la misma SCJN la que resuelva el tema

Es una de las grandes paradojas de este asunto. La vía más natural y directa para impugnar esta ampliación de mandato, si es que se aprueba, es que por lo menos un tercio de los senadores o los diputados presente una acción de constitucionalidad. Esto es una impugnación que se va directo a la Corte y resuelve el pleno de la SCJN, ¿cuál es el gran problema? Que Arturo Zaldívar es el presidente de la Corte, forma parte del pleno y como juez constitucional le tocaría resolver esta impugnación. Zaldívar tendría un evidente conflicto de interés, sería juez y parte.

Si se aprueba y se impugna, el presidente Zaldívar tendría que excusarse de conocer, discutir y votar este asunto, pero el problema es que nos quedaríamos con un pleno de 10 integrantes nada más. Y lo que dice la ley reglamentaria es que para poder invalidar cualquier ley a través de una acción de constitucionalidad se necesitan, por lo menos, ocho votos. En circunstancias ordinarias, hasta tres ministros pueden votar por la validez y aún así se puede invalidar la ley. Si no está el presidente Zaldívar, basta con que tres ministros voten por su constitucionalidad para que el presidente Zaldívar y el resto de los integrantes del Consejo de la Judicatura se queden en el cargo más allá de lo que marca la constitución. Eso sería gravísimo.

¿Se justifica la idea de que por la pandemia se interrumpió el trabajo “transformador” que pretendía impulsar Zaldívar?

No, la Constitución es muy clara: dice cuatro años con pandemia y sin pandemia. Imagínate que la pandemia interrumpió la labor transformadora del presidente López Obrador y la cuarta transformación y entonces para que puedan consolidarla en 2024 no vamos a tener elecciones presidenciales, sino que las vamos a tener hasta 2027 o hasta 2030. Puede ser cierto que la pandemia les ha impedido hacer muchas cosas que les hubiera gustado, pero lo que no se vale es que después de que ya hubo votaciones con una reforma a una ley secundaria a un artículo transitorio nos digan que el presidente de la República se queda nueve o 12 años en el poder. Eso es abiertamente inconstitucional. 

¿Qué opina de la prolongación de mandato que el Senado aprobó para el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar?

Es una decisión originariamente inconstitucional y, tomando en cuenta las comunicaciones realizadas por el propio Poder Judicial de la Federación, se tomó sin tomar en consideración su opinión. Ello supone dada la trascendencia de una Ley Orgánica una falta elemental por parte del Senado.

¿Qué pronunciamiento se esperaría de Arturo Zaldívar?

La posición de autolimitación que se espera de los juzgadores, además de congruencia con los criterios que ha expresado el ministro presidente en asuntos con ciertas semejanzas. Sin embargo, puede suceder que para que exprese dicha posición podría estar esperando a una eventual conclusión del proceso legislativo.

Hasta ahora, ¿cómo evalúa la gestión del ministro presidente?

Ha sido una gestión que ha logrado avanzar en una reforma al Poder Judicial de la Federación que llevaba mucho tiempo postergándose. Asimismo se trata de una SCJN que busca establecer novedosos criterios de interpretación en aras de mejorar sus resultados. No obstante, la misma no ha estado exenta de polémicas, fenómeno previsible en una sociedad en la que cada vez se espera una mayor intervención de las juzgadoras y de los juzgadores para dirimir las controversias en su interior.

En la misma sesión se aprobó también extender el periodo para los consejeros de la Judicatura Federal, ¿cuál es su opinión al respecto?

De igual manera es impreciso, pues este tipo de decisiones abonan a la incertidumbre y puede desembocar en una afectación clara al orden constitucional. Parte fundamental de un Estado democrático y constitucional de Derecho es conocer con certeza la duración de los mandatos de las autoridades y, en ambos casos, para cualquier cambio en ella se requiere de una reforma constitucional que no ha sucedido y que, dado el supuesto, no tendría aplicación retroactiva.

¿Lo decidido por el Senado es una violación a la Constitución?

Lo decidido por el Senado respecto a establecer un artículo transitorio para ampliar el periodo del presidente del Consejo de la Judicatura, que a su vez es presidente de la Suprema Corte, no es en sí por el acto mismo una violación a la Constitución. Los legisladores pueden poner a consideración cualquier transitorio y votar en consecuencia. En el fondo, la intención es que a través de un transitorio de una ley se pretenda sobrepasar lo que determina con claridad el artículo 97 Constitucional.

Si los diputados validan ese transitorio, se habrá consumado que ese artículo en particular aprobado por el Congreso será evidentemente inconstitucional y susceptible de ser revisado por la corte a través de una acción de inconstitucionalidad. De llegar a darse el caso, evidentemente Arturo Zaldívar tendría que abstenerse de votar un tema que le involucra directamente, técnicamente se le denomina impedimento.

Falta que lo aprueben los diputados, pero ¿cree que pasará el dictamen?

Yo creo que será aprobado sin cambios por la mayoría de Morena y sus partidos aliados en la Cámara baja.

¿Puede el ministro presidente abstenerse de esta ampliación de plazo?

Al aprobarse por los diputados, creo que el presidente de la Corte tendría que pronunciarse sobre el tema, sin que esté obligado jurídicamente a hacerlo. Se convierte prácticamente en un tema de conciencia, ya que la función principal de la Suprema Corte y de sus ministros es erigirse como salvaguarda de la Constitución. Así lo protestaron al asumir el cargo.

De aprobarse como está, y si Zaldívar guarda silencio, estaremos ante un escenario inédito en la historia judicial de México. La acción de inconstitucionalidad sería presentada por los partidos de oposición y necesariamente analizada por la Corte para expulsar ese artículo que es claramente contrario a lo señalado por la Carta magna. Zaldívar tendría el deber ético de renunciar a esa ampliación determinada en el transitorio. 

¿Se justifica la idea de que por la pandemia se interrumpió el trabajo “transformador” que pretendía impulsar Zaldívar?

No hay justificación alguna, pese a la pandemia, para validar una aberración jurídica de tal naturaleza. Se pretende reformar un principio constitucional por medio de un artículo transitorio en una ley, un asunto de verdadero escándalo para el Estado de derecho y la más elemental lógica jurídica. 

Cabe recordar que el transitorio también amplía el plazo de los consejeros de la Judicatura Federal, afines a la 4T que ya fueron propuestos y avalados por el régimen. Un auténtico asalto del Ejecutivo en el principal órgano de administración del que dependen todos los jueces federales del país. 

A mí me queda claro que este transitorio no fue incluido, incorporado o propuesto desde el Poder Judicial Federal, al menos formalmente. Lo complicado del tema es que siempre surgirán las suspicacias, cuando él ha reconocido públicamente una relación de amistad con el presidente López Obrador y éste, a su vez, le ha dado reciprocidad.

Insisto, tomarlo o rechazarlo para Arturo Zaldívar se convierte en una decisión de la cual dependerá su estatura como presidente de la Corte y definirá para bien o para mal el juicio de la historia sobre su papel dentro del máximo tribunal. En política no existen las coincidencias, esa regla no escrita aplica también para esta situación.