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El IFT interpone controversia constitucional contra el padrón de telefonía móvil

El IFT argumentó que la medida viola su autonomía presupuestal y le impone acciones para las que no fue creado, como las disposiciones para la creación del padrón.

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Foto: Robin Worrall / Unsplash.

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpuso este miércoles una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

En un comunicado, el organismo detalló que el recurso va contra diversas disposiciones contenidas en el Decreto por el que se le ordena instalar, operar, regular y mantener el Panaut.

“El Congreso de la Unión al emitir el Decreto invadió la autonomía presupuestaria del IFT, así como sus facultades regulatorias y de garante de derechos humanos en su ámbito competencial, lo cual afecta su garantía institucional y autonomía, transgrediendo el principio de división de poderes”, refirió.

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El IFT señaló que no cuenta con los recursos para cumplir con la puesta en marcha del registro del Padrón con cargo a su presupuesto pues los recursos asignados para este 2021 ya están asignados a las funciones constitucionales de ese órgano.

“Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias”, alegó.

Además, reprochó que el Congreso afecte la esfera competencial del IFT, pues le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles; y lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón, en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el instituto.

La reforma, en vigor desde el 16 de abril, está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma “viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos”.

Esta medida causa polémica porque los concesionarios y el gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena han defendido el padrón con el argumento que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.

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