El conflicto surgió luego de que José Luis Vargas, presidente del TEPJF, les solicitara dar a conocer el sentido de su voto antes de entrar a la discusión de asuntos.
El magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, en medio de una nueva polémica. Fotografía: @JL_VargasV en Twitter.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, fue acusado de atentar en contra de la autonomía e independencia con que cuentan las y los magistrados de ese órgano.
El pasado martes, el presidente del Tribunal pidió a magistradas y magistrados que ante la suspensión de las sesiones privadas, se debe dar a conocer, mediante formatos elaborados, el sentido de los votos en cada uno de los asuntos a tratarse de manera pública.
Como respuesta, a través de un documento dirigido a Vargas Valdez, cinco de los siete magistrados del TEPJF rechazaron la petición argumentando que “carece de todo fundamento legal y atenta contra nuestra independencia y autonomía”.
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Explicaron también que la pretensión formulada en el oficio puede inducir a incurrir en una responsabilidad, en tanto que se pide adelantar la emisión del voto antes de discutir los asuntos listados en la sesión pública de resolución.
Asimismo, consideraron que la advertencia emitida por la Presidencia del Tribunal de suspender las sesiones de pleno cuantas veces sea necesario, en caso de no contar con la información solicitada, “no solo denota que la SGA a su cargo está abdicando de su responsabilidad que le asigna el artículo 20 del Reglamento Interno, sino que puede entorpecer el buen desarrollo de la sesión pública de resolución”.
La solicitud enviada por Vargas Valdez no es atendible, ya que carece de sustento legal y anula por completo la posibilidad del debate y la deliberación de los asuntos que se presentan, explicaron.
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“La votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuestas y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”, se lee en la carta.
Dicho documento fue firmado por la magistrada Janine Otalora, y los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata.
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